La Minga indígena arrancó este 12 de octubre desde el departamento del Cauca con la participación de más de 7000 indígenas, principalmente de la etnia Nasa, campesinos, así como representantes de las comunidades afrodescendientes que viven en este departamento. Sus principales reivindicaciones tienen que ver con el derecho a la vida dado que este es uno de los territorios más golpeados por la violencia. En lo que va del año 2020, se han perpetrado allí 9 masacres así como el asesinato de líderes y lideresas sociales como también excombatientes de las FARC-EP, en proceso de reinserción. Otra reivindicación es el cumplimiento de los acuerdos suscritos con los gobiernos de turno en los últimos veinte años en relación con dotación de tierras e inversión pública social en sus territorios. Exigen así mismo el cumplimiento de los acuerdos de Paz suscritos por el Estado con las hoy reintegradas FARC-EP.
Su exigencia más puntual consiste en que solicitan una reunión directa con el presidente de la República, Iván Duque Márquez, en la que esperan plantear sus reivindicaciones. Duque envió una Comisión que se reunió con representantes indígenas que no obstante señalaron que quieren una reunión directa con el presidente de la República y por eso decidieron continuar con su marcha hacia Bogotá a donde piensan llegar este lunes 19 de octubre. Como es ya usual en el desgobierno de Duque este se ha negado en ocasiones anteriores a un diálogo directo y hasta ahora se ha negado a recibirlos y dudo mucho que finalmente acceda a un dialogo directo con los representantes de la Minga indígena y popular.
Con su recorrido por cinco departamentos del país la Minga viene reactivando la movilización popular que pese a la pandemia se ha manifestado en jornadas de protesta en diversas regiones del país. Es la respuesta a un gobierno que no ha abierto las compuertas para un proceso de negociación exigido por las masivas movilizaciones de noviembre de 2019 y frente a las cuales Duque se negó a escuchar y menos a negociar. Como se recordará esas movilizaciones exigían el desmonte de políticas públicas neoliberales que han empobrecido a sectores muy amplios de la población como lo muestran las propias cifras gubernamentales. El Departamento Nacional de Estadísticas, DANE, publicó en esta semana el alarmante dato de profundización de la pobreza. Según este último informe el 35.7% del total de la población del país vive en pobreza monetaria, esto es, que reciben ingresos por debajo de 327 mil pesos mensuales, o sea 90 dólares, estos datos corresponden al año 2019 y ésta pobreza se ha extendido como consecuencia de la pandemia que ha dejado 8 millones de personas en desempleo, sin ingresos y sin auxilios estatales.
A esta crisis se ha sumado la ineficacia del gobierno en el manejo de la pandemia. Colombia es hoy el sexto país del mundo con mayor nivel de contagios con 930.159 enfermos confirmados y con 28.306 muertos a consecuencia del covid-19. A ello hay que sumar un subregistro del 26% en las muertes como lo demostró el DANE en su informe del mes de julio del presente año.
Las políticas públicas puesta en marcha para hacer frente a las consecuencias sociales de la pandemia han sido ineficientes e insuficientes. El propio ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, en entrevista en el diario El Tiempo señaló que solo se ha destinado en términos reales el 3.5% del Producto Interno Bruto, PIB, para la atención de la pandemia en tres frentes, principalmente ayudas sociales a través de programas como familias en acción con unos 2.6 millones de beneficiarios que han recibido unos 90 dólares por familia, el programa de adultos mayores que cubre a 1.7 millones de personas con un monto de 25 dólares mensuales, 300 mil jóvenes que han recibido unos 160 dólares mensuales y cerca de 3 millones de familias en el programa denominado ingreso solidario que reciben unos 40 dólares mensuales. A todas luces estos pírricos auxilios no cubren las necesidades básicas de éstas familias que cuentan en promedio con cinco personas en su núcleo familiar. (Hay que pagar la deuda, vamos a necesitar más impuestos. Alberto Carrasquilla. El Tiempo 12, 10, 2020).
La otra línea ha consistido en el auxilio a la nómina de las empresas que como lo ha mostrado el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana se ha concentrado en las más grandes empresas y también es insuficiente puesto que se auxilia a la nómina con el 40% del costo del salario mínimo y se ha excluido a las microempresas que son en buena cuanta las mayores generadoras de empleo.
La tercera línea que aún no se ha evaluado aunque los propios empresarios han criticado a la banca que es la encargada de administrar este programa, consiste en línea de crédito a las empresas en dónde el Estado a través del fondo público Fogafín garantiza hasta el 90% de dichos créditos en caso de quiebra y no pago de las empresas beneficiarias. Las propias Asociaciones de Empresarios han denunciado trabas y demoras de la banca privada que exige garantías por el 10% que arriesgan en cada crédito aprobado.
Estas son las tres líneas en las cuales según Carrasquilla se han invertido los 3.5% de recursos del PIB que son totalmente insuficientes ante la quiebra de cientos de miles de empresas y la profundización de la pobreza en amplios sectores de la sociedad. De modo que motivos para la protesta social no faltan y la Minga Indígena será recibida en Bogotá con un paro de los maestros y el día 21 con un Paro Nacional aprobado y convocado por el Comité Unitario del Paro Nacional en que concurren las centrales sindicales y diversas organizaciones sociales.
Toda esta reactivación de la movilización popular se da sin una respuesta del gobierno nacional. Uribe quien realmente gobierna a través de Duque lo único que ha dicho es que la protesta está inspirada en el socialismo que practicarían sus convocantes y que hay que reprimir a los manifestantes. En sus mansajes desde su puesta en libertad insiste en que el riesgo es que la protesta desemboque en un triunfo de la oposición a la que califica de castrochavista.
En esto tiene razón Uribe. La única salida ante la incompetencia de este gobierno es que la crisis social se transforme en crisis política y que los sectores de la oposición logren un proceso unitario que les permita construir una sólida alternativa política que triunfe en las elecciones presidenciales del año 2022. Todo está dado para que esto suceda, pero, la única condición para que ello ocurra es que se avance en un acuerdo político que garantice la unidad del centro izquierda y justamente esto es lo que aún no está garantizado. Este es el reto para salir de la crisis en que estamos.
* Pedro Santana Rodríguez, Director Revista Sur
