Las víctimas son los líderes sociales, los victimarios son las clases dominantes y el móvil de estos crímenes es el despojo; factores repetitivos que evidencian el plan sistemático de exterminio del régimen contra sus opositores, quien niega este Genocidio.
En el país continúa desbordada la violencia del régimen contra la sociedad, desde luego todo ocurre bajo un manto de silencio explícito del Estado, lo que denota un déficit estructural de la protección de los líderes sociales, las garantías para ejercer oposición al Gobierno, y desde luego la impunidad absoluta a los perpetradores.
Lideresas del Proceso de Comunidades Negras (PCN) afirman que “la lucha molesta a los empresarios, a los políticos que tienen intereses económicos específicos, a algunas entidades del Gobierno y usan diferentes estrategias para callarnos” [1].
El Gobierno protege a los de arriba
Los líderes sociales resisten la persecución y el Genocidio, además el régimen también hostiga su labor política y social con el abuso del derecho penal.
Amnistía Internacional (AI) en su Informe “¿Por qué nos quieren matar?”, concluye que Colombia sigue siendo el país más letal para los defensores de los Derechos Humanos (DDHH) [2], esto coincide complemente con la organización Global Witness y el Relator Especial de las Naciones Unidas Michel Forst, que en noviembre de 2019 aseveró lo mismo.
AI concluye que a pesar que el Presidente ha dicho que durante su Gobierno los asesinatos de líderes sociales han disminuido, mientras que las evidencias demuestran que el asesinato de líderes sociales y defensores de DDHH sigue creciendo de manera alarmante.
Los investigadores de AI afirman que “Colombia durante décadas ha presentado un patrón de violencia contra las personas defensoras, y es uno de los países que más Protocolos ha firmado con los que se deberían brindar garantías y protección a las comunidades, sin embargo, el actual Gobierno carece de voluntad política para implementarlos” [3].
Mismas víctimas, mismos victimarios, mismos móviles criminales
Juan Luis Guzmán, defensor de los derechos de la comunidad LGBTIQ en Arboletes, Antioquia, el 26 de julio fue detenido por una patrulla de la Policía y trasladado al Cuartel policial donde lo remataron; el dictamen del Instituto de Medicina Legal confirmó que fue asesinado con fuertes golpes y estrangulamiento.
Plutarco Cardozo de 46 años, ex combatiente adscrito al Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) Jaime Pardo Leal de Las Colinas en San José del Guaviare; el 12 de octubre a 300 metros del ETCR y cerca a puestos permanentes del Ejército y la Policía, fue encontrado sin vida con impactos de arma de fuego.
Fredy Güetio de 51 años, ex Gobernador indígena y su esposa Reina Mera, fueron asesinados el 12 de octubre en el Resguardo Indígena de Cerro Tijeras en la vereda Agua Clara de Suárez, Cauca.
Edith Johana Barbosa Becerra de 40 años, fue asesinada el 13 de octubre en Tibú, era lideresa del corregimiento La Gabarra, donde deja 7 hijos. Desde febrero de 2019 era víctima de un falso positivo judicial.
Mary Luz Pérez de 48 años, era integrante del proyecto Mujeres Siembra de El Bagre, Antioquia, fue asesinada el 13 de octubre en el barrio Progreso.
Nelson Ramos Barrera era integrante de la Asociación Municipal de Trabajadores Campesinos de Piamonte Cauca (Asimtracampic) filial de Fensuagro, fue asesinado el 13 de octubre en el corregimiento de Yapurá de Piamonte, Cauca.
Erlin Forastero Undagama de 30 años, era Gobernador y docente indígena del pueblo Embera, en la Comunidad Tierra Alta del río Pichindé en el Alto Baudó, Chocó, fue asesinado por narco paramilitares del Clan del Golfo el 15 de octubre en el casco urbano de Pie de Pató.
Deimer Alberlo Lucas Mora de 16 años, era hijo del Gobernador Indígena Mayor Senú de la comunidad Luis Cano en El Bagre, Antioquia, fue asesinado el 15 de octubre.
Juan de Jesús Monroy Ayala 46 años, ex combatiente que lideraba el proceso de reincorporación en el departamento del Meta, hace dos meses había denunciado amenazas de muerte, fue asesinado el 16 de octubre junto a su escolta el ex combatiente Jeferson Mandela de la Unidad de Nacional de Protección (UNP), en la vereda El Planchón de La Uribe, Meta.
Luis Fernando Arias, Consejero Mayor de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) denunció que el 16 de octubre, luego de su visita a los Montes de María, junto a los dirigentes de la región Caribe Saúl Carrillo, Eder Espitia, Ferney Hernández, Juan Campos y Arelis Uriana, fueron declarados objetivo militar por los grupos narco paramilitares que controlan esa zona.
Jhon Jairo Guzmán Pulgarín, era Vicepresidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda El Tesorito, fue asesinado el 17 de octubre cerca al corregimiento Barro Blanco de Tarazá, Antioquia.
Luis Alberto González, Presidente de la Junta de Acción Comunal de Las Parrillas, desde 2018 viene siendo víctima de amenazas de muerte debido a las denuncias que ha realizado sobre la contaminación de la Ciénaga San Silvestre por parte de la Refinería de Barrancabermeja, Santander; el 16 de octubre fue objeto de un atentado contra su vida cuando transitaba por Pénjamo en el corregimiento El Llanito.
[1] Danelly Estupiñán y su lucha por Buenaventura. Hecho en Cali, 19-07-2019.
[2] Informe Amnistía Internacional: ¿por qué nos quieren matar? Amnistía Internacional, 12-10-2020.
[3] Las razones de Amnistía para decir que Colombia es el peor país para los derechos humanos. W Radio, 12-10-2020.
eln-voces.net/por-que-la-lucha-social-fastidia-tanto-a-los-empresarios/
