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Este jueves 27 de agosto fueron asesinados tres jóvenes en el municipio de Andes, Suroeste antioqueño. El hecho se suma a las más de 10 masacres, y más de 800 homicidios, ocurridos en lo que va del año, en el departamento de Antioquia.
Según el informe Masacres en Colombia durante el 2020, del Observatorio de Conflictos, Paz y Derechos Humanos, de Indepaz, hasta el 25 de agosto se habían perpetrado en el país un total de 46 masacres, siendo Antioquia el departamento líder, con más de 10 casos hasta el momento.
Según datos preliminares de Medicina Legal, entre enero y junio del 2020 han sido asesinadas en Antioquia un total de 818 personas. Si bien estas cifras registran una disminución de por lo menos el 20%, con respecto al mismo periodo del año anterior, la subregión del Suroeste antioqueño, donde se registró la más reciente masacre, ha tenido un incremento del 30% en los homicidios.
Leer más: Colombia. Masacres en Antioquia: un territorio manchado de sangre
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Saltándose al parecer al Congreso y los magistrados, el ministro de Defensa Carlos Holmes anunció el regreso del Comando Sur para atacar al narcotráfico
A mediados de julio pasado, los congresistas de la oposición habían logrado frenar las labores de las tropas gringas en el país con una tutela ante el Tribunal de Cundinamarca, pero el fallo fue impugnado por el expresidente Álvaro Uribe y el Consejo de Estado tiene la última palabra. A pesar de esto, el ministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo anunció que ya tiene en sus manos la autorización del Congreso – firmada por el expresidente del Senado Lidio García -para que las tropas gringas pudieran actuar en Colombia. Sin embargo, parece que esta sería falsa.
Leer más: La «jugadita» de Gobierno para meter tropas gringas en Colombia
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Ante las reiteradas peticiones de más de 120 comunidades al Gobierno, exigiendo garantías en los territorios y en relación con la petición de cese al fuego y el amparo de sus derechos fundamentales a la salud, la vida y la paz, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca resolvió que en un plazo de cinco días el presidente Iván Duque dé respuestas de fondo a dichas comunidades.
Orlando Castillo, coordinador del Espacio Humanitario Puente Nayero en Buenaventura explica que esta petición se venía haciendo desde el mes de marzo a través de once cartas y peticiones radicadas exigiendo al Gobierno la garantía del derecho a la «paz, vida y salud de las comunidades».
Dicha petición remitida por la Comisión de Justicia y Paz, incluía una petición a las Fuerzas Militares, que han apoyado la erradicación forzada en los territorios el suspender sus operaciones y decretar un cese al fuego por 90 días junto al ELN y así acojan el
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Ante la decisión del Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, de no avanzar en el proceso de renovación del mandato de su Secretario Ejecutivo, Paulo Abrão, elegido en 2016; la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha expresado su rechazo ante lo que consideran un golpe a la autonomía de una institución que durante más de 60 años ha promovido la veeduría y la defensa de los derechos humanos en la región.
Aunque la Comisión Interamericana decidió por unanimidad renovar el mandato a su Secretario Ejecutivo para el periodo 2020-2024 en enero de 2020, el pasado 15 de agosto el Secretario General de la OEA comunicó a la CIDH, sin consulta previa, su determinación unilateral de abstenerse “de avanzar en el proceso de nombramiento del Secretario Ejecutivo”, hecho que a los ojos de la Comisión «constituye un franco desconocimiento de su independencia y autonomía».
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Tres movilizaciones: la Marcha por la Dignidad, la Ruta Comunera y la Ruta Libertadora recorrieron el país en plena pandemia. Las y los caminantes estaban determinados a evidenciar los diferentes flagelos de los territorios más afectados por la crisis sistémica que se vive hoy en Colombia. También pudieron recoger testimonios de las problemáticas sociales, ambientales y del conflicto que desde antes de la Covid-19 existían pero que con la llegada de esta enfermedad al mundo se han agudizado.
Mientras la Marcha por la Dignidad (con más de 25 personas) recorría carreteras montañosas del Departamento del Cauca, se anunciaba trágicamente el balance del vil asesinato sistemático de cuatro líderes y lideresas sociales en menos de 24 horas en esa misma región. Llevaban tres días de haber iniciado recorrido cuando supieron de estas noticias. Más tarde supieron que se había callado para siempre la voz de ocho líderes y lideresas comunitarias del Cauca, Chocó, Meta, Norte de Santander y Bolívar. Sin embargo, la Marcha continuaba.
