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 Jaime Granados, el abogado del expresidente Álvaro Uribe, «el Matarife», hizo pública la petición a la Corte Suprema de Justicia para que el caso de su defendido, el también ex senador, pase a la justicia ordinaria y por tanto la investigación la continúe el fiscal Francisco Barbosa. Hace dos años cuando el alto tribunal le abrió indagatoria como congresista recién electo del ultraderechista Centro Democrático, Uribe trinó diciendo todo lo contrario: que no tenía intensiones de que la Fiscalía asumiera su caso. https://twitter.com/AlvaroUribeVel/status/1022139643763019778?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1022139643763019778%7Ctwgr%5E&ref_url=https%3A%2F%2Fkaosenlared.net%2Fcolombia-la-defensa-de-uribe-velez-pretende-que-el-caso-pase-a-la-fiscalia%2F

 

Con la renuncia de Álvaro Uribe Vélez al senado de la República se abre el debate sobre la instancia jurídica que debe continuar el proceso penal que hoy tiene al expresidente en arresto domiciliario.

Un nuevo capítulo se abre en la noticia política del año. Atendiendo a su defensa jurídica, el expresidente Álvaro Uribe Vélez tomó la decisión de renunciar a su curul en el Senado de la República.

La determinación genera consecuencias. El principal debate jurídico que se abre es sobre la instancia que debe continuar el proceso penal en el caso que hoy lo tiene a él, como al abogado Cadena, en prisión domiciliaria.

Para la defensa del exmandatario el caso debe pasar a la Fiscalía General de la Nación, mientras que para la víctima Iván Cepeda y su equipo jurídico el caso sigue siendo

 

Luego de las denuncias de la comunidad de Corinto, Cauca, sobre el accionar del Ejercito, que habría provocado la muerte del comunicador indígena Abelardo Liz ; la Fundación para la Libertad de Prensa –FLIP– documentó junto a este hecho, una serie de ataques de los que ha sido blanco la prensa por parte de la Fuerza Pública.

Según la FLIP el asesinato de Abelardo Liz es la violación a la libertad de prensa más grave que registrada en el 2020. No obstante, la Fundación ha documentado otros casos durante el año en los que también estarían vinculados miembros de las Fuerzas Armadas; como el ocurrido el pasado 4 de junio en el que Fernando Osorio perdió tres dedos de su mano derecha luego de recibir disparos por parte de miembros del Ejército Nacional en Guayabero, Meta.

 

El canciller de la República Jorge Arreaza denunció que el gobierno de Colombia, liderado por Ivan Duque, continua con la mentira tendenciosa contra Venezuela y el presidente de la República, Nicolas Maduro. «Son una fabrica de fake news. Un gobierno experto en falsos positivos en todas sus modalidades», aseguró.

Tal aseveración la realizó el canciller en respuesta a una información difundida por la cuenta oficial de Twitter de Migración Colombia, @MigracionCol, que aseguraron que Venezuela restringió el acceso a los connacionales por el Puente Internacional «Simón Bolívar», al Norte de Santanderm que regresan desde el país hermano.

«¿Que más puede esperarse del gobierno de #Colombia? Siempre la mentira tendenciosa. Son una fábrica de #FakeNews. Un gobierno experto en falsos positivos en todas sus modalidades. En Venezuela recibimos a nuestr@s compatriotas con los más rigurosos protocolos de bioseguridad», escribió Arreaza en su cuenta Twitter.

 La justicia colombiana rechazó este miércoles el hábeas corpus solicitado por la defensa del expresidente Álvaro Uribe (2002-2010), quien cumple arresto domiciliario por supuesta manipulación de testigos.
El diario local El Tiempo divulgó que esta es apenas una de las 264 acciones a favor del ahora exsenador Uribe, presentadas también por miembros del gobernante Centro Democrático (derecha).
El fundador del partido político en el poder renunció la víspera a su curul como senador como una maniobra para que su caso pase de la Corte Suprema de Justicia a un tribunal inferior, según la publicación, reseña Prensa Latina en su sitio web.
Con más de 50 procesos penales en su contra, Uribe cumple arresto domiciliario desde el pasado 4 de agosto en un caso por supuesta manipulación de testigos y fraude procesal.
Los testigos supuestamente sobornados acusarían a opositores y encubrirían la participación de Uribe en la creación y accionar de grupos paramilitares.