Tres movilizaciones: la Marcha por la Dignidad, la Ruta Comunera y la Ruta Libertadora recorrieron el país en plena pandemia. Las y los caminantes estaban determinados a evidenciar los diferentes flagelos de los territorios más afectados por la crisis sistémica que se vive hoy en Colombia. También pudieron recoger testimonios de las problemáticas sociales, ambientales y del conflicto que desde antes de la Covid-19 existían pero que con la llegada de esta enfermedad al mundo se han agudizado.
Mientras la Marcha por la Dignidad (con más de 25 personas) recorría carreteras montañosas del Departamento del Cauca, se anunciaba trágicamente el balance del vil asesinato sistemático de cuatro líderes y lideresas sociales en menos de 24 horas en esa misma región. Llevaban tres días de haber iniciado recorrido cuando supieron de estas noticias. Más tarde supieron que se había callado para siempre la voz de ocho líderes y lideresas comunitarias del Cauca, Chocó, Meta, Norte de Santander y Bolívar. Sin embargo, la Marcha continuaba.
“Quienes caminan son líderes y lideresas sociales, defensores y defensoras de derechos humanos, humanistas y luchadores sociales que marcharán por la dignidad de todos y todas, y animarán a las autoridades territoriales, guardias indígenas, reclamantes de tierra, ambientalistas a seguir luchando por la paz territorial, participativa y transformadora. Un debate amplio y abierto al país donde podamos romper el silencio impuesto por una historia de terror”, rezaba el boletín difundido el 26 de junio, donde también decían que el recorrido incluyó el diálogo con las personas de los 22 municipios sobre la manera nefasta en que se ha gobernado el país y empeorado durante el decreto de emergencia social y humanitaria.
El 10 de julio llegaron a Bogotá después de 590 kilómetros (desde Popayán, Cauca) difundiendo su mensaje de paz y denuncias contra el actual Gobierno de Iván Duque. Además, exigieron acciones urgentes frente al genocidio de líderes, lideresas sociales y excombatientes en el país; protestar contra el alarmante incremento de violencias de género y contra la comunidad LGBTI durante la cuarentena; así como pidieron garantías para el acceso gratuito a la educación de universidad pública durante la emergencia sanitaria.
Mientras la Marcha por la Dignidad del Suroccidente hacía hito en las luchas y resistencias sociales y políticas del país, más de sesenta personas alistaban sus maletas y banderas para continuar el recorrido por diferentes regiones del país.
La Ruta Comunera
“Comunera” fue el apellido que se le dio a esta movilización como un homenaje a la rebelión que en marzo de 1781 realizaron los habitantes del Municipio Socorro (Santander) contra el Virreinato de Nueva Granada. Este hecho histórico inició lo que se conoce como nacionalmente como “La rebelión de los comuneros”. En aquel siglo XVIII, los comuneros caminaron hacia Zipaquirá (Cundinamarca) para exigir medidas más justas para el pueblo. En este siglo XXI, cerca de 20 personas también caminaron hacia Bogotá casi que en el mismo contexto de denuncia, pues consideraron que quien gobierna lo hace únicamente para beneficiar a un grupo de privilegiados.
“Esta crisis se profundiza en la actual pandemia. El Gobierno aprovecha el Estado de Emergencia económica y sanitaria para implementar el paquetazo neoliberal. Ha entregado billones de pesos a los bancos, ha despilfarrado y propiciado la corrupción con la plata de la emergencia, ha usado sin claridad recursos públicos que se necesitan en los territorios”, aseguran las y los voceros.
Por razones como las anteriores, Aura Santos, de la movimiento político y social Congreso de los Pueblos, marchó por la Ruta Comunera a pesar del miedo latente al contagio de la Covid-19. Ella asegura Aura que hay un miedo más grande y es el que ha sido impuesto en Colombia durante tantos años. Este se ve en los rostros de quienes habitan esos contextos de violencia.
En Barrancabermeja, de los municipios de Santander rodeado por el Río Magdalena, se dieron cita los y las marchantes de la Ruta Comunera. Algunos viajaron desde otros lugares del territorio nacional para iniciar la extensa caminata que recogía el ejemplo de la del Cauca.
Desde esas tierras calientes, también pudo hablarse de las problemáticas que los y las trabajadoras de la industria petrolera en el país están viviendo. Las condiciones en que la principal empresa petrolera de Colombia, Ecopetrol, y el Gobierno han manejado la situación de esa industria no ha sido positiva para los y las trabajadoras. Las medidas tomadas han puesto en riesgo los derechos de patrimonio público y laboral. Ejemplo de ello es el Decreto 811 del 4 de junio del 2020, donde el Gobierno plantea vender activos del Estado sin un adecuado control público y político. Por esto, el 25 de junio la Unión Sindical Obrera -USO- inició una protesta con dos trabajadores encadenados frente a las instalaciones de Ecopetrol en Bogotá.
La decisión del Gobierno de plantear la posibilidad de vender activos patrimoniales no es nueva. Desde el 2012 ha habido una puja entre diferentes sectores de la sociedad para decidir esto. Sin embargo, debido al alto gasto de rubros destinados para atender la crisis de salud por la pandemia, es posible que haya una reforma fiscal para el 2021 y 2022. En este sentido, el Gobierno ultraderechista de Iván Duque propone subir los impuestos, reducir gastos públicos y vender activos patrimoniales.
Esta situación se sumó a las que indicaron los marchantes por la dignidad e hicieron que las banderas USO ondearan las carreteras del Departamento Santander en unción con otros espacios como los Escudos Azules, el Congreso de los Pueblos, el Congreso Nacional Agrario y las Asociaciones de Familias Agroalimentarias y partieran hacia Bogotá.
Entre el 13 y el 20 de julio (Día de la Independencia de Colombia), los y las caminantes de la Ruta Comunera estuvieron constantemente hostigados por la fuerza pública. El primer día en que iniciaron la acción de protesta fueron detenidos por la Policía, les tomaron fotografías y retuvieron documentos de identidad sin justificación. Además, detuvieron el bus con el que los marchantes pretendían movilizarse. Este vehículo tuvo que suspender su recorrido debido a un comparendo y así, los y las caminantes quedaron a la intemperie por las carreteras y sin garantías de descanso y seguridad.
“Fue totalmente injustificable el actuar de la Fuerza Pública ya que anteriormente se había comunicado cuáles iban a ser los trayectos y las paradas al Presidente Duque, a la ministra de Interior y a la distintas instituciones. Aun así la Fuerza Pública ignoró completamente el ejercicio que se hacía durante la marcha”, expresa Aura Santos.
Sin embargo, la ruta continuó avanzando hasta llegar a Bucaramanga. Allí interpusieron sus respectivas denuncias y llegaron a acuerdos con las instituciones públicas de Santander. Estos, nuevamente, serían incumplidos. El 15 de julio retomaron sus caminos hasta Tunja (Boyacá) donde se encontraron con la Ruta Libertadora.
En el Municipio El Socorro (Santander) se encontraron con quienes llevan años luchando por el derecho al agua potable. Solo hace 10 meses el municipio pudo contar con un acueducto (tras 6 años de obras retrasadas) y son ahora 9.600 usuarios de la empresa de Agua del Socorro los que cada año padecen las declaratorias oficiales de la calamidad pública.
El municipio de San Gil padece similar problemática frente a las aguas residuales. No cuenta con una planta de tratamiento y se vierten en el Río Fonce, una de las principales fuentes hídricas de la Provincia Guane. En febrero de 2020, las y los ciudadanos buscaron que este Río se considere como Sujeto de Derechos para así obligar a las entidades a protegerlo de la contaminación y promover su cuidado.
Según aseguraron las y los habitantes de las regiones por donde transitó la Ruta Comunera, también existen otras vulneraciones de sus derechos a nivel social y político como la corrupción municipal y la presencia de grupos al margen de la ley en el territorio.
La Ruta Libertadora
Al igual que la Ruta Comunera, esta también se propuso evidenciar la crisis social y humanitaria que se ha agudizado a raíz del contexto de la pandemia. Y esto se sumó a las exigencias recogidas por la movilización social del Paro del 21N que se posicionaron en las agendas nacionales.
“Durante el recorrido fuimos viendo el abandono estatal en el que se encuentran las comunidades, esto se refleja en el deterioro de las vías, los puestos de salud y las escuelas. Y la falta de apoyo al campesinado para la producción y comercialización de sus productos. También vimos el temor producto de las amenazas que ejercen megaproyectos extractivistas minero-energéticos, de infraestructura y otros sobre sus territorios; las consecuencias de la delimitación de los páramos que no consulta las necesidades de campesinos e indígenas”, cuenta Sonia Milena López, quien acompañó la Ruta Libertadora. Agregó que pudieron observar una fuerte militarización en las de comunidades.
Sonia Milena López, lideresa social y defensora de DD.HH en Arauca, recorrió con esta Ruta Libertadora los territorios de Saravena, Fortul, Tame, Sácama, Duitama y Boyacá.
“Durante años he visto caer a varios de mis compañeros. Unos bajo las balas de las fuerzas estatales y paraestatales, otros por parte de la insurgencia. Algunos amenazados y desplazados. Muchos han ido a las cárceles del país bajo montajes judiciales de la Fiscalía, la Fuerza Pública y las empresas petroleras. Pero siempre ha habido quienes han levantado las banderas de lucha que por una u otra razón los compañeros y compañeras han dejado”, comenta López.
Y es que precisamente Arauca ha sido un territorio que ha vivido las caras más duras del conflicto armado en el país. Es una zona que resulta bastante estratégica por ser frontera con Venezuela y limitar con Casanare, Vichada y Meta, departamentos que también tienen una fuerte presencia de grupos armados.
Los contextos de guerra hoy continúan. El pasado mes de julio, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz -Indepaz- publicó un informe estadístico y demográfico sobre las agresiones a líderes y lideresas sociales, defensores de DD.HH. y excombatientes de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia desde el 2016 hasta el primer semestre del 2020. El Departamento de Arauca se posiciona en el lugar 11 de todo el país.
“Vimos la indignación que produce la judicialización de los líderes, lideresas y miembros de las comunidades que estigmatizados de pertenecer o colaborar con las organizaciones rebeldes son puestos en la palestra pública como delincuentes o terroristas y encerrados en las cárceles del país. Vimos la fuerte militarización de los territorios y de la vida cotidiana de las comunidades”, afirma Sonia López.
Marchar para resistir
El 19 de julio, la Ruta Comunera y la Ruta Libertadora celebraron simbólicamente su encuentro en el Puente de Boyacá, luego de haber caminado juntos desde Tunja el día anterior, lugar donde hace 201 años atrás ocurrió la victoria de los independentistas sobre las tropas de la realeza española. A puertas de la celebración que se realiza cada 20 de julio por el Día de la Independencia, reflexionaron sobre la coyuntura del país en guerra y sobre el empeoramiento de las condiciones de los sectores populares.
Si en algo coinciden los y las caminantes es que defender la vida es primero y para eso es necesario dialogar con los territorios. A pesar de la pandemia, decidieron organizarse con todos los protocolos de bioseguridad y salir.
“El tapabocas no me para la boca” fue la consigna con la que se recibió a la Marcha por la Dignidad en Bogotá. Una movilización que se convocó desde distintos sectores sociales, tenía como punto de partida el Monumento de Héroes en el Norte de la capital. Desde allí partieron hacia la Calle 100, donde se reunirían con los caminantes.
Sin percance alguno más que el fuerte operativo policial que amenazaba constantemente con disolver la movilización, se juntaron ambas movilizaciones para volver al punto inicial. La marcha, altamente nutrida, realizó un performance que simbolizó el asesinato sistemático de líderes sociales con arengas que repetían al unísono las exigencias más urgentes de la capital: un alto a los feminicidios, matrícula cero, parar con el genocidio, trabajo y vivienda digna.
Los trabajadores de la USO denunciaron la venta de CENIT -filial de Ecopetrol-, la Asociación Altos de la Estancia pudo alzar su exigencia por una vivienda digna y los estudiantes de universidades públicas abogaron por poder seguir estudiando en medio de las difíciles condiciones económicas actuales.
La madre de Dylan Cruz, joven asesinado por el Escuadrón Móvil Antidisturbios -Esmad- en las movilizaciones del 21N, tomó la palabra. Denunció el Crimen de Estado cometido contra su hijo en el marco del Paro Nacional. Resaltó lo estancado que se encuentra el proceso y la falta de justicia en el caso.
Fue una gran acción de protesta en medio de una pandemia que evidencia cada vez más las contradicciones de clase, ahonda las problemáticas sociales y reafirma lo necesario de la movilización social. Ahora queda fortalecer la creación de formas amplias de participación desde abajo y los procesos contrahegemónicos en todos los rincones del país.
CI AO y JJ/PC/27/08/2020/14:30
