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Trasteos Barbosa 

Decenas de fiscales que llevan casos que afectan a personajes poderosos o intereses del gobierno Duque han sido trasladados por orden del fiscal general. ¿Casualidad o represalia? 'Cambio' investiga lo que está pasando en el ente acusador.

El súbito traslado de una fiscal de Bogotá al Putumayo después de citar a imputación a tres miembros de la familia Ríos Velilla, despertó una controversia sobre las políticas que viene aplicando el fiscal general Francisco Barbosa. Aunque el traslado/castigo ha llamado la atención por el presunto tráfico de influencias y la jerarquía de los involucrados, no es un caso aislado. De acuerdo con versiones de funcionarios de la Fiscalía, este tipo de decisiones administrativas, con sabor a retaliación, se han convertido en un modus operandi durante la administración Barbosa, para hacerle sentir su poder a quien no obedezca al jefe o incluso para evitar decisiones que toquen intereses políticos y corporativos de personajes influyentes. 

En Cambio | Cambio Colombia 

Habría servido para que los delegados de la Registraduría reportaran en tiempo real las novedades desde cada puesto de votación, pero los desarrolladores no tuvieron tiempo de subirla a las tiendas de aplicaciones.

Una aplicación móvil que iba a ser utilizada por los 11.300 delegados de la Registraduría para reportar, en tiempo real, las novedades que se presentaran en cada puesto de votación, durante las elecciones del pasado 13 de marzo, nunca funcionó. De eso se percataron los observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA). Un ingeniero de sistemas de la Registraduría reconoció que los desarrolladores no habían alcanzado a subirla a las principales tiendas de aplicaciones: Google Play y Apple Store. A los delegados no les quedó más remedio que reportar las novedades de la manera tradicional, es decir, llenando formularios a mano para transmitirlas por teléfono. Lo grave del asunto es que por esa aplicación la Registraduría pagó 3.300 millones de pesos.

 

Conocidos con más detalle los engorrosos trámites de reporte de las votaciones en las mesas, con formularios que deben ser llenados por triplicado, surge entre algunos ciudadanos la inquietud acerca del porqué no se usan sistemas de cómputo para esto, sabiendo que ya existe la suficiente tecnología para esto.

Baste un ejemplo, usted va al supermercado y con un lector de código de barras, le van sumando hasta obtener un total de cobro y con esta información, las multinacionales, saben cuándo y cuánto compró, cuáles son sus preferencias y muchas cosas más; aunque en las elecciones se manejan más datos y no es tan simple, sí es posible tener programas que faciliten la labor.

La charla de los ciudadanos en mención, se cierra en que los programas se prestan para el fraude. Aunque la realidad muestra que los reportes en papel, también lo facilitan. Pero, mucho más que un comentario, que se ocurre en cualquier calle del país, a partir de él se abren bastantes interrogantes.

"Estamos dando todo el apoyo a los jueces de la República para culminar de manera pronta con los escrutinios de las elecciones del pasado 13 de marzo", enfatizó el registrador colombiano. 

 

El registrador detalló que se investigará si hubo errores humanos o dolo por parte de algunos jurados en el escrutinio.

El registrador Nacional de Colombia, Alexander Vega Rocha, informó este martes que no presentará ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) el reconteo de votos al Senado, tras los constantes cuestionamientos por parte de grupos opositores.

"La Registraduría no presentará ante el CNE la solicitud de recuento de votos de las elecciones de Senado de la República, en consecuencia, continuará su normal curso el escrutinio", confirmó Vega Rocha.

Al mismo tiempo, el registrador reafirmó que se continuará con el conteo de los sufragios con todas las garantías, "vamos a mejorar el preconteo y la transmisión de información (...) Los valores supremos de la Nación están por encima de los intereses particulares", agregó.

26 % del Congreso está subordinado a los clanes políticos 

La Fundación Paz y Reconciliación (Pares) analizó cómo les fue a los clanes políticos en las elecciones de este 13 de marzo. En total, el 26 % del Congreso hoy está cooptado por los clanes políticos. Son 77 congresistas, distribuidos 29 en Senado y 48 en Cámara de Representantes, de 36 clanes políticos en 19 departamentos del país.

Por Fundación Paz y Reconciliación y Cambio 

Desde la Fundación Paz y Reconciliación (Pares) se ha hecho un seguimiento durante la última década sobre el comportamiento de los clanes políticos que mandan en Colombia. Son 54 clanes en todo el país que se reparten el poder a nivel local, departamental y nacional. Estas estructuras políticas tradicionales están arraigados a cuotas burocráticas, contratistas, corrupción, clientelismo e, incluso, en algunos casos, a la herencia de estructuras armadas ilegales como el paramilitarismo.