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El caso de un joven venezolano, identificado comi Emilson Rodríguez , dedicado a la limpieza de los parabrisas de vehículos que fue asesinado a tiros por un conductor en Medellín, Colombia, ha sido señalado como un caso de intolerancia y de xenofobia por ser venezolano.
El pasado 8 de enero, Emilson Rodríguez de 24 años de edad, junto a un amigo se dispusieron a limpiar los vidrios del parabrisas de una camioneta, lo que causó la ira del conductor quien se bajo del vehículo coun un arma de fuego, el joven trató de defenderse con un arma blanca, peró el hombre le impactó con varios disparos en la zona abdominal, causándole la muerte. El otro joven que lo acompañaba solo resultó herido en la pierna. Los hechos se desencadenaron en una calle del barrio Corazón de Jesús en Medellín, conocida popularmente como "Barrio Triste".
Luego de herir a los jóvenes, el conductor, un empresario de 56 años, cuya identidad no ha sido dada a conocer por las autoridades regionales, intentó darse a la fuga con la camioneta, pero cuando trataba de huir, la gente que presenció los hechos le lanzó piedras y le obstaculizaron el paso en una de las esquinas y cuando estaba a punto de ser linchado fue rescatado y detenido por efectivos de la policía.
Leer más: Como un crimen de "intolerancia", califican asesinato de joven venezolano en Medellín
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El vicepresidente sectorial de Soberanía Política, Seguridad y Paz, G/J Vladimir Padrino López, destacó que pobladores de Arauquita, Colombia, asediada por el terror y la violencia, se desplazan hacia territorio venezolano.
El también ministro de la Defensa refirió que autoridades civiles y militares venezolanas proporcionan asistencia a ciudadanos de ese país y pidió a la comunidad internacional debe observar este conflicto con visión humanitaria.
Más temprano rechazó las declaraciones del gobierno de Colombia que buscan culpabilizar al presidente Nicolás Maduro sobre los enfrentamientos de grupos armados en el departamento de Arauca, los cuales han dejado más de 20 personas muertas.
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Las comunidades indígenas colombianas denuncian que son víctimas de persecuciones, desapariciones y reclutamiento.
La movilización de la Minga Indígena llegó este viernes a la capital del departamento de Valle del Cauca, Cali, y en el marco del Día de los Derechos Humanos realiza diversos actos de denuncia a los continuos atentados contra la vida de los que son víctimas sus comunidades, la violencia armada en sus territorios y el abandono de estos por parte del Estado colombiano.
En Cali, los movilizados marchan desde la Universidad del Valle hasta la Plaza Panamericana, donde tienen previsto realizar durante esta jornada diversos actos pacíficos para exigir respeto por sus territorios.
La marcha partió desde Popayán en la tarde de este jueves con más de 130 autoridades indígenas y representaciones de las comunidades, que enfrentan la desatención del Gobierno a la violencia en sus territorios y otros problemas estructurales.
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Unas 500 personas de tres distritos llegaron hasta el poblado El Botalón, para rechazar la violencia en la región.
Los integrantes del equipo de la Delegada para los Derechos de la Población en Movilidad Humana y Regional Arauca identificó un aumento en los casos de desplazamientos de familias a causa de confrontaciones de grupos armados irregulares en el departamento colombiano de Arauca.
Los integrantes de esta entidad acompañaron a las comunidades del centro poblado El Botalón, donde llegaron aproximadamente 500 personas de tres distritos. De igual manera, unas 1.200 personas de 42 veredas y cuatro distritos visitaron el centro poblado de Puerto Jordán para manifestarse en rechazo a las acciones criminales de los últimos días.
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Denuncias recogidas en el área de Los Llanos Orientales apuntan a unidades del Ejército y grupos paramilitares como presuntos responsables.
El colectivo Orlando Fals Borda, de Colombia, solicitó este viernes a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) investigar 80.455 desapariciones forzadas ocurridas entre 1958 y 2016, y abrir un macrocaso para investigar más de 8.000 de ellas que corresponderían a la región de Los Llanos Orientales, en las que estarían implicados unidades del Ejército Nacional y grupos paramilitares.
En su informe “Resistencia al olvido y a la impunidad”, el colectivo precisa que se han contabilizado 80.455 desapariciones forzadas a nivel nacional debido al conflicto armado, de las cuales 8.288 corresponden a Los Llanos, que comprende los departamentos de Meta, Guaviare y Casanare.
Una portavoz del grupo, Carolina Hoyos, declaró a medios locales que “el departamento del Meta es el segundo que más registra víctimas de desaparición forzada en el país, con 5.280 víctimas”.
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