Denuncias recogidas en el área de Los Llanos Orientales apuntan a unidades del Ejército y grupos paramilitares como presuntos responsables.
El colectivo Orlando Fals Borda, de Colombia, solicitó este viernes a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) investigar 80.455 desapariciones forzadas ocurridas entre 1958 y 2016, y abrir un macrocaso para investigar más de 8.000 de ellas que corresponderían a la región de Los Llanos Orientales, en las que estarían implicados unidades del Ejército Nacional y grupos paramilitares.
En su informe “Resistencia al olvido y a la impunidad”, el colectivo precisa que se han contabilizado 80.455 desapariciones forzadas a nivel nacional debido al conflicto armado, de las cuales 8.288 corresponden a Los Llanos, que comprende los departamentos de Meta, Guaviare y Casanare.
Una portavoz del grupo, Carolina Hoyos, declaró a medios locales que “el departamento del Meta es el segundo que más registra víctimas de desaparición forzada en el país, con 5.280 víctimas”.
Agregó que luego le siguen Guaviare (1.794) y Casanare (1.215). De acuerdo con el reporte, la etapa entre 2000 y 2009 acumuló los mayores índices de desapariciones forzadas en estos tres departamentos.
Según el informe, el colectivo y la Corporación Social para la Asesoría y Capacitación Comunitaria analizan 130 de estos casos (que incluyen a 145 víctimas de lesa humanidad), por los cuales se señala como presuntos responsables a varios batallones.
Se trata de unidades pertenecientes a la 4ta División del Ejército, como la 7ma Brigada, la Brigada Móvil 12, el Batallón 21 (“Pantano de Vargas”), el Batallón de infantería No. 24 (“Luis Camacho Leiva”) y el Batallón Contraguerrilla No. 85, además de unidades de la Fuerza de Tarea Conjunta.
El informe también apunta a grupos paramilitares, en particular los Bloques Centauros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y las Autodefensas Campesinas del Casanare (ACC).
Al referirse a los patrones criminales identificados, el informe señala un total de diez, entre ellos la estigmatización y selección de víctimas, amenazas, uso de informantes, torturas, ocultamiento de los cuerpos y/o traslado de víctimas.
Además de solicitar a la JEP la apertura del macrocaso, se le pidió que cite a los militares que integraron las referidas unidades para que ofrezcan versión voluntaria y aporten verdad al expediente.
Por último, se requirió que las víctimas sean incorporadas a los planes regionales de búsqueda para ofrecer respuestas a sus familiares, y que en esa labor se implique a las juntas de acción comunal, las comunidades y periodistas, entre otros.
