Aviso

El paro nacional le dejó lecciones al sindicalismo colombiano. 

El más reciente Paro Nacional en Colombia que marcó un hito en la historia, dejó clara una realidad: Los sindicalistas ya no somos los “chachos de la película”. En pocas palabras, progresivamente hemos ido perdiendo el protagonismo.

Soy consciente de que mi planteamiento desatará una tormenta sin precedentes, y no faltará quien se rasgue las vestiduras. Sin embargo, antes que contemplar la posibilidad de considerarme hereje y que se proponga mi lapidación, pido me concedan unas pocas palabras con las que sintetizo mi argumento:

1.- La corrupción y la politiquería han infiltrado el sindicalismo. Para nadie es desconocido que algunos de quienes se denominan dirigentes, establecen nexos con los patrones, lo que por supuesto, va en detrimento de los trabajadores. De la mano con esta realidad, otra igualmente desalentadora: hay quienes comprometen su labor con los partidos tradicionales, los mismos que legislan para golpear a quienes deberían defender: los obreros.

 

De nuevo nuestra Comunidad de Paz de San José de Apartadó se ve en la necesidad de dejar constancia ante el país y el mundo sobre los últimos hechos de los cuales hemos sido víctimas por parte del paramilitarismo que sigue actuando a sus anchas en nuestra región sin ser molestado por ninguna autoridad competente, pues cuenta con su apoyo económico y político, lo que los hace fuertes para someter al campesinado a sus proyectos.

La coyuntura de nuestra zona se torna cada vez más dramática. El paramilitarismo avanza en su afán de control absoluto del territorio y nadie le creerá al que defienda las excusas de las instituciones: “no sabíamos nada”; “no teníamos tropas en la zona”, “es que la gente no presenta denuncias ante las instituciones competentes”. La convicción de todo el mundo es que no hay justicia, no hay a quién acudir; la fusión del paramilitarismo con el Estado es más que evidente. Muchos campesinos están optando por vender sus tierras y abandonar la región, como en los peores tiempos de los 80 y los 90. La única legalidad que se respeta es la ilegalidad del paramilitarismo y de sus imposiciones. Pero en medio de esa hecatombe, lo vergonzoso: ahora se invita a rendir declaraciones contra nuestro proceso de vida como

 

La canciller y vicepresidenta del narco-gobierno de Colombia, Marta Lucía Ramírez, realizó una visita al gobierno de Bolsonoro, Brasil, este jueves 12 de agosto.

Según el documento oficial, en la reunión entre diplomáticos de regímenes de extrema derecha se «revisará la agenda bilateral, haciendo hincapié en los temas relacionados con el comercio, la inversión, la salud, la seguridad y el medio ambiente, así como en los asuntos regionales y multilaterales de interés compartido». O sea, el papel de cada cual en las políticas injerencistas contra los gobiernos progresistas de la región, a instancias de Washington.

En julio, políticos colombianos criticaron el informe ante las Naciones Unidas de Marta Lucía Ramírez, quien muy suelta de cuerpo afirmó que los asesinatos de manifestantes en las protestas populares son responsabilidad de los «vándalos».

En ese sentido, la exsenadora y lideresa Piedad Córdoba señaló que la canciller «miente y lo sabe».

 

La inmensa mayoría de la población rechaza la administración del régimen del uribista y narco-presidente Iván Duque, según la empresa de encuestas de opinión Invamer.

De acuerdo a la consulta, entre el 63 y el 67 por ciento de los consultados reprobó la gestión de Duque.

Los habitantes de Bogotá, la capital, son quienes más castigan a Duque con un 86 por ciento, mientras que en el sur y occidente del país el rechazo alcanza un 73 por ciento.

La juventud es el sujeto social y etario que capitanea la desaprobación del narco-gobierno.

Las causas del rechazo podrían situarse en la violencia estatal contra las movilizaciones sociales, y la crisis social, económica y sanitaria.

Venezuela denuncia ante la ONU las "operaciones mercenarias" de EE.UU. y Colombia "para derrocar gobiernos" 

Venezuela pidió a la Organización de Naciones Unidas (ONU) investigar "las operaciones mercenarias" que se habrían planificado en EE.UU. con el propósito de cometer "ataques armados, actos de terrorismo y el asesinato de jefes de Estado" para "derrocar gobiernos" en la región.

El representante permanente venezolano ante la ONU, Samuel Moncada, envió una carta fechada el 27 de julio a la presidencia del Consejo de Seguridad de ese organismo para "denunciar" el uso de "una red de delincuencia organizada transnacional", presuntamente integrada por mercenarios colombianos y estadounidenses, que tendría relación con el magnicidio del presidente de Haití, Jovenel Moïse, y con la Operación Gedeón, una acción armada fallida que buscaba derrocar y asesinar al mandatario venezolano, Nicolás Maduro.