De nuevo nuestra Comunidad de Paz de San José de Apartadó se ve en la necesidad de dejar constancia ante el país y el mundo sobre los últimos hechos de los cuales hemos sido víctimas por parte del paramilitarismo que sigue actuando a sus anchas en nuestra región sin ser molestado por ninguna autoridad competente, pues cuenta con su apoyo económico y político, lo que los hace fuertes para someter al campesinado a sus proyectos.
La coyuntura de nuestra zona se torna cada vez más dramática. El paramilitarismo avanza en su afán de control absoluto del territorio y nadie le creerá al que defienda las excusas de las instituciones: “no sabíamos nada”; “no teníamos tropas en la zona”, “es que la gente no presenta denuncias ante las instituciones competentes”. La convicción de todo el mundo es que no hay justicia, no hay a quién acudir; la fusión del paramilitarismo con el Estado es más que evidente. Muchos campesinos están optando por vender sus tierras y abandonar la región, como en los peores tiempos de los 80 y los 90. La única legalidad que se respeta es la ilegalidad del paramilitarismo y de sus imposiciones. Pero en medio de esa hecatombe, lo vergonzoso: ahora se invita a rendir declaraciones contra nuestro proceso de vida como
Comunidad de Paz, acogiendo la consigna del funcionario de FEDECACAO y asesor de la Alcaldía y de las Juntas Comunales: “No más comunidad de paz”. No sabemos cuál será su estrategia judicial, pero tememos que esté repitiendo la manipulación del poder judicial que acompañó el exterminio genocida de gran parte de nuestros compañeros y compañeras a partir del 97.
Los hechos de los cuales dejamos constancia en esta ocasión son los siguientes:
- En la primera semana de julio de 2021, nuestra Comunidad de Paz fue informada de una serie de desapariciones de personas de la región y sin conocimiento alguno de su paradero. Todo da a entender que no han sido detenidas ni secuestradas. Muchos pobladores interpretan el hecho como una decisión silenciosa de alguna gente de irse de la zona por dificultades con el paramilitarismo y por no tener que someterse a sus imposiciones prefieren abandonar la región.
- En la semana del 11 al 17 de julio de 2021, fue visto un grupo de paramilitares portando armas largas y prendas militares en cercanías de las veredas La Unión, Arenas Altas y Bajas y El Porvenir, todas pertenecientes al corregimiento de San José de Apartadó.
- El viernes 16 de julio de 2021, en horas del día, nos llegaron informaciones según las cuales los paramilitares planearon asesinar a un joven de la vereda La Unión con el pretexto de hacerlo pasar por ladrón. Según la información, la misma dirección de la Junta Comunal de la vereda no quiso hacer nada para proteger al menor, dejando así el camino libre para que los paramilitares lo asesinaran. Al parecer, el joven fue sacado de la región por amigos y familiares para salvar su vida.
- El lunes 19 de julio de 2021, en horas del día, se nos informó que durante las fiestas del campesino de los días 17 y 18 celebradas en la vereda La Unión, convocadas por la Junta de Acción Comunal de dicha vereda, La Brigada XVII del Ejército y el señor César Jaramillo, se notó una alta presencia de paramilitares entre los que se encontraban alias Wilfer, reconocido paramilitar de la vereda la Unión y alias Higuita, entre otros que llegaron de civil y se mantuvieron allí durante todo el evento e incluso tomándose fotos con militares y reconocidos cantantes nacionales, fotos que aparecen publicadas en redes sociales del mismo Wilfer Higuita entre otros.
- El miércoles 28 de julio de 2021, en horas del día, por medio de periódicos nacionales nos enteramos que en el norte del Valle del Cauca el Ejército habría asesinado a tres personas provenientes de la zona de San José de Apartadó, cuyos cuerpos se encontraban en la morgue de Pereira, sin que ningún familiar se acercara a reclamarlos. Sus nombres: WILMAR DE JESÚS ÚSUGA CASTAÑO, conocido como “JESUSITO” o “EL MEXICANO”, GILBERTO ÚSUGA QUINTERO, conocido como “MOROCHO” y LUIS ERNESTO MORENO. Ya en varias constancias públicas nuestra Comunidad de Paz había comunicado al mundo sobre la presencia y control en la zona de alias Jesusito o Mexicano, como lo llamaban. Este personaje, quien hizo parte a las extintas FARC-EP en esta zona, se habría afiliado al paramilitarismo después de su desmovilización de las FARC. Su permanencia en esta región le facilitó la tarea de coordinar y reclutar personas para luego llevarlas a otras zonas del país con el fin de expandir el control. Pero nuestras constancias son tratadas todo el tiempo de “falsas” por las autoridades. Nosotros rechazamos rotundamente la muerte, el poder de las armas y la falta de garantías por parte del Estado para la juventud y la sociedad desplazada. El paramilitarismo ha ido creciendo y dominando la zona porque el mismo Estado, con sus instituciones militares, lo ha permitido y promovido. Pero también rechazamos la muerte de esas personas que primero le sirven incondicionalmente al Estado, aunque ordinariamente bajo camuflajes y clandestinidades, y cuando ya la acumulación de delitos en que se han involucrado los convierte en “trapos sucios y peligrosos”, el mismo Estado decide deshacerse de ellos como cosas despreciables, pisoteando el respeto fundamental a la vida, así sea la vida del delincuente. Repudiamos con la mayor energía y contundencia y condenamos tan atroz falta de moral. La muerte no es la única solución a este grave problema, pues el mismo gobierno es el principal responsable porque ha dado alas y libertad a estas estructuras para dominar y asesinar en todo el país.
- El sábado 31 de julio de 2021, en horas del día, nos llegaron informaciones de que reconocidos paramilitares al mando de alias “Caballo”, presunto comandante, estarían patrullando por la zona de las veredas Arenas (Altas y Bajas) con dirección de mandos desde la vereda La Unión.
- El miércoles 4 de agosto de 2021, en horas del día, nos llegaron audios del señor JAIRO ÚSUGA, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda La Unión, donde le manifiesta a la población y a las juntas comunales, que: “en este momento ya nos encontramos en las instalaciones de la fiscalía para rendir declaración por culpa de comunidad de paz, sí, por culpa de comunidad de paz y si salimos de esta seremos más fuertes…”
Muchos rumores que circulaban desde hace algún tiempo, se referían a una campaña liderada por la misma dirección de la Junta de Acción Comunal de La Unión, en alianza con el Señor César Jaramillo, para acusar a nuestra Comunidad de Paz ante el poder judicial, con miras a que nuestra Comunidad se debilitara de tal modo hasta que fuera suprimida por alguna orden judicial o se desintegrara por temor o por incapacidad de defenderse.
No se trata de una estrategia nueva. Fue ya ensayada desde la misma Presidencia de la República por Álvaro Uribe Vélez, quien logró el apoyo de ministros, gobernadores, alcaldes, magistrados, jueces, fiscales, defensores, jefes y estructuras paramilitares y medios de comunicación poderosos como El Colombiano, El Mundo, El Tiempo, RCN, Caracol, Semana y los medios locales de Urabá. El libreto se centraba en convencer al país y al mundo de que la Comunidad de Paz era una fachada de la guerrilla de las FARC; su “veraneadero” y su fuente de suministros.
Los mecanismos seleccionados fueron quedando progresivamente al descubierto: reunir falsos testigos cooptados por dinero o por amenazas; preparar infinidad de piezas testimoniales falsas en la Brigada XVII y en sus batallones, aprovechando capturas arbitrarias e injustas de campesinos acusados falsamente de insurgentes a quienes se les obligaba a firmar las calumnias, muchas veces sin permitirles leer lo que firmaban, bajo promesas de precarias prebendas; forzar a los funcionarios judiciales a pasar por encima de todos los principios del debido proceso, recopilando “declaraciones” por gente no habilitada legalmente para recibirlas; hacer caso omiso de los principios rectores de los códigos judiciales y de la misma Constitución, como la separación e independencia de poderes, la independencia judicial frente a las presiones políticas y militares, la igualdad de los ciudadanos ante la ley, el principio de legalidad, la imparcialidad de los órganos judiciales, la consistencia del sustento probatorio, la idoneidad y libertad del testimonio, las garantías de los intervinientes, la protección de las pruebas técnicas, el equilibrio probatorio de lo que favorece y desfavorece al acusado, la libertad, espontaneidad y voluntariedad de la eventual aceptación de cargos, las garantías de la controversia probatoria, la existencia y garantía de una defensa técnica del acusado, la consistencia de las informaciones que sustentan cualquier condena, excluyendo las de referencia; la valoración ponderada y ética de la culpabilidad que tenga en cuenta atenuantes y eximentes; la atención al contexto personal, familiar y social de los imputados. Pero por encima de todo, se utilizó como mecanismo rutinario, central y universal, el TESTIMONIO DEGRADADO, convertido en una verdadera mercancía, que a la postre arruinó toda la credibilidad y sustento de miles de expedientes convertidos en verdaderas podredumbres morales pestilentes que había que esconder.
Por ello cuando nuestra Comisión les hizo una demostración de esa podredumbre, de manera minuciosa y citando con nombres propios a todos los funcionarios corruptos, las Altas Cortes alegaron no tener facultades para reabrir todos los expedientes podridos y juzgar a los funcionarios corruptos. Y cuando el Auto 164/12 de la Corte Constitucional ordenó constituir la Comisión de Evaluación de la Justicia, con los mismos propósitos, las instituciones bloquearon el ejercicio de dicha Comisión que había comenzado con buenos augurios. Ahora confiamos en que tarde o temprano la Corte Penal Internacional destape, como debe hacerlo, todo ese baúl de podredumbres y haga justicia.
Pero lo más grave no fue la podredumbre judicial. Esa era sólo la antesala del genocidio. Con toda esa falsa justicia y con el concurso de los medios de desinformación, la sociedad asimiló tranquilamente los más de 300 asesinatos, masacres, desapariciones, atentados, desplazamientos, bombardeos, usurpaciones, amenazas y violación de todo tipo de derechos, como eliminación justa de una partida de delincuentes.
Ante las instituciones del Sistema Integrado de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, hay muchos paramilitares arrepentidos que han confesado cómo se dejaron convencer de Uribe de que la Comunidad de Paz era sólo guerrilla, para matar a cantidad de inocentes cuya memoria ahora no los deja dormir.
Como comunidad nos preguntamos ¿Qué tipo de declaraciones serán las que está rindiendo la Junta de Acción Comunal de la vereda La Unión contra nuestra Comunidad de Paz? O más bien, ¿Qué será lo que se planea desde la misma Fiscalía y la misma Brigada 17 contra nuestra Comunidad? ¿O será que se va a declarar en contra del mismo paramilitarismo que está desangrando moralmente cada vez más a la población civil?
Según versiones de amigos, casi todas las personas que participaron en las supuestas declaraciones, hablaron contra nuestro proceso de vida. Nos conmueve ver cómo personas que en un tiempo fueron parte de nuestro proceso comunitario y que compartieron con nosotros tantos momentos difíciles por culpa de las desapariciones, torturas, masacres, cercos de hambre, judicializaciones, entre otras, cometidos por las mismas fuerzas militares en alianzas con los paramilitares y miembros de las guerrillas, ahora sostengan alianzas con la misma Brigada XVII que en todos estos estos años no ha hecho nada para proteger realmente a la población civil.
El domingo 8 de agosto de 2021, en horas de la noche reconocidos paramilitares que controlan la zona entre Apartadó y San José amenazaron de muerte a pobladores mientras consumían licor en un establecimiento público en el casco urbano de San José, al tiempo que realizaron varios disparos con armas cortas sin que el ejército y la estación de policía hiciera nada, por el contrario, estos paramilitares continuaron consumiendo licor sin ser molestados por nadie.
Nuestras convicciones como Comunidad de Paz siempre han mirado a buscar el bienestar de la población que ha sido y sigue siendo victimizada por décadas en esta zona; por ende, enfrentarnos con la demás población del entorno nunca ha sido ni será de nuestro interés, por el contrario, queremos que la población se una, no para atacar los procesos civiles, sino para rechazar este fenómeno paramilitar que controla y domina sin piedad. Tenemos pleno conocimiento de que en muchas de las veredas son los paramilitares los que realizan reuniones con la población civil, a las cuales es de obligación asistir sin que el campesino pueda rehusarse a ir. Nunca las víctimas nos debiéramos adaptar a la guerra y más cuando se tiene tanta experiencia dolorosa por culpa de los diferentes actores armados que han dominado esta zona en los últimos 50 años.
Seguimos convencidos de que nuestra resistencia es en pro de la civilidad, del derecho a la vida y a vivir en nuestro territorio. Son más de 24 años de vida y trabajo comunitario y todo eso gracias a aquellos que hoy no están por muchas razones, pero sin embargo hoy más que nunca mantenemos vivo este hermoso proceso por encima de la misma muerte que nos asecha a diario.
No queda más que agradecer a todas esas voces de ánimo que recibimos a diario desde el país y el mundo como gestos de solidaridad y fuerza moral con la que hemos contado en todo este tiempo.
Comunidad de Paz de San José de Apartadó
