Aviso

 

Excombatientes de las Farc en la Guajira enviaron productos de bioseguridad a personas privadas de la libertad en la Cárcel ‘La Picota’, Bogotá. Su mensaje es de solidaridad y de resistencia colectiva ante la pandemia desatada por la Covid-19 y la indiferencia del Gobierno nacional frente a la situación de la población carcelaria.

En la vereda Pondores, ubicada en La Guajira, la unidad de confecciones de la Cooperativa Multiactiva para la Paz de Colombia – Coompazcol-, confeccionó más de 500 tapabocas cuyo destinó sería dotar a las personas privadas de la libertad y al personal del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC- del Complejo Carcelario y Penitenciario Metropolitano de Bogotá ‘La Picota’.

 

El domingo 12 de julio de 2020, la ocupación de camas de UCI para COVID-19 en la ciudad de Cali llegó al 100%. No había camas de UCI para COVID en ninguna clínica para remitir pacientes. Las cifras de la alta afectación de la pandemia en la capital y el departamento del Valle del Cauca, dan cuenta de que el sistema de salud está colapsado, en una región pujante que merece una mejor suerte.

 
Las cifras entregadas al público por las autoridades en salud presentan incoherencias. Según publicó el 9 de julio LA FM “En la ciudad de Cali fueron destinadas 397 camas para pacientes COVID-19, de las cuales 380 están ocupadas”. Lo cual significa que la ocupación exacta de camas UCI para Coronavirus llegó al 95,7%. No obstante, en el mismo artículo Miyerlandy Torres, Secretaria de Salud de Cali, afirmó que “Ya estamos en el 90% de ocupación de las Unidades de Cuidados Intensivos».

 

Estudiantes, artistas, comunidades indígenas, campesinas y afros realizaron un plantón en el Parque de las Banderas de la ciudad de Cali este 3 de julio. Rechazaron los abusos cometidos por las Fuerzas Armadas en contra de la comunidad y las políticas adoptadas por parte del Gobierno de Iván Duque.

También denunciaron el asesinato de líderes y lideresas sociales unido a las poco eficaces medidas tomadas por el Gobierno Nacional en medio de la pandemia, pues no están generando condiciones de bienestar para la población.

“Todos los días se pisotean los derechos de la gente. Esto es una movilización, primero, para expresar nuestro descontento frente a los sucesos que han ocurrido. Pero también es un llamado a la ciudadanía para que defienda y luche por sus derechos porque, en últimas, no se conquistan por la buena voluntad del Estado sino que se obtienen por el calor de la algarabía de la gente”, explicó Cristian Castaño, joven asistente al plantón.

 

En La Habana, un año y cinco meses después del atentado, el comandante Pablo Beltrán asegura rotundamente en entrevista exclusiva con Cubadebate que ninguno de los 10 miembros de la delegación de paz del Ejército de Liberación Nacional (ELN) estuvo implicado en el ataque a la Escuela de Cadetes de Policía General Santander de Bogotá. Ni siquiera él, como miembro del Comando Central (COCE).

Tras el hecho, que el 17 de enero de 2019 costó la vida a 22 estudiantes y al propio atacante, el presidente colombiano, Iván Duque Márquez, decidió romper los diálogos de paz con la guerrilla del ELN y reactivar las órdenes de captura contra los miembros de la delegación, en Cuba desde mayo de 2018.

 

Considerar jurídicamente, la violación de mujeres (y hombres) civiles o no como arma de guerra. Es una justificación de la extrema derecha para perpetuar que tal crimen de guerra, sea considerado un acto inevitable del conflicto, e inseparable de éste, incluso necesario para llegar a la victoria sobre el “enemigo”.

Cuando los altos mandos se hacen los de la vista gorda, están  reconociendo que no se trata de unas pocas manzanas podridas dentro del ejército, por eso ensayan a ignorar u ocultar impunemente esta conducta;  aceptando de facto que la Violación es una táctica de la doctrina oculta genocida contra una etnia, una comunidad o un sector que se tiene como enemigo que se quiere eliminar y desplazar; En breve, la Violación es un apartado integral de la política militar.