Excombatientes de las Farc en la Guajira enviaron productos de bioseguridad a personas privadas de la libertad en la Cárcel ‘La Picota’, Bogotá. Su mensaje es de solidaridad y de resistencia colectiva ante la pandemia desatada por la Covid-19 y la indiferencia del Gobierno nacional frente a la situación de la población carcelaria.
En la vereda Pondores, ubicada en La Guajira, la unidad de confecciones de la Cooperativa Multiactiva para la Paz de Colombia – Coompazcol-, confeccionó más de 500 tapabocas cuyo destinó sería dotar a las personas privadas de la libertad y al personal del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC- del Complejo Carcelario y Penitenciario Metropolitano de Bogotá ‘La Picota’.
Pondores está ubicada en el Municipio de Fonseca; allí llegaron varios excombatientes de las Farc al Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación -ETCR-, Amaury Rodríguez, de acuerdo a lo pactado en el Acuerdo de Paz firmado en el 2016 entre el Gobierno y las Farc.
Coompazcol, es una de las cooperativas enmarcadas en los esfuerzos de los excombatientes por reintegrarse a la vida civil. Está compuesta por once personas, en su mayoría mujeres, que se dedican a elaborar tapabocas industriales, uniformes de enfermería y otros elementos para mitigar el contagio del Covid-19.
Durante la pandemia, las precarias condiciones de salubridad, alimentación, así como el hacinamiento, han agudizado la situación de emergencia sanitaria en las cárceles colombianas. A esto se suma el hecho de que ni el personal carcelario, ni los reclusos y reclusas tienen acceso a elementos de protección de bioseguridad para protegerse de la Covid-19.
La Fundación Lazos de Dignidad -FLD-, organización no gubernamental y defensora de los derechos de la población reclusa, afirma que “es de conocimiento público que al interior de esta cárcel (La Picota) se vive en condiciones inhumanas, y que no existe interés alguno por parte de las instituciones de cambiar la triste situación que vive la mayoría de la población reclusa”.
Estas condiciones se extrapolan a las demás cárceles del país que, al comienzo del aislamiento obligatorio, hicieron un pliego de exigencias al Gobierno nacional para garantizar el bienestar de las personas privadas de la libertad durante la pandemia. Así mismo, exigieron que se decretara Emergencia Carcelaria.
A raíz de la indiferencia gubernamental, distintos centros carcelarios han sido el escenario de protestas que han sido violentamente reprimidas. En el marco de estas protestas han sido trasladados, heridos y asesinados decenas de reclusos, situación que ha causado indignación por parte de organizaciones defensoras de Derechos Humanos y de las familias de los presos.
Aunque se decretó Emergencia Nacional Carcelaria, las garantías de salubridad siguen siendo mínimas. Según cifras del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, en Colombia 31 cárceles presentan casos de contagio por coronavirus, que representan a 1154 personas privadas de la libertad con el 8 de julio como fecha de corte.
Ante este panorama a FLD realiza una invitación a que organizaciones sociales, cooperativas, entre otros, para aportar a esta iniciativa con el fin de hacer frente a la indiferencia estatal y al número de contagios que aumenta cada vez más en las cárceles.
