Aviso

 

Fuerzas conjuntas de policía y ejército desarrollan desde la madrugada de este lunes 14 de junio de 2021 una nueva ofensiva sobre el municipio de Yumbo, zona industrial del Valle del Cauca, con el fin de levantar de manera violenta los puntos de resistencia que la población, especialmente los jóvenes, ha mantenido a lo largo de 46 días de paro.

Rodrigo Vargas, del Comité Permanente para la Defensa de los Derechos Humanos, denunció que las actuaciones de las fuerzas represivas del Estado, con la connivencia del alcalde de Yumbo, Jhon Jairo Santamaría Perdomo, dejan hasta ahora ocho personas detenidas.

“Este es un despliegue de guerra que le están dando la policía, el Esmad y el ejército a los jóvenes que protestan en las calles y exigen sus derechos”, dijo Vargas, quien agregó que se ha desconocido una acción de tutela, expedida por autoridad judicial, que protege el derecho de la ciudadanía a expresarse en las calles para exigir sus derechos.

Entre los detenidos figuran Alexander González Nieve, de 25 años de edad y nacionalidad venezolana; José Giovanni Campo, de 19 años; Brayan Alexis Díaz, de 27; Óscar Julián Avendaño Orcué, de 18 años; Cristian Alexis Caicedo Diago, de 29 años, y Sebastián Caicedo Muñoz, de 21 años, así como una menor de edad, identificada como Alejandra Sanclemente Paz, de 15 años.

 La facción de extrema derecha que acaudilla Uribe busca distraer echando la culpa a otros y afirmando que son pequeños los problemas que detonaron la sublevación popular, negacionismo que agrava la crisis al retardar las soluciones de fondo que pueden resolverla; y mantener a Colombia en un estado de conflicto sin fin le sirve a Uribe para proponer un cuarto Gobierno suyo aún más dictatorial, que en 2022 extermine a los sublevados, lo que coincide con el interés de Estados Unidos (EEUU) de mantener al país en el pantano de sus planes de Guerra perpetua.

Para desechar la maléfica estrategia de EEUU y Uribe es necesaria la unión de la gran mayoría de la sociedad que quiere un camino de conciliación para resolver el conflicto en que está sumido el país. Aconseja la sabiduría popular que ‘a grandes problemas, grandes soluciones’, las que llegarán siguiendo una ruta de dialogar, acordar y cumplir, vía de solución política que ha sido rechazada históricamente por las élites dominantes.

 El Paro Nacional crea condiciones para continuar con movilizaciones más vigorosas en las que se rectifiquen debilidades del campo popular y democrático, como lograr un centro común de coordinación nacional y un plan conjunto, manteniendo un marco de diversidades. Esta coyuntura nuevamente corrobora que el Gobierno y en general las clases dominantes no tienen palabra, no cumplen lo que acuerdan. Por ejemplo, el 24 de mayo los delegados del Presidente y el Comité Nacional de Paro (CNP) llegaron a un Preacuerdo sobre las garantías para la protesta social, sólo faltaba la firma presidencial; sin embargo, de inmediato Uribe y Duque deshicieron lo pactado y obligaron a una nueva e interminable renegociación que hasta la fecha permanece empantanada.

La semana pasada el Gobierno Nacional desconoció los Acuerdos pactados entre la Alcaldía de Buenaventura y el Comité Local de Paro. El mismo libreto negacionista lo repitieron el viernes 4 de junio con los Acuerdos suscritos entre las Alcaldías de Yumbo y Cali con los manifestantes, que abrió el paso a la matanza que ejecutaron las Fuerzas Armadas y los paramilitares en el Punto de Resistencia del Paso del Comercio en Cali, que dejó al menos 5 muertos.

 

Al oeste de Bogotá, la policía militar reprimió brutalmente a los indígenas Misak mientras intentaban derribar una estatua de Cristóbal Colón, agresión que dejó un saldo de por lo menos 10 comuneros heridos, tres de los cuales tuvieron que ser llevados de urgencia a centros sanitarios.

Este miércoles 9 de junio, un grupo de miembros del pueblo Misak se reunió entorno a la estatua de Cristóbal Colón e Isabel la Católica, en Bogotá.

Los indígenas Misak esperaban realizar un acto de reivindicación simbólica de carácter histórico como la que efectuaron en el centro de la ciudad, cuando derribaron al Gonzalo Jiménez de Quesada de la calle 13.

Con el fin de impedir que los Misak hicieran la acción, llegaron a la zona efectivos de la policía dispuestos a actuar contra los indígenas.

«Aquí se encuentra la fuerza pública defendiendo a unos genocidas, a unos criminales de guerra que hace más de 500 años, no solamente despojaron nuestras tierras, sino que casi exterminan nuestros pueblos», se escucha a un representante Misak en uno de los videos que circula en la web.

 

La Misión Internacional de Solidaridad y Observación de Derechos Humanos en Colombia,

una semana después de arribar a la nación sudamericana, concluyó que el gobierno de Iván Duque Márquez debe ser investigado por delitos de lesa humanidad cometidos contra la población a partir de desapariciones, asesinatos, torturas, abusos, persecuciones, amenazas e intimidaciones, supuestamente cometidas por las fuerzas de seguridad regulares e irregulares que responden al Estado.

El anuncio de una reforma tributaria diseñada en línea con los requerimientos habituales del Fondo Monetario Internacional (FMI) provocaron una movilización generalizada en el país en respuesta al “paquetazo de Duque”, que debió congelarse ante la escalada de protestas iniciada a partir del paro lanzado el 28 de abril.

El “Comando Nacional Unitario”, conformado por las Sindicales CUT, CTC y CGT; las Confederaciones de Pensionados CDP y CPC y la Federación de Trabajadores de la Educación, Fecode, convocó a la medida de fuerza en aquella fecha, a partir de la cual se vienen sucediendo protestas que abarcan a una amplia franja de sectores, más allá de las dirigencias políticas y gremiales tradicionales.