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Se elaboran y publican diversos balances del “proceso” en cuanto a cumplimiento y avance de los diferentes compromisos adquiridos por las partes firmantes y se reflexiona sobre el impacto de ese hecho para la sociedad colombiana.

Para algunos es algo histórico mientras para otros es una farsa. Para unos fue una decisión soberana del gobierno colombiano y para otros fue una imposición del gran capital global. Calificar ese suceso es tan difícil que hasta los mismos dirigentes de la guerrilla están divididos frente a la interpretación de los hechos anteriores y subsiguientes a la firma.

“Cada quien califica la fiesta según como le haya ido” reza el dicho popular. Lo que queda en nuestro imaginario es que se desmovilizó y desarmó a una parte de la “guerrillerada” fariana pero las causas de la existencia de grupos armados ilegales siguen vivas y vigentes. El narcotráfico está allí y muy poca gente realmente está interesada en acabarlo.

 

Aunque hay algunos intentos por parte de la sociedad civil, políticos y miembros de la comunidad internacional para empujar la reanudación de la mesa de conversaciones entre el Gobierno y el ELN, diferentes analistas han señalado que las condiciones que ha puesto Duque a la mesa, solo generan más obstáculos para continuar con los diálogos.

En opinión del analista y profesor universitario Víctor de Currea-Lugo, el anterior Gobierno dejó una mesa de negociación establecida y una agenda de conversaciones con puntos acordados; sin embargo, el presidente Duque ha sido reiterativo al señalar que hasta que el ELN no suspenda todas sus actividades de confrontación con el Estado, no se reiniciarán las conversaciones.

Para el profesor el actual Gobierno no está entendiendo el momento histórico y su “soberbia” no le permite ver la importancia del mismo. Como lo señala Currea, muestra de ello es que el Gobierno se volvió monotemático sobre el secuestro, señalando que el ELN debe dejar en libertad a todas las personas que tiene retenidas, pero sin señalar