Aviso

 

El Hegemón Imperialista de EEUU ha sido expulsado del Asia central esta última semana de agosto de 2021, tras 20 años de “guerra antiterrorista” en Afganistán, al que deja sumido en el caos imprevisible que como dijo el presidente ruso Putin en “una guerra de todos contra todos”.

Después de haber gastado en las dos décadas de guerra 2,2 billones de dólares americanos (algunos calculan un gasto de 300 millones de dólares cada día) y dejando una pavorosa estela de destrucción y muerte que según la información aproximada aportada por la concernida o implicada en la guerra como agencia británica de la BBC, es de 3.586 soldados de EEUU y de la OTAN muertos, 78. 314 soldados y policías afganos muertos, 84. 191 combatientes talibanes y opositores muertos y 75. 971 «civiles» muertos. Además, 200 mil desplazados internos, 5 millones de refugiados en el exterior que no pueden regresar a sus casas y un posible éxodo actual, después de la salida abrupta y apresurada del omnipotente y amenazante ejército de La OTAN, de otros 4 millones de refugiados, muchos de los cuales buscarán llegar a los países desarrollados de Europa y EEUU que como miembros de la OTAN participaron en esta guerra.

 

Una nueva jornada de paro nacional contra la política social y económica del narco-régimen uribista de Iván Duque, se realizó este jueves 26 de agosto en todo el país.

El Comité Nacional de Paro, centrales obreras y sindicatos llamaron a protestar por la masacre de líderes sociales, exigir el adelanto de los proyectos de ley radicados por el comité del paro y rechazar la aprobación en primer debate de la reforma tributaria antipopular en el Congreso.

Las movilizaciones se llevaron a cabo Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla,  Bucaramanga, Pereira, entre otras, y exigen el cumplimiento de las recomendaciones que hizo la Corte Interamericana de Derechos Humanos durante su visita a Colombia en junio, entre las que se encuentran el respeto del derecho a la protesta, el estricto apego a los protocolos del uso legítimo de la fuerza y ​​la reparación de las víctimas.

Esta nueva jornada de protestas también se lleva a cabo para exigir al pleno del Congreso el análisis y debate de los proyectos de ley presentados por el comité y decenas de congresistas a finales del mes pasado.

 Hace unos días, la derechista Marta Lucía Ramírez, vicepresidenta de Colombia, se quejó de que su país «no debería estar en los titulares de todo el mundo por culpa de un puñado de sicarios y criminales». Pero es exactamente eso lo que está sucediendo, pues las noticias recientes revelaron que, de los 28 asesinos directamente involucrados en el asesinato del presidente haitiano Jovenel Moïse, 26 eran colombianos. No es ninguna casualidad: es una consecuencia de la próspera industria de sicarios financiada por el Estado colombiano.

El ejército de Colombia recibe entrenamiento de las secciones más avanzadas de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Con frecuencia, es subcontratado para proteger la propiedad privada de las empresas multinacionales, dirigir campañas de contrainsurgencia y realizar operaciones que involucran objetivos militares de alto valor. Estas ventajas comparativas hacen que el país lleve la delantera en el mercado internacional de sicarios.

 

La Defensoría del Pueblo documentó el asesinato de 78 líderes sociales, comunales o defensores de derechos humanos durante el primer semestre de 2021.

El defensor del Pueblo, Carlos Camargo, indicó que, “Debemos redoblar esfuerzos y tomar todas las medidas que sean necesarias para garantizar la integridad y la vida de los líderes sociales, comunales y defensores de derechos humanos”.

Asimismo, la Defensoría registró 407 conductas vulneratorias (que incluyen amenazas, atentados y homicidios) contra líderes sociales y defensores de derechos humanos, con un aumento de estas conductas a líderes ambientales, juveniles y servidores públicos.

En 2020 se dio el año desde la firma del acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC (2016) con más homicidios de líderes sociales, con un total de 182. En 2019 ocurrieron 134; en 2018, 178; en 2017, 126, y en 2016, 133.

El Comité de Paro plantea 10 proyectos legislativos ante el Congreso donde destacan que uno de los objetivos es obtener más garantías en la protesta social. 

 

Las principales ciudades del país se dieron cita para el próximo 26 de agosto para respaldar proyectos que serán presentados al Congreso.

El Comité Nacional del Paro, en Colombia,  ha convocado a una nueva jornada de movilizaciones para la próxima semana en respaldo a los diez proyectos de ley que radicó el comité en el Congreso de la República, hace varias semanas.