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La doble moral del partido de gobierno quedó evidenciada con la denuncia de la Universidad Externado de Colombia, sobre el plagio que hizo Jennifer Arias Falla, presidenta de la Cámara de Representantes, en la tesis de la maestría en Gobierno y Políticas Públicas.

El pronunciamiento de la entidad académica se produjo tras meses de investigaciones. La tesis fue sometida a un análisis electrónico y oh sorpresa de sorpresas: “Esta operación arrojó un importante número de coincidencias con fuentes o documentos publicados en internet de autores diferentes a las señoras Arias Falla y Largo Alvarado”, se lee en el documento.

Como era apenas previsible, la Universidad contrató a un experto en derechos de autor y propiedad intelectual para confirmar o desistir en este caso. Luego concluyó: “… es ostensible la cantidad de textos reproducidos literalmente (plagio servil) o deliberadamente parafraseados en donde basta la simple lectura para deducir la forma en que tales fragmentos llegaron al trabajo de grado analizado”.

La exposición "Narcolombia" revisa la denominada "narco estética" desde una mirada de lo popular y cuestiona el vínculo de algunas personalidades con el narcotráfico. “Narcolombia” es una exposición que reflexiona sobre el narcotráfico en Colombia más allá de su impacto económico y los moralismos sobre las drogas: la “narcoestética” como un signo del capitalismo, reflejado en la cultura popular. La muestra va hasta diciembre en la sala de exposiciones del edificio Julio Mario Santo Domingo de la Universidad de los Andes. 

En 2021 seguimos pensando las repercusiones del narcotráfico en Colombia que, no más en 2019, se calculaba que tenía un impacto del 2% en la economía, es decir, un peso de alrededor de 19.5 billones de pesos; yendo hacia más atrás, en 2017 su impacto fue de un 3%, mientras que un producto como el café impactó en un 1%. Para 2020 la pandemia afectó las redes de producción y distribución de drogas en Colombia: se estima que el valor del gramo de cocaína aumentó de 25 a 50% y el kilo incrementó entre un 150% y un 220%, según un informe de la Policía, apoyado por Interpol, Europol, Frontex y Estados Unidos.

 

La Fundación para la Libertad de Prensa (Flip), reveló información sobre un contrato del Ministerio de Defensa para implementar una estrategia llamada #ColombiaEsMiVerdad.

El ministro Diego Molano se encuentra nuevamente en el ‘ojo del huracán’ luego de conocerse el contrato que hizo esta cartera con una empresa llamada Alotrópico S.A.S. durante las semanas del estallido social en mayo de este año.

La estrategia que implementó la agencia consistió en fingir un ciberataque a las redes sociales y en la pagina web del Ministerio de Defensa. Gracias a este supuesto ataque, el ministerio creó un PMU para supuestamente verificar la veracidad de las publicaciones que se realizaban durante el paro nacional.

Cómo saber si su dispositivo ha sido atacado por ciberdelincuentes - Infobae 

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) alertó sobre actividades de seguimiento en redes sociales desde el Estado colombiano, implementadas desde el paro nacional de 2021 que podrían generar estigmatizaciones y censura arbitraria.

FLIP, es una organización no gubernamental que defiende y promueve la libertad de prensa en Colombia, denunció que desde el gobierno colombiano se realizaron actividades de seguimiento, vigilancia, control de información y opiniones en las distintas redes sociales de los ciudadanos, durante el paro nacional en los meses de abril y mayo de 2021.

La organización civil, que tiene por objetivo la protección del derecho a la libertad de expresión, reveló que hubo varias acciones que se adelantaron desde el Ministerio de Defensa e instituciones militares que, a su juicio, son arbitrarias y afectan los derechos humanos.

 

Durante julio, agosto y septiembre pasados ocurrieron 21 casos de desplazamiento forzado dentro de territorio colombiano que obligaron a 15.644 personas a abandonar sus viviendas por acciones violentas de grupos armados ilegales en diferentes regiones del país, aseguró el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, al presentar el informe del tercer trimestre de 2021 sobre este fenómeno.

 

“Un total de 5.266 familias fueron víctimas de desplazamiento forzado en doce municipios de los departamentos de Antioquia, Bolívar, Cauca, Chocó, Nariño, Norte de Santander y Valle del Cauca. Como Defensoría del Pueblo trabajamos para que estas personas sean atendidas, se respeten sus derechos y puedan retornar a sus territorios”, indicó Carlos Camargo.