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Cano Medina es el firmante número 38 asesinado este año y el 343 desde la rúbrica del acuerdo de paz de La Habana en 2016. 

 

El occiso era José Reinel Cano Medina y según Indepaz, lo asesinaron en la vía Caloto-El Palo, en condiciones desconocidas.

El Instituto de Estudios para la Paz y el Desarrollo (Indepaz) de Colombia denunció este jueves otro asesinato de un firmante del acuerdo de paz en la zona de Caloto, Cauca, Colombia.

Mediante su cuenta en la red social Twitter, Indepaz precisó que el occiso fue identificado como José Reinel Cano Medina y su asesinato se produjo en la vía Caloto - El Palo, en condiciones que aún se desconocen.

“José Reinel Cano Medina era firmante del acuerdo de paz, quien se encontraba actualmente en proceso de reincorporación. Hacía parte de la Cooperativa Multiactiva de Caloto”, expresó el ente.

 

 Un total de 46 defensores de derechos humanos y líderes sociales fueron asesinados durante el tercer trimestre del año en Colombia, lo que supone un aumento del 64 % con respecto al mismo periodo del año anterior, reveló este viernes el Programa Somos Defensores.

Los dos últimos meses de este trimestre, específicamente 54 días, coincidieron con el comienzo del mandato del presidente Gustavo Petro, primer mandatario de izquierdas del país, que asumió el pasado 7 de agosto. En este tiempo ocurrieron 25 de los 46 homicidios confirmados por el Sistema de Información sobre Agresiones contra Personas Defensoras de Derechos Humanos en Colombia.

“No podría sacar una conclusión, pero sí podría lanzar la hipótesis de que puede deberse a una reacción al cambio drástico que hubo no solo en el escenario político colombiano sino también en la bancada del partido de Gobierno en el Congreso (el izquierdista Pacto Histórico)”, explicó a EFE la coordinadora del Programa Somos Defensores, Lourdes Castro García.

La ley establece que los representantes autorizados por el Gobierno colombiano contarán con las facultades para entablar diálogos con grupos armados irregulares La ley de paz total fue aprobada con 128 votos a favor y 7 en contra y será enviada a la Casa de Nariño a fin de que el presidente Petro lo sancione.

Las plenarias del Senado y la Cámara de Representantes de Colombia aprobaron el jueves el informe de la Ley 181, conocida como la legislación de paz total, que permitirá al Gobierno de Gustavo Petro dialogar con distintos grupos armados del país.

La iniciativa promovida por el presidente Gustavo Petro contempla el marco legal para la política de paz, estableciendo la obligación a quienes lo sucedan en el poder para dar continuidad a los diálogos a favor del proceso de paz, así como a los acuerdos y la implementación de los mismos.

La ley de paz total fue aprobada con 128 votos a favor y 7 en contra y será enviada a la Casa de Nariño a fin de que el presidente Petro lo sancione.

La mesa de diálogos entre el Gobierno colombiano y el ELN se instaló el 21 de noviembre pasado.

Los acuerdos se refieren a los países garantes y acompañantes del proceso, acciones de alivio humanitario y acciones de comunicación del diálogo.

Tras concluir una semana de trabajo en la mesa de diálogos para la búsqueda de la paz, el Gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) anunciaron este viernes que llegaron a tres acuerdos para fortalecer ese proceso.

La información sobre esos puntos la ofrecieron el representante del Gobierno de Venezuela en la mesa de diálogos, general Carlos Martínez Mendoza, y la representante del Reino de Noruega en las conversaciones, Marid Vanzig.

El Gobierno colombiano y el ELN dieron a conocer que se ratificó a Noruega, Cuba y Venezuela como países garantes, y se invitará para definir su participación en calidad de garantes a México, Brasil y Chile.

 

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) dijo este miércoles que el Estado colombiano falla en su misión de investigar los ataques a la prensa y recordó que de los 164 casos de asesinatos de comunicadores en solo uno se sancionó a los autores del homicidio con lo que persiste la impunidad.

En el Día internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas, la FLIP dijo en un comunicado que “el Estado colombiano está fallando en su misión de investigar a quienes atacan a la prensa, lo cual es un paso indispensable para prevenir otras agresiones, como los homicidios”.

Argumentó sus señalamientos en que en Colombia de los 164 asesinatos a periodistas “solo en el caso de Orlando Sierra se sancionó a todos los autores del crimen, y solo en un 18 % de los casos hubo algún tipo de condenas, el resto de homicidios están en completa impunidad.