Aviso

 

La firma de la paz con el gobierno de Santos y las FARC-EP, fue uno de los acontecimientos que marcaron la última década, no solo por ser las FARC la guerrilla más grande y sólida, sino porque no existía un interés real del Estado por la paz, como tampoco existe hoy.

Aunque, esta firma parece que desde el comienzo empezaba a caminar coja, la pérdida del plebiscito y el desmantelamiento del Acuerdo, siguiendo la modulación del Congreso y la Corte, hicieron trizas lo poco que quedo, aun así, se siguió cumpliendo con lo acordado, pese a que, desde el gobierno, se olvidó del tema.

Las FARC-EP ahora como FARC empezaron a delinear la construcción del partido, el cual, pretendía consolidar las banderas de su lucha y con ello impulsar la implementación del Acuerdo. El gobierno como contraprestación por la entrega de las armas, les otorgó 10 curules, en las que debería respetar el 30% de cuota femenina, debido a su carácter insurgente donde las mujeres siempre tuvieron los mismos deberes que los hombres debería ser 5 y 5, hombres y mujeres, hoy solo son 2, con poca visibilidad.

 

La violación sexual a una niña indígena de 12 años del pueblo Emberá de Pueblo Rico, Risaralda a manos de 7 soldados del Ejército Nacional ha causado indignación y conmoción en el país exigiendo justicia por los deplorable hechos que nunca debieron presentarse.

A partir de la coyuntura, el destacado líder social y activista del Chocó, Luis Ernesto Olave, denunció en su cuenta de Twitter el terrible caso de Bajo Baudó ubicado en la localidad de Pizarro en donde a la entrada del batallón de la Armada de Colombia niñas afrodescendientes menores de edad, entre los 13 y 16 años hacen filas siendo prostituidas, según las fuertes declaraciones, por Infantes de Marina a los soldados gringos en sus días de descanso. Olave hace un llamado de atención al Procurador General, Fernando Carrillo, para que tome cartas en el asunto.

 

Este 15 de junio se llevó a cabo una jornada de movilizaciones en distintas ciudades del país, luego de casi tres meses de cuarentena. En Medellín la prensa que salió a cubrir esta marcha fue agredida y censurada brutalmente por las fuerzas policiales. Este tipo de acciones no es un caso exclusivo. Es un asunto sistemático que experimentan cotidianamente los medios de comunicación comunitarios, alternativos y populares gracias a las medidas autoritarias y al tratamiento militar contra quienes piensan diferente en Colombia.

Tres casos de censura en Medellín

Juan Alejandro Echeverri, Editor de Periferia, cuenta que “hace 10 años más o menos, recibimos una especie de panfleto amenazante en nuestra sede de Medellín. Eso nos obligó a mudarnos a la oficina en la que estamos ahora”.

 

En solo una semana, en Colombia se han perpetrado los Feminicidios de siete mujeres. Los más conocidos son los casos de Heidy Johana Soriano y su hija María Celeste de 4 años, Daniela Quiñones, Marinella Flores y Yudi Fernanda Pérez. Pero la violencia machista también cobró la vida de dos mujeres trans: Brandy Carolina y Ariadna.

Durante la cuarentena nacional, 104 mujeres han sido asesinadas, elevando la lamentable cifra a 216 Feminicidios en lo que va del 2020. A esto se le suma que durante las últimas semanas, en el país también han sido noticias las violaciones, desapariciones y la oleada de denuncias de acoso y abuso contra mujeres en múltiples ámbitos de la sociedad. ¿Qué tiene que ver que estos delitos sean contra las mujeres? Que no son crímenes comunes sino de poder.

 

La Cuenca del Río Tunjuelo, tiene una historia de saqueo y exclusión común a muchos territorios de nuestra América; donde el modelo económico convirtió riquezas en tristeza y muerte.

La cuenca es un lugar sagrado para los pobladores ancestrales del norte de Suramérica; se ubicada junto al páramo de Sumapaz, habitada por más de dos millones de habitantes urbanos y rurales. Es destino de mega proyectos necesarios para el capital de la gran ciudad; como represas, basureros, cementerios, zonas mineras, plantas de asfalto y permanente área de expansión urbana.