Aviso

 

Ante las reiteradas peticiones de más de 120 comunidades al Gobierno, exigiendo garantías en los territorios y en relación con la petición de cese al fuego y el amparo de sus derechos fundamentales a la salud, la vida y la paz, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca resolvió que en un plazo de cinco días el presidente Iván Duque dé respuestas de fondo a dichas comunidades.

Orlando Castillo, coordinador del Espacio Humanitario Puente Nayero en Buenaventura explica que esta petición se venía haciendo desde el mes de marzo a través de once cartas y peticiones radicadas exigiendo al Gobierno la garantía del derecho a la «paz, vida y salud de las comunidades».

Dicha petición remitida por la Comisión de Justicia y Paz, incluía una petición a las Fuerzas Militares, que han apoyado la erradicación forzada en los territorios el suspender sus operaciones y decretar un cese al fuego por 90 días junto al ELN y así acojan el

 

Tres movilizaciones: la Marcha por la Dignidad, la Ruta Comunera y la Ruta Libertadora recorrieron el país en plena pandemia. Las y los caminantes estaban determinados a evidenciar los diferentes flagelos de los territorios más afectados por la crisis sistémica que se vive hoy en Colombia. También pudieron recoger testimonios de las problemáticas sociales, ambientales y del conflicto que desde antes de la Covid-19 existían pero que con la llegada de esta enfermedad al mundo se han agudizado.

Mientras la Marcha por la Dignidad (con más de 25 personas) recorría carreteras montañosas del Departamento del Cauca, se anunciaba trágicamente el balance del vil asesinato sistemático de cuatro líderes y lideresas sociales en menos de 24 horas en esa misma región. Llevaban tres días de haber iniciado recorrido cuando supieron de estas noticias. Más tarde supieron que se había callado para siempre la voz de ocho líderes y lideresas comunitarias del Cauca, Chocó, Meta, Norte de Santander y Bolívar. Sin embargo, la Marcha continuaba.

 

Este año se han ejecutado 48 masacres desde enero hasta el 25 de agosto de 2020. En los departamentos de Antioquia, Cauca, Nariño y Norte de Santander se han concentrado el 63,5% del total de las masacres, es decir, 122 de las 192 víctimas totales este año. Según Indepaz, en 2020 Antioquia tuvo 10 masacres con 37 víctimas, Cauca 7 masacres con 26 víctimas, Nariño 7 masacres con 34 víctimas, Norte de Santander 5 masacres con 25 víctimas. La paz en Colombia no solo beneficiaría a nuestro país, haría lo mismo para toda la región. Quizá por eso no es una prioridad para el Gobierno de Iván Duque.

La masacre en Norte de Santander (25 agosto), se convirtió en la décima masacre desde que el exsenador Álvaro Uribe está en prisión domiciliaria. Esto sucede luego de que la periodista Vicky Dávila advirtiera el pasado 2 de agosto que si Uribe caía preso no llegaría la paz a Colombia y “quizá la violencia se agudice”. La intensificación de las masacres le da

 

La democracia participativa establecida en la Constitución de 1991 determino un sistema de control sobre los gobernantes locales y regionales, en el caso de que se presenten graves fallas en su gestión porque no atiendan los problemas más graves de la comunidad correspondiente, en este caso de la ciudadanía de Cali.

De lo que se trata es de corregir un rumbo lleno de desaciertos y errores en todos los órdenes de la vida social, como la inseguridad, el derecho a la vida, al trabajo, a la salud, al agua, a la educación y a la movilidad, por citar unos cuantos casos.

Ese mecanismo es la Revocatoria del mandato para apartar del cargo la cabeza de la correspondiente administración.

El exfiscal colombiano reiteró que el defensor de Derechos Humanos, Jesús María Valle, le advirtió a Uribe sobre el riesgo e inminencia del ataque paramilitar en la zona de Ituango. 

Eduardo Montealegre señaló que Álvaro Uribe tiene responsabilidad por las masacres de El Aro y La Granja en Ituango.

El exfiscal general Eduardo Montealegre y el exvicefiscal general Jorge Perdomo, aseguraron este martes que el expresidente colombiano Álvaro Uribe tiene responsabilidad por la masacre de El Aro y La Granja en Ituango, en el departamento de Antioquia, y se le atribuyen "estas violaciones a título de autor, en comisión por omisión".

En una entrevista realizada por la colombiana Revista Semana, tanto Montealegre como Perdomo denunciaron que “a pesar de que Álvaro Uribe conocía que estas poblaciones estaban bajo riesgo de ataque, no tomó las medidas necesarias y efectivas para evitar las atrocidades que allí ocurrieron”, por lo que se le demanda por los delitos de “lesa humanidad y delitos de guerra”.