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A la actual crisis económica, el gobierno de Venezuela ha agregado un agudo conflicto político, provocado por las presunciones de fraude electoral, la oposición de derechas en Venezuela ha publicado actas que no coinciden con los resultados entregados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) y, tanto el candidato Edmundo González de la oposición más representativa, así como Corina Machado líder de la coalición opositora, Mesa de Unidad Democrática (MUD), aseguran haber ganado las elecciones. El gobierno que preside Nicolás Maduro, además, en su afán de mantenerse en el poder, hizo una jugada táctica, que le permita algún nivel de legitimidad, entregando los resultados oficiales, no las actas de votación, al máximo órgano de la justicia de dicho país el Tribunal Supremo de Justicia, quien en un rápido dictamen ratificó el triunfo del actual presidente Maduro; no está por demás señalar que, ambas instituciones, la de justicia y la electoral son proclives al gobierno.

La solución al impase sería, aparentemente simple, el Consejo Nacional Electoral debiera publicar en sus órganos oficiales las actas de votación, esto no ha ocurrido, a pesar de la fuerte presión interna e internacional para que lo haga, de tal manera que se pueda eliminar cualquier sombra de duda al respecto.

El proceso de la llamada “Revolución Bolivariana” ha cumplido 25 años y los logros que puede exhibir son bastante magros, la moneda nacional, el Bolívar, se halla completamente devaluada, de tal manera que en los intercambios comerciales se está empleando el dólar estadounidense, es decir, estamos frente a una economía virtualmente dolarizada por el escaso valor que tiene el Bolívar. Los precios oficiales en realidad no tienen vigencia y todo se transa en un gran mercado negro, esto implica que solo una minoría de personas que tiene acceso a dólares puede participar más o menos normalmente en el mercado, la inmensa mayoría de las personas queda prácticamente marginada de los intercambios comerciales. La crisis económica es de tal magnitud que se estima que 7,7 millones de venezolanos se ha visto obligados a abandonar el país en busca de mejores oportunidades.

Podemos sintetizar las causas de esta crisis en tres factores: primero la intervención norteamericana que bloquea el comercio internacional y somete a Venezuela a duras sanciones económicas. Segundo el sabotaje de los sectores empresariales venezolanos que en una gran cantidad sacaron sus capitales fuera de Venezuela y finalmente una mala gestión de la economía por parte del gobierno. Es imprescindible señalar que tanto la intervención de la potencia del norte, como de las burguesías latinoamericanas y las acciones de sabotaje de los sectores empresariales venezolanos no solo han perjudicado al gobierno de Venezuela sino esencialmente a la mayoría de la población venezolana y son absolutamente repudiables.

Una vez señalado lo anterior, se hace necesario decir que el Estado de Venezuela no es un Estado socialista ni nada que se le parezca, sigue siendo una república que se encuadra dentro de los límites de los Estados liberales burgueses comunes en todos los países de América Latina, a excepción de Cuba, su gobierno que al comienzo de la “Revolución Bolivariana” tenía visos emancipadores fue paulatinamente desdibujando sus perfiles liberadores para convertirse en un gobierno autoritario y represivo cuestión que quedó de manifiesto cuando incluso el Partido Comunista de Venezuela aliado del proceso bolivariano se fue alejando del gobierno y de las políticas implementadas especialmente por el régimen de Maduro denunciando pérdidas de derechos laborales, persecuciones a dirigentes sociales y de una pésima gestión de la economía. El control absoluto de todos los poderes e instituciones del Estado ha convertido al actual gobierno en una dictadura que está lejos de ser un gobierno progresista como lo fue en sus inicios el gobierno de Hugo Chávez.

El proceso bolivariano que partió siendo un proceso con características emancipadoras y progresistas fue derivando poco a poco en un régimen autoritario y totalitario, la corrupción fue carcomiendo progresivamente los elementos de independencia política y social que tenía el proyecto, para convertirlo en un régimen represor y violador e los derechos humanos tanto de las oposiciones de derecha como de izquierda.

Nos preguntamos ¿puede sostenerse un régimen progresista en un fraude electoral que viola la voluntad popular? Creemos que no puede haber lugar a semejante arbitrariedad y que si un gobierno de izquierda cometiera tal irregularidad perdería inmediatamente su carácter de progresista.

Creemos que el gobierno de Venezuela se sostiene en una un burocracia estatal y partidaria que incluye también a las fuerzas armadas, junto a colectivos paramilitares todas y todos unidos y enlodados en el fenómeno de la corrupción que es un problema serio en Venezuela y que caracteriza a los regímenes autoritarios.

¡Que habría que hacer, entonces, en Venezuela? Aunque parezca difícil y hasta utópico lo que habría que hacer es construir una alternativa democrática verdaderamente emancipadora que resuelva los problemas que tiene la inmensa mayoría de los venezolanos.

En lo personal, en el hipotético caso que tuviera derecho al voto en Venezuela ¿Cómo votar en las elecciones, recién pasadas? Sin duda, habría votado por algún candidato de izquierda y de no haberlo tendría que anular el voto, en ningún caso hubiera votado por María Corina Machado.

Leonardo Gabriel Ogaz Arce