Desde el 4 al 6 de junio, el Congreso de los Pueblos realizó unas jornadas de movilización nacional en diferentes lugares del país que incluyeron el establecimiento de refugios humanitarios en el Ministerio del Interior y la Nunciatura Apostólica en Bogotá, así como cortes de carreteras. Las protestas concluyeron tras un diálogo con representantes del Gobierno en el que se acordó el establecimiento de una mesa de concertación que abordará, entre otras cuestiones, el desmonte del paramilitarismo
Durante la mañana del martes 4 de junio, el Congreso de los Pueblos, movimiento político que articula organizaciones y movimientos sociales de toda Colombia, convocó una Jornada Nacional de Movilización Por la Vida y la Permanencia en los Territorios. Comunidades campesinas, afrodescendientes, indígenas y urbanas representativas de la diversidad del pueblo colombiano se movilizaron concentrándose en diferentes carreteras como la Panamericana, la Ruta del Sol y en Tadó-Chocó. Miles de campesinos acudieron a una convocatoria que denuncia la alta conflictividad que se vive en todo el territorio nacional a causa de las arremetidas del paramilitarismo y que se ha ensañado especialmente con esta organización social.
En Bogotá, la protesta se concentró en la sede del Ministerio del Interior y en la Nunciatura Apostólica, donde se establecieron sendos refugios humanitarios. En la rueda de prensa que se celebró ese mismo día frente al Ministerio del Interior, representantes de este movimiento señalaron que, en los últimos 4 años, 38 de sus integrantes han sido asesinados, sufriendo 66 atentados, así como amenazas y desplazamientos. En declaraciones a los medios de comunicación subrayaron que esta situación es la que les llevó a declararse en emergencia humanitaria y realizar estas movilizaciones. Además, recordaron que el paramilitarismo es producto de una doctrina de estado que, aunque reconocen, “no nace con este Gobierno, que no es culpa del Presidente Petro, ni nace ahora, le corresponde a este Gobierno asumir las responsabilidades”. En dicha comparecencia Sonia Milena López, de la Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra, manifestó que el paramilitarismo ha sido y es una política de la oligarquía agenciada por el Estado colombiano y entre las acciones para su desmonte indicó que se necesita el reconocimiento público por parte del Gobierno de la existencia de una estrategia paramilitar nacional a nivel rural y urbano orientada a desarrollar un proceso genocida contra el movimiento popular, la suspensión inmediata de toda pretensión de reconocimiento político como tercer actor de las estructuras paramilitares que pretenden diálogos regionales sociopolíticos y jurídicos, desestructurar su componente económico, investigar los financiadores y determinadores estatales y privados, la remoción y destitución de altos y medios mandos de la fuerza pública donde hay indicios, denuncias o evidencias de connivencia y ausencia de acción efectiva contra el paramilitarismo, la expedición por parte del Presidente de una orden ministerial que permita desclasificar los archivos de inteligencia de los últimos 50 años, cuya publicación permita identificar actores comprometidos en la conformación, financiación, instrucción y apoyo del paramilitarismo, y el acatamiento inmediato de todas las recomendaciones y sentencias de las órdenes y sentencias proferidas en las últimas 3 décadas por organismos internaciones de DD. HH. contra estado colombiano, en especial las relacionadas con la superación de la impunidad en crímenes de estado.
Aunque la llegada a la Presidencia de Gustavo Petro, líder progresista y antiguo guerrillero del M-19, despertó la esperanza de que las fuerzas armadas colombianas abandonaran la doctrina del enemigo interno y los métodos de lucha contrainsurgente que dieron lugar a la conformación del paramilitarismo, lo cierto es que, durante estos casi dos años de Gobierno, el paramilitarismo no ha dejado de crecer y extender su poder territorial y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia constituyen hoy el primer grupo armado irregular del país.
Ni la consiga del actual Gobierno “Colombia Potencia Mundial de la Vida” ni su proyecto insignia conocido como Paz Total, que prevé dialogar incluso con los paramilitares, parecen compatibles con el auge del paramilitarismo. Un fenómeno que el Presidente Petro caracterizó acertadamente en un trino en la red social X: “El paramilitarismo no fue sino una alianza del narcotráfico con buena parte del poder político y económico de Colombia y un sector de la prensa tradicional para desatar un genocidio sobre el pueblo. La mentalidad paramilitar se adueñó de un sector importante de la sociedad colombiana que cree que hay que eliminar la diferencia. Esa mentalidad paramilitar en parte de la sociedad es el fascismo a la colombiana”. En otra publicación, Petro afirmó que “Los tiempos del paramilitarismo se acabaron”, lo que obviamente no coincide con la realidad.
La actual Ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, escribió en 2007, que “ya no caben dudas de que el paramilitarismo es un proyecto político planificado, del que el Estado y la clase dirigente colombiana han sido causantes y copartícipes en la medida que han sido los responsables de su orientación.… La historia muestra que desde hace tiempo han existido diferentes situaciones sociales que podrían calificarse, de entrada, como paramilitares. Más allá de las particularidades colombianas, el paramilitarismo surge en el marco del desarrollo del capitalismo contemporáneo y, específicamente en América Latina, está vinculado a la evolución del sistema criollo. El capitalismo colombiano resulta ser una síntesis socio-económica compleja entre una tendencia tradicionalista y premoderna en torno a la concentración de la tierra, por un lado, y una tendencia modernizadora en la acumulación del capital, por otro. Esta síntesis favoreció el autoritarismo del régimen político, la creciente militarización de la política y el papel creciente de las organizaciones paramilitares.” A pesar de la correcta descripción del paramilitarismo por parte integrantes del Gobierno, lo cierto es que no se han adoptado medidas efectivas para detener la violencia y control social que ejercen sobre los territorios.
La violencia paramilitar que sufre ahora el Congreso de los Pueblos es la continuación del militanticidio del que escribía Calvo Ospina al referirse a las torturas y asesinatos contra militantes de izquierda que configuraron, a partir de 1977, un escenario a modo para el inicio de los procesos de privatización de las empresas públicas, financiarización de la economía, desmantelamiento de los sindicatos y retroceso en los muy limitados programas de seguridad social en Colombia. Otros grupos como la Unión Patriótica y a Luchar han sufrido estas prácticas sociales genocidas en el país. El año pasado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano como responsable por las violaciones de derechos humanos cometidas en perjuicio de más de 6.000 víctimas integrantes y militantes del partido político Unión Patriótica a partir de 1984 y por más de veinte años, un exterminio cometido conjuntamente entre paramilitares y miembros de la fuerza pública.
Entre 1985 y 2018, los grupos paramilitares fueron el principal agente responsable de los homicidios del conflicto armado con el 45% de las víctimas (205.028 víctimas) y, mediante la parapolítica, en las elecciones de 2002, alcanzó a cooptar una tercera parte del Congreso. El Informe Final de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición definía el paramilitarismo no solo como grupos armados ilegales o ejércitos privados, sino como un entramado de relaciones estrechas entre diversos sectores del narcotráfico, la economía legal e ilegal, el Estado y sectores políticos y empresariales de la sociedad civil, desde el orden regional y nacional, que contribuyó en su creación, funcionamiento y expansión, con diferentes propósitos como la lucha antisubversiva y el control de economías lícitas e ilícitas.
Los procesos de desmovilización del paramilitarismo, como la Ley de Justicia y Paz, promovida por el ex-presidente Uribe, no desarmó ni reincorporó a los paramilitares a la vida civil, las diferentes estructuras fueron reciclándose, cambiando de nombre o brazalete; por ejemplo, los Urabeños pasaron a llamarse sucesivamente Clan Úsuga, Clan del Golfo, Autodefensas Gaitanistas de Colombia, hasta ahora llamarse Ejército Gaitanista Colombia. Hoy persisten las mismas acusaciones del pasado de connivencia y alianzas entre las fuerzas armadas y paramilitarismo; en algunos departamentos, como el Sur de Bolivar, Chocó, Nordeste antioqueño y Arauca, el paramilitarismo sustituiría al Estado en la guerra contra los grupos insurgentes con los que el gobierno tiene abiertos procesos de negociación y acuerdos de alto el fuego.
La mesa de concertación y diálogo que contempla el acuerdo entre el Ministerio del Interior y el Congreso de los Pueblos tendrá unas comisiones de trabajo que tratarán temas como el cambio de la doctrina de seguridad nacional, el desmonte del paramilitarismo y crear mecanismos urgentes de protección y autoprotección para la defensa de la vida y permanencia en el territorio. Todo un desafío y oportunidad para que el actual Presidente del Gobierno, en los dos años de que le restan de mandato, detenga el exterminio y genocidio de defensores de derechos humanos y líderes sociales, apartándose de la trayectoria de sus predecesores en el cargo y para que la frase “Colombia, Potencia Mundial de la Vida” deje de ser un eslogan publicitario y se convierta en una realidad.
