Tras su paso por el país, la relatora especial sobre derecho a la alimentación de la ONU, Hilal Elver, presentó a la prensa un informe preliminar con sus observaciones. Luego de un viaje de 10 días en los que visitó las provincias de Buenos Aires y Chaco, cuestionó el desfavorecimiento al sector de Agricultura Familiar y las políticas tendientes a apoyar el modelo agroindustrial. También mencionó que la falta de estadísticas no permite efectuar un análisis adecuado de los niveles de desnutrición en Argentina.
El informe final será presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en marzo de 2019. En este documento preliminar la Relatora plantea los problemas de alimentación como posibles violaciones a los derechos humanos.
En un principio el informe destaca la participación y colaboración de diversas instancias gubernamentales tanto nacionales como provinciales y organizaciones de la sociedad civil, que favorecieron la cumplimentación del objetivo de la visita de la Relatora que era evaluar la realización del derecho a la alimentación en el país.
Luego, Hilal Elver señaló su preocupación por el impacto que la crisis económica genera sobre los grupos más vulnerables de la población y la clase media ante la situación y la necesidad de asegurar que los derechos de la población y su medio de subsistencia no sean adversamente afectados “por el menor poder adquisitivo y el aumento en el precio de los alimentos”.
Indicó también que Argentina no cuenta con datos oficiales actualizados y otros materiales estadísticos que puedan brindar datos confiables sobre el hambre y la pobreza en los últimos casi 10 años. La última encuesta sobre alimentación y hábitos de nutrición se realizó en 2004-2005, y la última encuesta del sector agrícola en 2002. Este desconocimiento impide entender las necesidades y limitaciones de las políticas relacionadas con la seguridad alimentaria, y “hace más problemático un correcto análisis de la situación relacionada con la realización del derecho a la alimentación”.
Tras destacar los Planes y Programas existentes para proteger y garantizar el derecho a la alimentación, señaló la inexistencia de una protección constitucional explícita del derecho a la alimentación a nivel nacional y, por lo tanto, no se tiene la posibilidad de atender cuestiones relacionadas con el derecho a la alimentación de manera integral y multidimensional.
Y reiterando el contexto de crisis económica indicó que esta ha tenido un impacto negativo en la calidad de los alimentos por el incremento de los precios en el programa de comedores escolares. Remarcó respecto a estos que “los comedores escolares son fundamentales para los niños/as y, especialmente en tiempos de crisis, deberían ser fortalecidos aún más para asegurar que los niños/as tengan acceso a una alimentación y nutrición adecuadas”.
En cuanto al modelo productivo de alimentos señaló el vuelco a un modelo menos diversificado en las últimas décadas y el favorecimiento a la producción de la soja y sus derivados, indicando que en la Pampa Húmeda la superficie sembrada con soja alcanza actualmente 19 millones de hectáreas, o el 56 por ciento del área cultivada en la Argentina.
Manifestó también que a pesar de la concentración de tierras por la expansión de la agroindustria, persiste la agricultura familiar constituyendo el 72 por ciento de los predios productivos del país con actividades como la agricultura, ganadería, pesca, producción forestal, producción agroindustrial artesanal, cosecha tradicional, artesanías y turismo rural, representando cerca del 20 por ciento del PBI agropecuario.
La Relatora puntualizó que a pesar de la sanción, en 2014, de la Ley 27.118 de promoción de la agricultura familiar, hasta la fecha, no ha sido reglamentada por el Ejecutivo y no cuenta con un financiamiento. En el mismo sentido agregó que las políticas actuales tienen a apoyar el modelo agroindustrial y a realizar serios recortes en el apoyo, el personal y el presupuesto del sector de la Agricultura Familiar, incluido el despido de casi 500 trabajadores/as y expertos/as.
Sobrepeso, obesidad y malnutrición
Si bien no pudo establecer un análisis respecto a la desnutrición dada la falta de información estadística, Hilal Elver sí pudo indicar que en la actualidad el 40% de los/as niños/as y adolescentes y el 60% de los adultos tienen sobrepeso, y 7,3% de los/as niños/as menores de cinco años son obesos, el índice más elevado de obesidad infantil en América Latina.
Señaló que a esto ha contribuido el hecho de que no se han aplicado las reglamentaciones existentes sobre el contenido de la publicidad. Tampoco hay normas específicas en relación con las publicidades de alimentos y bebidas dirigidas a los/as niños/as, ni restricciones en relación con los criterios nutricionales. “Los/as niños/as menores de 12 años se encuentran expuestos a más de 60 anuncios de productos con bajo valor nutricional, que se difunden principalmente en los programas o canales dirigidos específicamente a este grupo etario”, puntualizó Hilal Elver.
Asimismo, las reglamentaciones argentinas sobre etiquetado de alimentos e información nutricional y de salud tampoco cumplen con las recomendaciones internacionales dado que no exige que se declare el contenido de azúcares, por lo que a los consumidores les resulta difícil elegir opciones más saludables.
Organismos genéticamente modificados y protección de semillas
En cuanto a la proliferación del uso de semillas genéticamente modificadas, el país tiene más de 22 millones de hectáreas en regiones agrícolas dedicadas al cultivo de la soja (alrededor del 95%), algodón y maíz de esta condición. En este sentido, la Relatora recomendó “la creación de bancos de plantas a fin de mantener una diversidad genética de semillas, y asegurar una distribución equitativa de los beneficios que surgen de la utilización de dichos recursos genéticos. Además, esto es importante para proteger los intercambios de semillas tradicionales entre productores a fin de promover la soberanía alimentaria”.
Respecto a la utilización de plaguicidas puntualizó que si bien el glifosato fue declarado en 2015 como una sustancia probablemente carcinógena por la Organización Mundial de la Salud, su aplicación en Argentina es indiscriminada, está mínimamente regulada y frecuentemente se ignoran las normas internacionales de la FAO: “En los últimos 25 años la aplicación de plaguicidas aumentó diez veces su volumen, de 38 a 370 millones de kilogramos, con un incremento del área cultivada de un 50%, de 20 millones a 30 millones de hectáreas”.
Hilal Elver a su vez destacó en este sentido una investigación del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) en madres que dieron a luz en hospitales del área metropolitana de Buenos Aires. El estudio determinó que la leche de estas madres contenía niveles de plaguicidas que eran 15% más elevados que los niveles considerados seguros por la ley.
Finamente, tras señalar los estragos que está generando la deforestación en el marco de la agricultura industrial a gran escala, afirmó que es “esencial que los planes y las políticas de desarrollo tomen en cuenta el verdadero costo de los métodos de producción en relación con el suelo y los recursos hídricos, y el impacto de la degradación ambiental sobre generaciones futuras, en lugar de concentrarse únicamente en la rentabilidad y el crecimiento económico a corto plazo”.
