Equipo Jurídico Pueblos

En varias ciudades del país se escucharon las voces de rechazo a la indolencia del Estado colombiano ante el sufrimiento humano en la cárcel de Valledupar, más conocida como la Tramacúa. Miles de transeúntes pudieron conocer algo de esa realidad que poco se muestra a través de los medios masivos de comunicación, pero que afecta a miles de hombres y mujeres

El trabajo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) parece insuficiente para evitar que niños sigan muriendo de hambre en La Guajira.

En lo que va de año ya son 11 los niños de la etnia wayúu que han perdido la vida por falta de alimentos en La Guajira colombiana. 

Otros cuatro niños perdieron la vida por falta de alimento y atención social en La Guajira colombiana. Se trata de una crisis humanitaria que atenta contra la vida de miles de personas que residen en esa región del país.

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No compartimos muchas de las propuestas del Alcalde, Federico Gutiérrez Zuluaga, como tampoco, por obvias razones, hacemos parte de su corriente político-ideológica, pero esto no nos impide expresarle nuestra solidaridad y el rechazo total al intento, creíble, de atentar

wayuu

El Gobierno de Juan Manuel Santos desconoce los derechos del pueblo wayuu al pedir que se cancelen las medidas cautelares interpuestas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos –CIDH– que pidió al Estado tomar medidas a favor de la vida y la integridad de niños, niñas y adolescentes de la comunidad wayuu. Las medidas interpuestas al Estado colombiano se dictaron en diciembre de 2015, luego de que Javier Rojas Uriana, líder de la Asociación Shipia Wayuu, y la abogada Carolina Sáchica Moreno, le pidieron a la CIDH intervenir para salvar la vida de los menores que siguen muriendo por desnutrición y sed.

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La población reclusa del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Valledupar de  la Tramacúa comunicamos a la dirección general del INPEC, al director del establecimiento Capitán Luis  Francisco Perdomo Claro, al representante legal de la empresa de alimentos Estradas y Navarro, a la unidad de servicios penitenciario y carcelarios USPEC, a la opinión pública que: