El Gobierno de Juan Manuel Santos desconoce los derechos del pueblo wayuu al pedir que se cancelen las medidas cautelares interpuestas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos –CIDH– que pidió al Estado tomar medidas a favor de la vida y la integridad de niños, niñas y adolescentes de la comunidad wayuu. Las medidas interpuestas al Estado colombiano se dictaron en diciembre de 2015, luego de que Javier Rojas Uriana, líder de la Asociación Shipia Wayuu, y la abogada Carolina Sáchica Moreno, le pidieron a la CIDH intervenir para salvar la vida de los menores que siguen muriendo por desnutrición y sed.
La muerte de los ríos en el país tiene relación con la muerte de los niños de las comunidades wayuu en la Guajira colombiana. El río Ranchería, que regalaba el agua a las comunidades wayuu, fue represado en el 2010 y devorado por las multinacionales mineras de carbón y por los grandes cultivadores dejando a la comunidad indígena sin el preciado líquido, todo esto con el consentimiento del gobierno de Santos. Ante esto, los grandes medios de comunicación evitaron informar al respecto. Solo cuando algunos medios alternativos llegaron a la Guajira a denunciar los hechos, se empezó a conocer la muerte alarmante de niños y niñas wayuu por hambre y sed.
El periodista Gonzalo Guillén realizó en 2015 el documental “El río que se robaron”, el cual sirvió de prueba para elevar una denuncia ante la CIDH con la asesoría de la abogada Carolina Sáchica Moreno y el apoyo del líder wayuu Javier Rojas Uriana, solicitando a la CIDH intervenir ante el Estado colombiano para que se garantice la atención en salud, el suministro de alimentos y de agua a niños, niñas y adolescentes wayuu de Manaure, Rioacha, Uribia y Maicao en la Guajira.
La decisión de la CIDH
En diciembre de 2015 la CIDH interpuso medidas cautelares al Estado colombiano y le solicitó tomar acciones a favor de niñas, niños y jóvenes wayuu con el fin de preservar la vida y la integridad de sus comunidades. Resulta vergonzoso reconocer que el Estado colombiano tenga que recibir medidas cautelares para que llegue a reconocer los derechos del pueblo wayuu.
Sin embargo, han sido tantos los años de hambre de estas comunidades que a diario siguen muriendo niños por desnutrición, por falta de atención en salud y sin que el gobierno les garantice devolver el río que les robaron. El fin de semana pasado se denunció la muerte de dos menores más por desnutrición.
Pero la solución que plantea el gobierno de Santos para suministrar agua a los wayuu es la de construir 98 pozos de agua para la zona. Sin embargo, la comunidad sigue pidiendo que les devuelvan el río Ranchería pues el agua se mantiene represada para las multinacionales y los grandes cultivadores, incluso cuando el agua potable es un derecho fundamental y prioritario por encima de otros usos. Así mismo, es obligación del Estado garantizar el derecho al agua y no a su privatización.
Gobierno colombiano pidió a la CIDH suspender las medidas cautelares
El 30 de diciembre de 2015 el gobierno de Colombia solicitó a la CIDH que le suspendiera las medidas cautelares, argumentando que ya se está atendiendo la población infantil y adolescente wayuu. La respuesta de la CIDH fue negativa y argumentó que es una situación grave y de urgencia. Además, argumentó que la vida y la integridad personal de la comunidad en mención se encontraría amenazada. Así mismo le solicitó al gobierno adelantar acciones para atender con urgencia a la población.
La CIDH indicó que el Estado debe asegurar la disponibilidad, accesibilidad y calidad de los servicios de salud en lascomunidades de Uribia, Manaure, Riohacha y Maicao, con un enfoque integral y culturalmenteadecuado con el fin de atender la desnutrición infantil y las enfermedades prevenibles o evitables.
Además, debe tomar medidas que aseguren que las comunidades puedan acceder al agua potable, saludable y de manera continua. De igual forma, el Estado debe garantizar que los niños, niñas y adolescentes tengan alimentos de calidad y en cantidad suficiente para satisfacer las necesidades alimentarias y debe identificar los y atender de forma inmediata los casos de desnutrición.
Aunque el caso de la muerte de menores en la Guajira se ha hecho visible, este es solo un espejo de la realidad que vive el país. En el Chocó los menores también mueren por el consumo de agua contaminada, así lo denunció la Defensoría del Pueblo, la Corte Constitucional y la Gobernación de ese Departamento donde habrían muerto 37 menores que viven cerca del río Atrato y que habrían consumido agua contaminada por minería.
No es lógico que en plena época de verano la construcción de represas y la privatización de los ríos sea una prioridad dentro del Plan de Desarrollo del gobierno de Santos cuando lo urgente es garantizar el suministro de agua potable y de calidad a las comunidades.
Venezuela suministra alimentos y agua a la población wayuu
Lo que no hace el gobierno de Santos lo viene haciendo desde hace algunos meses el gobierno venezolano. Más 15 mil familias de la Alta Guajira colombiana son atendidas por el Gobierno del estado Zulia, a cargo de Francisco Arias Cárdenas, con la distribución de 80 toneladas de alimentos al mes. También, el gobierno venezolano busca restablecer algunos molinos para cubrir la necesidad de agua en las regiones más afectadas por la sequía.
