Aviso

 

Del 22 al 26 de octubre se realizará la Primera Caravana Humanitaria al Cañón Del Micay (Cauca). Diversas organizaciones sociales recorrerán los municipios de Argelia y El Tambo para acompañar a las comunidades campesinas, afrocolombianas e indígenas que sufren fuertemente el conflicto armado y ayudarlas a visibilizar sus problemáticas.

Más de 30 organizaciones sociales hará parte de la Caravana, entre ellas están el Coordinador Nacional Agrario –CNA-, el Proceso de Comunidades Negras –PCN-, el Congreso de los Pueblos –CDP-, el Comité de Integración del Macizo Colombiano –CIMA-, la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria –FENSUAGRO-, la Red por la Vida y los Derechos Humanos del Cauca y el Proceso de Unidad Popular del Suroccidente –PUPSOC.

 

En el marco de las capturas, asesinatos y violaciones a derechos humanos denunciadas entre el 9 al 11 de septiembre, se encuentra la de Carlos, quien fue torturado en reiteradas ocasiones por agentes de la Policía Nacional.

El nombre de esta persona no será expuesto debido al miedo por las represalias que puedan existir en su contra por parte de la Fuerza Pública. Razón por la cual será llamado Carlos.

Carlos fue capturado, de forma arbitraria, el 9 de septiembre cuando según su relato; tras ver en noticias de un plantón pacífico en contra de la brutalidad policial, se acerca al CAI Galán, en la localidad de Kennedy.

En esos primeros momentos, Carlos asegura que la movilización fue dispersada violentamente sobre las 9:30 de la noche, por parte de integrantes del ESMAD. Su captura se produce, a las 9:40, cuando intenta escapar de ella en su bicicleta. Sin embargo, un agente, de forma violenta lo baja de la misma y lo trasladan hasta el CAI Galán.

 

La nueva masacre en Algeciras se produce a menos de 24 horas de la matanza registrada en el departamento de Córdoba.

Las autoridades municipales de Algeciras, en el departamento de Huila, en el sur de Colombia, confirmaron este miércoles que en una finca de la región se presentó una masacre en la noche del martes, cuando desconocidos armados asesinaron a tres hombres.

La información indica que al menos tres hombres armados llegaron hasta una vivienda de la vereda Quebradón Sur y asesinaron a Jimmy Betancourt Ortiz, de 43 años, y Alejandro Betancourt, de 25 años, padre e hijo respectivamente. El tercer fallecido fue un empleado del predio perteneciente a un excombatiente de las Farc-EP, el cual aún no ha sido identificado.

Las autoridades de Policía y la Fiscalía se encuentran en la zona en el levantamiento de los cuerpos y las respectivas investigaciones que pudieran arrojar más detalles sobre esta nueva masacre, que no es la primera en este territorio, a unos 200 km al suroeste de Bogotá.

 

El 21 de septiembre más de 500 familias víctimas del conflicto armado instalaron un campamento humanitario en Ciudad Bolívar (Bogotá), tras haber sido desalojadas arbitrariamente y no haber recibido propuestas de reubicación. Organizaciones sociales y familias denuncian abandono estatal, violación del derecho a una vivienda digna y falta de garantías laborales.

Un gran número de familias pertenecen a comunidades afro, indígenas, raizales y campesinas, quienes debido a la violencia, fueron desplazadas de sus territorios, lo que las llevó a emigrar hacia la ciudad de Bogotá, donde no han encontrado la oportunidad de reivindicar sus vidas, sino por el contrario denuncian que han sido re victimizadas.

“Aun habiendo emitido unas alertas tempranas en el mes de abril para las ayudas humanitarias y para que el Gobierno Nacional acogiera esta población y se pronunciara frente a los hechos de re victimización que han sido objeto, el Gobierno no ha tenido ninguna deferencia con nosotros la víctimas del conflicto armado”, denunció una habitante del campamento humanitario.

 

Buenos Aires, 22 de septiembre de 2020

Desde ChavismoSur expresamos nuestro firme rechazo y repudio al informe emitido por la denominada Misión Internacional Independiente, designada según resolución 42/25 por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, para evaluar presuntas violaciones de los derechos humanos cometidas desde el año 2014 en el suelo bolivariano.

Denunciamos el carácter tendencioso, sesgado, injerencista, belicista y falto de rigor metodológico del informe redactado por una oficina privada que traslada dichos, se parcializa y defiende intereses de actores pro-imperialistas e intervencionistas que han sido cómplices del gobierno de Estados Unidos en su afán por despojar a la República Bolivariana de Venezuela de sus recursos y violentar su autodeterminación soberana a decidir sobre sus propios asuntos.