Aviso

 

Este 30 de septiembre distintas víctimas de amputaciones oculares (personas que han perdido los ojos luego de disparos de la Fuerza Pública a sus rostros) por el ESMAD lanzarán una campaña de solidaridad que busca «evidenciar, sensibilizar y mantener la memoria» de las y los jóvenes que sufrieron la brutalidad y la fuerza desmedida del Escuadrón Móvil Antidisturbios.

Doce víctimas de amputaciones oculares por agresiones del ESMAD

Cristian Rodríguez, fue herido el 16 de diciembre, cuando se encontraba participando en una movilización que se dirigía hacia la Universidad Nacional de Colombia. El dictamen médico fue un estallido ocular, que le provocó la pérdida total de su ojo izquierdo.

Junto a él otras doce personas perdieron sus ojos en el marco de las jornadas de protesta del 21N. De acuerdo con Rodríguez, «estas agresiones dolorosas y traumáticas, generalmente quedan en la impunidad. Configurándose como un nuevo hecho victimizante, puesto que ni el Estado, ni las instituciones dan cuenta o responden por lo ocurrido».

 

Este sábado 26 de septiembre se presentaron enfrentamientos entre grupos armados en el Resguardo Inda Sabaleta, ubicado en Tumaco, Nariño. El ataque dejó cuatro personas fallecidas, entre ellas dos indígenas Awá y tres personas desaparecidas.

La Unidad Indígena del Pueblo Awa -UNIPA-, denunció que aproximadamente a las 5:00 a.m se dio el enfrentamiento entre los grupos armados. El combate duró varias horas y entre las personas que resultaron muertas está un indígena menor de edad perteneciente al Resguardo Awá de la Brava y un indígena Awá del Resguardo Inda Sabaleta. Otro integrante del mismo Resguardo fue víctima de desaparición forzada.

El Resguardo de Inda Sabaleta, advierte del posible desplazamiento masivo que se podría presentar si continúan los enfrentamientos entre grupos armados legales e ilegales. “Hasta el momento por la gravedad de las cosas, algunas familias han tenido que abandonar sus hogares buscando salvaguardar su integridad física”, afirmó la UNIPA.

 

La dirigente política colombiana, que ha denunciado recientes actos de brutalidad policial, ha recibido amenazas de muerte.

Escoltas de la exsenadora colombiana Piedad Córdoba sufrieron la noche del miércoles un atentado en la ciudad de Bogotá, del cual salieron ilesos.

Medios de prensa locales informaron que desconocidos dispararon contra el vehículo blindado asignado para la seguridad de la exsenadora y excandidata presidencial, que ha denunciado los recientes hechos de brutalidad policial cometidos contra la población civil.

De acuerdo con la información, Piedad Córdoba, quien ha recibido amenazas de muerte, no se encontraba en ese vehículo en el momento del atentado, por lo que se encuentra a salvo.

 

Desde la llegada de la COVID-19 a Colombia los costos de los alimentos que llegan a la mesa de las familias se han convertido en un importante indicador de la situación económica que se vive en uno de los países más golpeados por la pandemia y del poco interés del Estado por garantizar el mínimo vital a una población empobrecida en medio de la actual crisis.

En este momento, las cifras de contagio llegan a 813.056 casos confirmados y 74.400 activos, y a 25.488 muertes por el nuevo coronavirus, según el Instituto Nacional de Salud, mientras la atención del Gobierno Nacional se centra en una ‘reactivación inteligente’ de los grandes comercios y el capital financiero y no se ven acciones claras contra el hambre, la especulación y el acaparamiento de alimentos en momentos en que el despido de trabajadores por parte de los empresarios ha superado los 4,2 millones, de acuerdo con el DANE.

 

En Colombia, desde el Estado y las instituciones no se reconoce el derecho a la vivienda; al igual que en la mayoría de países de Latinoamérica. En estos países la vivienda es concebida como una mercancía y otra forma de acumulación de capital.

Uno de los factores que ha permitido el desconocimiento del carácter de derecho de la vivienda está directamente relacionado con la propiedad individual. Con base en este enfoque, el Estado ha promovido políticas de créditos hipotecarios y titulación de propiedades. Con esta perspectiva solo se benefician los bancos y las grandes constructoras del país, sin contar con los problemas de especulación de la tierra en las ciudades y la precarización de los hogares de los más pobres.

Debido a la emergencia sanitaria declarada desde marzo y la obligación de quedarse en casa que esta conllevó,  obligó a las organizaciones sociales y defensores de derechos humanos a centrar acciones en la problemática de vivienda. En el país un aproximado del 50% de la población no tienen trabajos fijos, estos derivan sus ingresos de trabajos