Aviso

 Se dio a conocer este 25 de octubre que Andrés Felipe Vanegas Londoño, el comandante Uriel, fue abatido en Nóvita, Chocó. El Ministro de Defensa y el Gobierno celebraron este acontecimiento como uno de los mayores triunfos militares del año, con el mismo discursillo que la élite siempre le ha aplicado a todos aquellos que han alzado su voz y han acudido a la rebelión:  «Abatimos a un terrorista, narcotraficante y secuestrador de niños…», ya saben… Lo de siempre. Todas esas falacias a las que suele recurrir la clase dominante son fácilmente asimilables y digeridas por la población por el hecho de que han tenido ventaja y superioridad al momento de difundir la versión, como decía Uriel, de los hechos militares, políticos e institucionales del país. Es decir, los Gobiernos de turno han sabido, a través de los medios masivos de comunicación, deformar mediáticamente la realidad y contar las cosas de tal forma que se ajusten a una versión, y tan solo a una.

 

De acuerdo a organizaciones y redes sociales, otra jornada de muerte acabó con la vida de varios líderes sociales y la ejecución de una matanza en el departamento del Cauca en Santander de Quilichao.

Indepaz informó el asesinato del dirigente popular Juan Carlos Petins, un comunero indígena del resguardo Nega Cxhab-Belalcazar de Páez, Cauca; convirtiéndose en el líder social 281 ultimado en el 2020.

Por su parte, el Consejo Regional de Indígena del Cauca, CRIC, notificó que la noche de este sábado fue asesinado Carlos Escue del Resguardo de Munchique Los Tigres, en el norte del Cauca. Carlos era músico y coordinador de agrupaciones juveniles. También el CRIC comunicó el crimen de Eduardo Pino Julicue de 31 años, comunero indígena, hijo de la ex consejera de la ACIN, Luz Eida Julicue.

El senador indígena Feliciano Valencia denunció en su cuenta de Twitter: «Tres indígenas asesinados hace pocos minutos en el Cauca, 2 en Santander de Quilichao y 1 en Caloto, los hechos ocurrieron a 10 minutos de las cabeceras municipales.»

 El crimen masivo e histórico del ejército del Estado colombiano contra los obreros de la desgraciada United Fruit Company estadounidense, marca la memoria de los pueblos 

La huelga grande estalló. Los cultivos se quedaron a medias, la fruta se pasó en las cepas y los trenes de ciento veinte vagones se pararon en los ramales. Los obreros ociosos desbordaron los pueblos. La calle de los Turcos reverberó en un sábado de muchos días, y en el salón de billares del Hotel de Jacob hubo que establecer turnos de veinticuatro horas. Allí estaba José Arcadio Segundo, el día en que se anunció que el ejército había sido encargado de restablecer el orden público. Aunque no era hombre de presagios, la noticia fue para él como un anuncio de la muerte, que había esperado desde la mañana distante en que el coronel Gerineldo Márquez le permitió ver un fusilamiento. (…)

La Defensoría del Pueblo había advertido el pasado 16 de abril al Gobierno colombiano sobre la incursión paramilitar en los resguardos de comunidades indígenas. Las Defensoría del Pueblo reveló que 906 indígenas fueron desplazados de El Brazo, Posamanza, Boro Boro y Bacuru Purrú.

El Defensor del Pueblo de Colombia, Carlos Camargo, alertó este domingo sobre el desplazamiento masivo de comunidades indígenas en el municipio de Bahía Solano, en el departamento de Chocó.

Camargo reveló que 906 indígenas fueron obligados a abandonar los territorios de El Brazo, Posamanza, Boro Boro y Bacuru Purrú, a causa de la agudización del conflicto armado impulsado por el grupo paramilitar Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC).

La Defensoría del Pueblo había advertido el pasado 16 de abril al Gobierno del presidente colombiano, Iván Duque, sobre la incursión armada en los diferentes resguardos indígenas del Chocó por parte de paramilitares.

 

La Comisión Política de Drogas de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, formada por Demócratas y Republicanos, dio a conocer una investigación donde se afirma que el «Plan Colombia», suscrito por los gobiernos Bogotá y Washington hace dos décadas, «ha sido un fracaso» en materia de producción y tráfico de drogas.

El informe indica que desde hace 20 años EEUU, lejos el principal mercado de drogas del planeta, asignó a Colombia 11.600 millones de dólares para terminar con el narcotráfico.

El 2019 se alcanzó la cifra récord de 212.000 hectáreas de coca cultivada, apunta el documento.