La promulgación de la Ley Orgánica de Extinción de Dominio, mecanismo legal inédito en Venezuela, es "un arma poderosa para combatir a las mafias y a los corruptos", según expresó el presidente Nicolás Maduro, en el contexto de las investigaciones emprendidas por la Justicia venezolana para esclarecer presuntos crímenes contra el erario público.
Previamente, este instrumento legal había sido debatido y aprobado por la mayoría de la Asamblea Nacional en dos sesiones. Posteriormente, como toda propuesta de ley orgánica, pasó a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que declaró su constitucionalidad.
El pasado 28 de abril, en un encuentro con un grupo de diputados, entre los que se encontraba el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, el mandatario venezolano agradeció la "celeridad y la urgencia parlamentaria" que se le dio a esta normativa, aprobada el pasado 27 de abril.
Maduro afirmó que esta es la "primera ley para golpear durísimo a las mafias corruptas" y agregó que "un grupete de corruptos y bandidos no pueden pretender manchar la Revolución Boliviana". "Es necesario sacudir los cimientos morales y éticos de la República", expresó.
Esta ley, que consta de 48 artículos, tiene como objetivo "establecer mecanismos" para identificar, localizar y recuperar los bienes y efectos patrimoniales "originados por actividades ilícitas" y llevar a cabo "la extinción de los derechos y atributos" de su dominio a favor del Estado, "mediante sentencia, sin contraprestación ni compensación alguna".
Las tramas de corrupción
La revelación de hechos de corrupción que han salpicado a altos funcionarios del Gobierno, autoridades locales y empresarios ha causado conmoción en el país y profunda revisión en las estructuras del chavismo, según han afirmado sus dirigentes.
Desde el pasado 17 de marzo, el Ministerio Público, por una petición de la la Policía Anticorrupción, inició los procesos contra una serie de exaltos funcionarios y empresarios señalados de cometer hechos irregulares en varios organismos públicos.
En total, según una entrevista televisiva hecha al fiscal general, Tarek William Saab, se han investigado y dictado condenas en 31 tramas de corrupción relacionadas con Petróleos de Venezuela (PDVSA), la Superintendencia Nacional de Criptoactivos (Sunacrip), el Poder Judicial, la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) y Cartones de Venezuela.
"Andaba con un carrito, ahora tiene un avión"
El primer vicepresidente del gobernante Partido Socialista Unido (PSUV), Diosdado Cabello, manifestó que la ley habría surgido ante la pregunta de qué hacer con los recursos obtenidos "de manera ilícita" por quienes llegan al poder o ejercen cargos de elección popular y "terminan vinculados a grupos de delincuentes o actos de corrupción".
Durante la presentación del proyecto de ley de extinción de dominio, Cabello puso un ejemplo: "De repente, una de estas personas que hasta ayer andaba en un carrito pequeño, ahora tiene un avión y no tiene manera de explicarlo, salvo por tener vínculos con hechos ilícitos. ¿Qué hacer con los bienes que están siendo retenidos?", cuestionó.
Hasta ahora, los bienes, dinero, títulos y valores de una persona investigada eran incautados por el Ministerio Público, con autorización de un juez de control. Del mismo modo, según Ley contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, existía el "embargo preventivo" por mandato de un tribunal o autoridad competente.
El origen de la ley
El proyecto de ley se basa en los acuerdos establecidos por el país suramericano con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés), que tiene una Ley Modelo de Extinción de Dominio que ha sido la base para la creación de textos jurídicos de ese tipo en Argentina, Perú, Bolivia, Honduras y Colombia. También sigue los parámetros de lo establecido en la Convención de la ONU contra la Delincuencia Organizada.
Según las disposiciones generales, se propone que el Estado pueda confiscar "mediante sentencia firme" los bienes de venezolanos y extranjeros vinculados con "delitos cometidos contra el patrimonio público y el tráfico ilícito de sustancias psicotrópicas y estupefacientes, así como los bienes de quienes se hayan enriquecido ilícitamente al amparo del poder público".
La finalidad de este instrumento legal es:
- Incrementar la efectividad de la acción del Estado contra la corrupción, la delincuencia organizada, el financiamiento al terrorismo, la legitimación de capitales y tráfico ilícito de sustancias psicotrópicas y estupefacientes.
- Reafirmar la aplicación y reconocimiento del derecho a la propiedad, teniendo presente que los bienes adquiridos con recursos de origen ilícito no adquieren legitimidad ni consolidan el derecho de propiedad, por lo que no pueden gozar de protección Constitucional o legal.
- Generar las condiciones para que los bienes y efectos patrimoniales relacionados o derivados de actividades ilícitas objeto de la extinción de dominio sean destinados a financiar las políticas públicas nacionales de protección y desarrollo del pueblo venezolano.
¿Qué es la extinción de dominio?
Según el proyecto, es una "declaración de titularidad a favor del Estado de los bienes y efectos patrimoniales de personas naturales o jurídicas" que tengan relación con actividades ilícitas, "mediante sentencia firme, sin contraprestación, ni compensación de ninguna naturaleza".
¿Quién llevará adelante la investigación?
El Ministerio Público iniciará y dirigirá la investigación en materia de extinción de dominio para "identificar, localizar y ubicar los bienes y efectos patrimoniales" a los que pudiera aplicársele esta ley.
Los "titulares aparentes" de los bienes serán identificados y le corresponderá a la Fiscalía acreditar el vínculo entre estos y los bienes supuestos a extinción de dominio.
Posteriormente, el ente acusador pedirá por escrito la acción de extinción de dominio ante el tribunal especializado, que deberá responder en un plazo de tres días si procede o no la decisión. La ley contempla la posibilidad de apelación a la decisión.
¿El Estado va a ser dueño de la propiedad privada?
La propiedad privada "adquirida legítimamente" está consagrada como un derecho protegido en la Constitución y varios tratados internacionales ratificados por Venezuela, sin embargo, cuando los bienes son producto de actividades ilícitas, existe una excepción.
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Los bienes quedarán bajo la custodia, mantenimiento, conservación y administración del Servicio de Bienes Recuperados, que será el ente único que podrá disponer de los recursos y objetos de origen ilícito y autorizar su uso, para evitar su deterioro.
¿Cuál será el destino de los bienes?
Los bienes declarados en extinción de dominio serán destinados principalmente reparar a las víctimas de actividades ilícitas, a través de financiamiento de los sistemas de protección social, atención y de los servicios públicos. También serán usados para mantener y ampliar la infraestructura pública.
Del mismo modo, se destinarán para la dotación y fortalecimiento operativo de los organismos de seguridad e instituciones encargadas del combate a la corrupción, la delincuencia organizada, el financiamiento al terrorismo, la legitimación de capitales y el tráfico ilícito de sustancias ilegales.
¿De qué se tratan los capítulos?
Esta ley cuenta con 48 artículos y tiene cuatro capítulos, tres disposiciones transitorias, una derogatoria y una final.
En el primero están las disposiciones generales y una lista de cuáles bienes son susceptibles de extinción de dominio; en el segundo se establecen las garantías procesales para las personas sometidas a la extinción de dominio; en el tercero se explican los procedimientos para aplicarla y en el cuarto están las disposiciones relacionadas con la administración y destino de los bienes.
En los apartados destacan los siguientes puntos:
- La acción para la declaratoria de la extinción de dominio es imprescriptible e independiente de la persecución y responsabilidad penal.
- Se crearán juzgados especiales para este tema. Si se comprueba que los jueces que los integran están envueltos en hechos irregulares se les aplicará el mismo procedimiento que los implicados.
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Quienes suministren información que contribuya a la obtención de evidencias o pruebas para la declaratoria de extinción de dominio podrán recibir una retribución equivalente a un porcentaje del producto incautado.
- En la aplicación de la Ley se garantizarán y protegerán los derechos reconocidos en la Constitución y los tratados internacionales.
