La lamentable situación socioeconómica mundial derivada de la emergencia sanitaria por la COVID-19, caracterizada entre otras cosas por el creciente desempleo y una mayor pobreza y miseria, ha hecho reaccionar, como era de esperarse, a millones de ciudadanos en todos los rincones del planeta. Personas comunes molestas no sólo por la crisis como tal, sino por el aprovechamiento que de la misma están haciendo las élites y los Gobiernos, y cuya principal consecuencia ha sido el aceleramiento de la formación de un nuevo orden mundial neoliberal, que está originando una tragedia social como no había pasado antes, con una minoría cada vez más rica y el resto de la humanidad cada vez más pobre, en medio de un totalitarismo global en ciernes, la construcción de la sociedad digital-cibernética de carácter vigilante-excluyente-desigual y en general de la mayor opresión y control social de la historia.
Lógicamente las protestas en todo el mundo han tenido una contundente respuesta por parte de las fuerzas policiales y otros grupos armados regulares e irregulares al servicio de los Estados. Se ha evidenciado durante la pandemia por el nuevo coronavirus, que los cuerpos de policía, por ejemplo, no son más que
mercenarios al servicio de los poderosos, con la importante función de ayudar a preservar el Statu Quo a como dé lugar, empleando la mayor violencia posible en caso de considerarla «necesaria». En este sentido, los policías no han dudado en detener arbitrariamente, torturar, asesinar y desaparecer incluso a ciudadanos que no han estado protestando de forma violenta, metiéndose con niños, mujeres, discapacitados y ancianos. En tiempos de crisis como la actual, los policías han exhibido su lado más oscuro para defender al orden establecido, ocasionando en no pocas veces verdaderos baños de sangre.
En el caso de Colombia, la brutalidad policial ha intentado en las últimas semanas contener la furia de numerosos ciudadanos, una especie de estallido social como respuesta parcial al manejo malintencionado de la pandemia por parte del Gobierno de Duque, que ha protegido a la élite económica colombiana y foránea de las consecuencias de la semiparalización por la COVID-19. La policía de Colombia, acostumbrada a actuar de forma delincuencial, ha aprovechado esta coyuntura para arremeter con notable saña contra el pueblo alzado, asesinando a decenas de personas e hiriendo a centenares o quizá a miles de individuos. Evidentemente la administración de Duque sabe que los cuerpos policiales colombianos actúan con brutalidad, y entonces justifica lo que hacen, algo que no sorprende para nada, considerando además que están a la orden de un Estado narcoterrorista, violador de derechos humanos a más no poder en nombre de la democracia burguesa. Más aún, algunas autoridades colombianas han planteado que las protestas fueron organizadas por guerrilleros y en ellas han participado delincuentes y terroristas con el único fin de destruir y robar; naturalmente esto no es más que una excusa gubernamental para el accionar policial violento contra los manifestantes:
“El presidente Iván Duque ha calificado estos disturbios como ’terrorismo urbano de baja intensidad’. El tótem de la derecha colombiana, el expresidente Álvaro Uribe, escribió en un tuit, borrado más tarde por la red social por contravenir sus normas, en el que apoyaba el derecho de soldados y policías a utilizar sus armas para defender su integridad. La izquierda lo interpretó como una invitación a un derramamiento de sangre.
El ministro de Defensa, Diego Molano, aseguró que los ataques contra los uniformados son acciones coordinadas por ‘disidentes’ infiltrados en las protestas. Dice que han sido premeditadas, organizadas y financiadas por las disidencias de las Farc, un pequeño grupo que no se atuvo al proceso de paz, y el ELN, la última guerrilla reconocida de Colombia. Por ahora no hay pruebas de que sea así. Molano contó que cuando una caravana de la policía buscaba en Cali gasolina para abastecerse, un grupo de asaltantes atacó las gasolineras cercanas y extorsionó a sus dueños.
El presidente desplegó al ejército para contener los actos de violencia, pero no ha dado resultado. Al revés, ha elevado la tensión. La respuesta del Gobierno ha sido redoblar efectivos. El director de la policía, el general Vargas, anunció que reforzará Cali con casi 1.500 policías más. Vargas no dio cifras concretas sobre muertes, solo aseguró que sus agentes actúan en defensa propia y respetando la ley. ‘Nadie ha dado instrucciones de disparar’, dijo”. https://elpais.com/internacional/2021-05-04/la-violencia-policial-se-descontrola-en-colombia.html
