La aprobación de la Ley de Dependencia en 2006, bajo el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE), se presentó como la “cuarta pata” del Estado del Bienestar en España.
Sin embargo, su desarrollo ha sido extremadamente deficiente en todo el Estado y especialmente en regiones como el Archipiélago canario. La ley prometía un sistema de atención homogéneo y accesible para todas las personas en situación de dependencia, independientemente de su lugar de residencia.
La realidad ha sido otra muy diferente. La falta de financiación adecuada, la mala gestión y las políticas de “austeridad” han convertido este derecho en una suerte de “privilegio” al alcance de pocos.
Los Gobiernos Autonómicos y la Crónica de un Fracaso
En Canarias, la situación ha sido especialmente grave. Durante los primeros años tras la aprobación de la ley, bajo el gobierno de Paulino Rivero (CC), en coalición con el Partido Popular (PP), la implementación fue más que lenta y deficiente. A pesar de recibir fondos del gobierno central, estos fueron insuficientes y mal gestionados. Los servicios prometidos no se materializaron y las infraestructuras necesarias, como residencias y centros de día, quedaron sin terminar.
La situación no mejoró significativamente en los años siguientes.
Durante la legislatura de 2011-2015, cuando Paulino Rivero gobernó en coalición con el PSOE, la crisis económica y los recortes del gobierno central dirigido por Mariano Rajoy (PP) agravaron aún más el problema. Canarias fue una de las comunidades más afectadas por estos recortes, lo que se tradujo en una reducción significativa de los fondos disponibles para la dependencia. La comunidad autónoma tuvo que asumir una mayor parte de la financiación, pero esto no fue suficiente para cubrir las crecientes necesidades.
Con la llegada de Fernando Clavijo (CC) en 2015, en otro gobierno, el retraso acumulado y la falta de planificación continuaron impidiendo un avance real. Aunque se incrementó el número de beneficiarios, Canarias siguió siendo la comunidad con peor desempeño en la aplicación de la Ley de Dependencia.
En el período reciente, con Ángel Víctor Torres (PSOE) al frente del gobierno de coalición con Nueva Canarias (NC), Podemos y la Agrupación Socialista Gomera (ASG), la situación crítica del sistema de dependencia en las islas permaneció con escasos cambios.
Actualmente, la ayuda a la dependencia sigue siendo un derecho que, en la práctica, no alcanza a la mayoría de los que lo necesitan. Según datos recientes del Imserso, en un Archipiélago con una población de 2,2 millones de habitantes, hay 253.565 personas que potencialmente requieren asistencia debido a su situación de dependencia. Sin embargo, solo 42.857 de estas personas están recibiendo la ayuda que necesitan, lo que representa un alarmante 16% del total. Además, más de 6.000 personas, pese a tener reconocido su derecho a la prestación, siguen esperando por una ayuda que en muchísimos casos acaba no llegando a tiempo.
A lo largo del pasado mes de julio, se realizaron 1.149 altas en los Programas de Atención Individualizada, mientras que 454 personas salieron del sistema, la mayoría de ellas por fallecimiento.
Estas cifras no solo reflejan la ineficiencia del sistema, sino que también ponen de manifiesto el impacto devastador que esta ineficiencia tiene en la vida de las personas dependientes y sus familias.
Un Sistema que fracasa en todo el Estado
Pero el fracaso, por falta de financiación, de la Ley de Dependencia no es exclusivo de Canarias.
A nivel estatal, el sistema ha mostrado profundas deficiencias desde su creación. A pesar de la retórica inicial que presentaba la ley como una suerte de revolución social, la realidad es que nunca se dotó del presupuesto necesario para cumplir sus promesas.
A nivel estatal, hay casi 400.000 personas esperando algún tipo de trámite relacionado con la dependencia, y solo comunidades como Castilla y León y el País Vasco cumplen con los plazos legales de seis meses para resolver las valoraciones. En otros lugares, como Canarias, las esperas superan con creces el año. Estas cifras demuestran que la ley, aunque bien intencionada, no ha sido capaz de satisfacer las necesidades de una población cada vez más envejecida y con mayores demandas de cuidados.
Además, la financiación del sistema ha sido profundamente desigual. Comunidades autónomas como País Vasco y Navarra invierten significativamente más por persona dependiente que regiones como Canarias y Galicia, lo que genera a disparidades regionales considerables. En un contexto de envejecimiento poblacional, la falta de una política coherente y financiada adecuadamente ha convertido un derecho teórico en una lotería territorial donde la suerte de las personas dependientes depende, en gran medida, de su código postal.
Las cifras de la vergüenza: Más de 160.000 muertos sin asistencia en solo 4 años
2020: Durante este año, marcado por el inicio de la pandemia de la Covid-19, 31.976 personas fallecieron en todo el Estado en las listas de espera de la dependencia, según el XXI Dictamen del Observatorio de la Dependencia, elaborado por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales. Fuente
2021: Un total de 43.381 personas fallecieron mientras estaban en la lista de espera de la dependencia. De estas, 26.212 ya tenían reconocido el derecho a una prestación, pero no llegaron a recibirla, y 17.169 estaban pendientes de resolución de grado ,según los datos oficiales publicados por el Imserso y analizados por el Observatorio de la Dependencia de esta organización, el Ministerio de Derechos Sociales y los gobiernos autonómicos. Fuente.
2022: Durante ese año, fallecieron más de 45.000 personas en las listas de espera de dependencia, según el XXIV Dictamen del Observatorio Estatal de la Dependencia. Fuente.
2023: Un total de 40.447 personas fallecieron mientras esperaban recibir prestaciones de dependencia. Esto equivale a más de 111 personas al día que murieron sin haber recibido la asistencia necesaria. Los datos fueron reconocidos por el Ministerio de Derechos Sociales a través del Portal de Transparencia. Fuente.
Los fallecidos en Canarias mientras esperaban recibir la ayuda de la Ley de Dependencia
2023: Un total de 2.300 personas fallecieron esperando la prestación de dependencia en Canarias, según los datos aportados por el titular de la Diputación del Común, Rafael Yanes. Fuente.
2022: 1.282 personas murieron en la lista de espera de dependencia en Canarias, según los datos del Gobierno autónomo. Fuente.
2021: 1.537 personas fallecieron mientras estaban en lista de espera, según el dictamen del Observatorio de la Dependencia. Fuente.
2020: Aunque las cifras exactas de 2020 no se encuentran tan desglosadas como en los años posteriores, se estima que miles de personas también murieron ese año en Canarias en similares circunstancias. En 2020, a nivel estatal, 31.976 personas murieron esperando asistencia, y Canarias fue una de las comunidades más afectadas. Fuente.
La tragedia humana detrás de las estadísticas
Detrás de estas durísimas cifras hay miles de historias humanas de sufrimiento y desesperación. Miles de familias afectadas, incapaces de ofrecer a sus familiares con dependencia la atención que merecen, y a la que tienen derecho por una ley que, en demasiados casos, acaba convirtiéndose en papel, mojado mientras esperan una ayuda que nunca llega. Las familias, que a menudo asumen el cuidado de sus seres queridos en condiciones extremas, se sienten, con razón, abandonadas por un sistema que prometió protegerlas y que, en cambio, las abandona a su suerte.
