Mucho se ha hablado acerca de la dilación en el nombramiento de una nueva fiscal general, en reemplazo de los funcionarios cuestionados por sus relaciones con la delincuencia, sus indebidas actuaciones políticas y por su inoperancia administrativa. Las trabas que se han presentado para dar cumplimiento a esta tarea constitucional, han derivado en hondas discusiones académicas, jurídicas y otras de impacto social. Es bueno advertir que muchas veces los que creen que ganan con sus trabas, en el corto plazo; generan otras discusiones de mayor trascendencia y pierden en el largo plazo, por las fuerzas sociales que provocan. Es el camino inevitable cuando se precisan y urgen transformaciones.
De una manera simple, una constitución es un contrato social que, por medio de normas, leyes, acuerdos, definiciones e instituciones, permite la sana convivencia entre los ciudadanos.
Dice la constitución política de Colombia en su artículo 3: "La soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana el poder público. El pueblo la ejerce de forma directa o por medio de representantes, en los términos que la Constitución establece".
De ese artículo surgen al menos tres comentarios. Se reconoce, de forma nominal ¾ como lo es mucho de su contenido ¾ que el pueblo es el constituyente primario; que los funcionarios son servidores públicos, pagados por la ciudadanía, y no al revés, como se creen algunos que quieren imponerse como potentados a quienes la ciudadanía debe rendirles pleitesía; crecidos y engreídos.
La peor parte de este artículo 3 es que el pueblo delegó constitucionalmente, el poder en el presidente, gobernadores, alcaldes, ministros, senadores, asambleístas, concejales, altas cortes, fiscalía, contraloría, procuraduría, defensoría del pueblo, direcciones corporativas, fuerzas armadas; muchos de esos cargos en manos de enemigos del pueblo y del país. Dicen los historiadores que, cuando los encargados de cuidar a la tribu, se diferenciaron de la comunidad, empezó la lucha de clases. El poder se alienó.
Por esto, es constante y común encontrar funcionarios pagos que actúan en contrario de lo que exige la ciudadanía; así la corte suprema de justicia elige una nueva fiscal, si le da la gana. También surgen camarillas que se enmaridan y entrecruzan los nombramientos de manera omnipotente, sin posibilidad de control ciudadano. Vuelven una burla lo del constituyente primario. Por eso, hoy más que nunca, se hace más clara la necesidad de una asamblea constituyente que aniquile la corrupción en las instituciones, ahora en manos de la narco delincuencia organizada, que ha enredado a toda la institucionalidad con el bajo mundo de la criminalidad, en donde la población es la mayor víctima.
Una forma más precisa de expresar esto, es que la conciencia de los pueblos ha avanzado y ve que el estado colombiano siempre ha sido manejado por la delincuencia oligárquica. No hay mucho de nuevo en el panorama político nacional.
Esto es, por entorpecer el nombramiento de un funcionario, se ve la urgencia de cambiar el modelo estatal definido por una constitución nominal, deformada en su aplicación y no democrática en su cumplimiento.
Sí a Colombia potencia mundial de la vida. Sí a una asamblea nacional constituyente.
Febrero 23 de 2024
