1.-El derecho a la viviendaLo que ha sucedido en Cáceres hace unos días con la muerte de una persona sin techo, nos lleva a la reflexión general del problema de la vivienda, elemento básico que necesitan todas las personas para una vida digna.
En las sociedades capitalistas el problema de la vivienda no se considera un asunto de vital importancia por el Estado ni por los gobiernos, aunque en sus normas constitucionales se considere hipócritamente el derecho que tienen todas las personas a la vivienda. En el caso de España, el artículo 47 de la Constitución Española declara que todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada y atribuye a los poderes públicos la obligación de promover las condiciones necesarias y establecer las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho. Las normas internacionales y los convenios suscritos por el Estado español también reflejan este derecho a la vivienda. Así la reciente Ley 12/2023 de 24 mayo, por el derecho a la vivienda, recoge en su exposición de motivos que esta necesidad se encuentra recogida en el art. 25.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, y en el art 11.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del 19 de mayo de 1966, así como en otros acuerdos internacionales que siempre recuerdan la vivienda como elemento vital de los seres humanos. Del mismo modo, la UE recoge en la carta social de 1961, reforzada en 1996 este derecho fundamental. No obstante, el impacto de todas estas normas relativas al derecho a la vivienda no se ven reflejadas en la realidad extremeña ni en la nacional. Todas estas normas y reglamentos quieren mostrar la cara amable de la sociedad capitalista y esconder los intereses de las clases dominantes. Lo cierto es que la vivienda en el capitalismo es una mercancía y como tal está sometida a la ley de la oferta y la demanda, es decir, es un valor de cambio orientado a la acumulación capitalista. A mayor escasez, mayor precio y mayor beneficio de sus poseedores. La intervención del Estado para resolver este problema es prácticamente nula, no hay mucho interés en reducir los beneficios de los capitalistas.
Lo que se pone de manifiesto día tras día, noticia tras noticia es que las ideas de las clases dominantes son las que predominan en la sociedad. A ello colaboran los medios de comunicación de masas que transmiten a la población lo que quieren los poderes públicos. Los intereses de los grandes propietarios conforman el pensamiento de las clases trabajadoras que de este modo aceptan pacíficamente y muy convencidas las consecuencias de las carencias habitacionales.
El nuevo gobierno de la Junta de Extremadura no va a cambiar en nada sus políticas y no va a superar la parálisis del anterior gobierno de VARA. El gobierno del PP-VOX seguirá machacando los intereses de las clases trabajadoras, no va a tomar medidas que afronten este problema porque no forma parte de su esfera vital. No es de su interés político la escasez de viviendas sociales y el empobrecimiento de la población con la subida de los precios.
En este orden de cosas, un gobierno al servicio del pueblo expropiaría los pisos en manos de entidades bancarias y grandes poseedores para ponerlos en alquiler social, llevaría a cabo la creación de Bancos Locales con la adquisición de viviendas en venta, y no dudaría en el desarrollo y la puesta en funcionamiento de un plan de construcción de viviendas, bajando el precio de las hipotecas, etc.
2.- La anulación de todas las leyes que impiden y persiguen la libertad de opinión y expresión.
El hecho que pone de relieve que la constitución monárquica del 78 y su legislación están alejadas y en oposición a la realidad que vive el pueblo trabajador viene reflejado en la falta del cumplimiento de derechos humanos fundamentales como los señalados en punto 1, y en aspectos como los referentes a la libertad de expresión y opinión. Las leyes reaccionarias que se aplican poco tienen que ver con una sociedad en donde la libertad y la democracia debieran ser su hábitat natural.
Así, el Artículo 20 de la Constitución Española dice literalmente que “Se reconocen y protegen los derechos: A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción. A la producción y creación literaria, artística, científica y técnica. A la libertad de cátedra”.
El caso de TALAYUELA vuelve a poner negro sobre blanco el tratamiento nefasto que recibe la libertad de expresión y opinión en el estado español. El asunto es que las tres fuerzas políticas PP, VOX y EXTREMEÑISTAS que gobiernan el ayuntamiento han censurado una obra de teatro porque según dicen los censores “contiene escenas que no la consideran aptas para todos los públicos”.
Los representantes políticos e institucionales que se llaman progresistas (PSOE-SUMAR) han denunciado esta censura a la cultura, lo que de por sí es importante, a pesar de que son responsables en el mantenimiento de toda la estructura legislativa que da pies y alas a estos comportamientos censores. No se puede dejar de lado que hay muchas personas con militancia política y artistas que están sufriendo exilios, penas de cárcel y denuncias a consecuencia de haber hecho uso de su libertad de expresión y opinión.
La hipocresía también alcanza a la presidenta de la Junta de Extremadura, MARÍA GURDIOLA, que se mantiene callada respecto a este caso concreto de la localidad extremeña, con la suspensión de la obra de teatro EL SEÑOR PUTA O LA DEGRADACIÓN DEL SER. Sin embargo, en recientes declaraciones “echa flores y aplaude la libertad de expresión que rezuma el festival de Teatro de Mérida”.
En este caso concreto se ha formado un pequeño revuelo, con una presencia limitada en los medios de comunicación y controlada por el poder. No podemos olvidar que en este país se persigue y se encarcela con las normas y leyes que el gobierno más progresista del mundo mundial mantiene en vigor. Son muchas las personas las perseguidas cuando denuncian la corrupción, los abusos de poder y los comportamientos contra los derechos humanos que se lleva a cabo por amplios sectores de las altas magistraturas del estado ya sean monárquicas, judiciales, policiales, religiosas y económicas.
El único camino que tenemos por delante es trabajar para impulsar la organización y la correlación de fuerzas sociales y políticas capaces de cambiar este estado de cosas que permite el control social de las clases dominantes del régimen monárquico. La lucha de clases debe tomar la fuerza suficiente para avanzar hacia una República al servicio de las clases trabajadoras, que nos ponga en camino del socialismo.
