El presidente de Bolivia promulga una serie de leyes que permiten al país salir de la recesión económica en que se encuentra por gestión del gobierno golpista.
Luis Arce Catacora promulgó el jueves una serie de leyes que permitirán, mediante diversos créditos externos, el pago de un bono social para estimular la demanda interna del país y afrontar las consecuencias de la pandemia del nuevo coronavirus, causante de la COVID-19.
“Esta es nuestra primera medida para la reconstrucción y reactivación de la economía boliviana. #VamosASalirAdelante”, apuntó Arce en su cuenta en Twitter.
Se trata del “Bono contra el Hambre”, que busca reforzar la economía del país, que sufre por el momento “una recesión profunda”, de acuerdo con el mandatario, y así desplazarse hacia “la reconstrucción de la demanda interna en el país”, según explicó el mandatario del partido Movimiento al Socialismo (MAS), en el que también milita el expresidente boliviano Evo Morales.
Arce precisó que el pago del beneficio, equivalente a unos 143 dólares, que beneficiará a más de 4 millones de personas mayores de 18 años sin ingresos fijos, comenzará a partir de los primeros días de diciembre.
El bono aprobado también llegará a sectores que ya reciben algunas rentas de parte del Estado, como las madres gestantes, personas con discapacidad y ancianos, agregó el jefe de Estado.
En su discurso de toma de posesión, Arce afirmó el domingo que la gestión de la presidenta del gobierno de facto de Bolivia, Jeanine Áñez, hundió al país en una crisis económica que, de hecho, comenzó en noviembre de 2019, tras el golpe de Estado en contra de Morales, dejando al país con millones de dólares de deuda.
Arce fue ministro de Economía del país durante la gestión de Morales (2006-2019) y parte importante del denominado “milagro económico” del país andino. Bajo su gestión, al frente de esta Cartera, a partir de la nacionalización de los hidrocarburos de 2006, que coincidió con un boom sin precedentes de los precios del petróleo, Bolivia comenzó a crecer a un ritmo anual del 4,9 %, y la pobreza extrema se redujo de 38,2 % en 2005 a 17,1 % en 2018, según cifras oficiales.
La bonanza permitió pagar bonificaciones a miles de mujeres embarazadas, escolares y ancianos, e inversiones millonarias para intentar industrializar el litio y el gas natural.
