“Se solicita personal. Requisitos: No contar con enfermedades de ningún tipo, ni crónicas, como hipertensión, diabetes, obesidad. Ser mayor de edad y hasta 55 años”. Este es uno de los más de nueve anuncios similares que ha encontrado Alberto en bolsas de trabajo en los últimos tres meses. Él tiene diabetes y también es hipertenso.
Desde febrero su situación es complicada. La empresa en la que laboraba como contador hizo recorte de personal y él se quedó sin empleo. A pesar de la pandemia por COVID-19 ha seguido buscando trabajo, pero no ha conseguido nada en más de 5 meses.
“Sí, hay miedo, pero la necesidad es más fuerte. La liquidación que me dieron me da para sobrevivir un mes más”, cuenta.
Al inicio de año el principal obstáculo que le ponían los reclutadores era la edad. “Ellos necesitan gente máximo de 45 o 48 años, y yo tengo 56. No he dejado de mandar solicitudes, pero no ha salido nada”.
Ahora, cuando Alberto ve en las vacantes un rango mayor de edad y que él puede postularse al puesto, encuentra algo que no había detectado en su búsqueda a inicios de año: las empresas no se quieren arriesgar a contratar gente con alguna comorbilidad.
“He intentado trabajar como empleado general en fábricas, pero te reciben hasta los 40. Incluso me postulé a una vacante de limpieza ya en semáforo naranja en la CDMX y me dijeron que por la situación del COVID y mis enfermedades no me podían contratar”, comenta.
La edad ya no es la única limitante para hallar empleo. En plena pandemia y crisis económica estar enfermo y padecer alguna enfermedad crónica es un obstáculo.
Apenas en junio, frente a la unidad habitacional en la que vive en la alcaldía Gustavo A. Madero, Alberto puso junto a su esposa un puesto en donde vende por las tardes postres y antojitos en lo que encuentra trabajo.
“Mi esposa es secretaria y sigue trabajando desde casa, pero le recortaron su sueldo, así que decidimos vender para ayudarnos con los gastos”, cuenta el hombre que tiene dos hijas, una joven de 16 años, y otra de 18.
De acuerdo con los datos más recientes del Inegi, durante julio el número de trabajadores informales se incrementó en 1.7 millones, para alcanzar la cifra de 27.3 millones de personas que trabajan sin prestaciones, ni acceso a servicios de salud o ahorro para el retiro, como es el caso de Alberto.
“Tenemos el estigma de estar enfermos”
La diabetes, hipertensión, sobrepeso, obesidad, enfermedades pulmonares, del corazón o renales, son las principales condiciones médicas (comorbilidades) que aumentan el riesgo de muerte si se contrae COVID-19, de acuerdo con autoridades de Salud.
Además de los adultos mayores, las personas con padecimientos como cáncer, lupus, VIH, o autoinmunes, también están en el grupo de mayor vulnerabilidad en caso de contraer coronavirus. De contagiarse, tendrían mayores implicaciones ante un sistema inmune debilitado.
La Secretaría de Salud indica que el número mayor de fallecidos por COVID está entre quienes padecen hipertensión (44.64%), diabetes (38.16%), y obesidad (24.46%).
Para una persona con algunos de estos padecimientos, enfermar de COVID es muy peligroso y la recomendación desde el inició de la pandemia fue quedarse en casa y guardar sana distancia, pero ante la situación económica, para muchos ha sido imposible.
“El COVID nos trajo discriminación, tenemos el estigma de estar enfermos y que podemos morir. “Nos cierran las puertas, pero cada caso es distinto, eso deberían ver las empresas. De qué me sirve quedarme en casa si no tengo para vivir”, señala Alberto.
Algunas empresas no quieren arriesgarse a contratar a población en riesgo, cubrir su seguridad social, mandarlos a trabajar desde casa o descansarlos cuando el semáforo epidemiológico cambie. Sin embargo, poner como requisitos en las vacantes no tener ninguna enfermedad −en particular algún padecimiento crónico−, para ser contratados, es discriminatorio.
También se ha detectado que hay empleadores que exigen presentar un “comprobante” de que no se padece COVID-19, como documentó Animal Político en un reportaje previo. La prueba se está volviendo un requisito indispensable, como si fuera comprobante de estudios, para poder tener un empleo.
De acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), estas prácticas son discriminatoria y las empresas se justifican por las medidas que han dispuesto las autoridades.
A nivel estatal incluso ya hay recomendaciones por parte de organismos de derechos humanos − principalmente en el norte del país−, donde empresas maquiladoras despidieron y no están contratando a personas con alguna comorbilidad. Y es que el rechazo o discriminación laboral resulta violatorio al derecho al trabajo.
“Las empresas buscan gente sana”
Sara, de 32 años, se postuló a una vacante para desarrollar proyectos de marketing. Aunque tiene empleo, debido a la crisis económica su sueldo fue recortado 30%, así que decidió buscar nuevas oportunidades.
Mandó su CV y le agendaron una entrevista por internet. La reclutadora le dijo que tenía un buen perfil, que le interesaba conocer más de sus logros laborales y también le informó de las prestaciones que la empresa ofrecía.
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La conversación, cuenta Sara, marchaba bien hasta que la reclutadora le preguntó cómo había llevado la pandemia hasta ahora en su actual trabajo y si había escuchado que tener sobrepeso era muy riesgoso ante el COVID-19.
Desde hace dos años Sara está 6 kilos arriba de su peso por problemas con su tiroides. A pesar de que está en tratamiento su peso no es constante, sube y baja. La preocupación, ansiedad y estrés por las mismas noticias que escucha sobre el coronavirus, por el recorte salarial y como solventar sus deudas han repercutido en su salud y hábitos alimenticios. Sara está ahora 14 kilos arriba de su peso.
“Me dijo que mi perfil era muy bueno, pero cuestionó si estaba atendiendo mi problema de obesidad, si ya estaba en algún tratamiento o dieta, que la empresa no se fijaba en lo físico pero que era importante que sus trabajadores se cuidaran porque no podrían estar dando permisos, que la empresa buscaban gente sana, más en plena pandemia porque no siempre se puede hacer home office”.
Le dijo que hay que presentar proyectos a clientes y en ocasiones viajar y quería saber si tenía algún padecimiento y en dónde se atendía.
“Tardé en responder. Me sorprendí mucho. En ninguna entrevista laboral me habían cuestionado eso. Sé de historias que prefieren a gente con buena presencia física, pero yo nunca había tenido problemas con esto. Esta fue la primera entrevista a distancia que hice y me dejó aún más deprimida”, cuenta Sara.
“Creo que merezco la oportunidad como cualquier persona, puedo tomar las medidas sanitarias como todos, he seguido trabajando, cuidando de no contagiarme. Sé que tengo un problema con mi tiroides y ahora se me salió un poco de control por cuestiones de ánimo, estrés, pero lo estoy atendiendo. No es posible que por estar gordita pierda un trabajo porque piensen que me voy a enfermar y estaré pidiendo permisos. Todos estamos en riesgo de contraer COVID. Quien me entrevistó me vio a través de la computadora, eso me hace sentir muy mal”, dice.
No vivir en zonas de alto riesgo, lo que llegan a pedir
En una búsqueda que realizó Animal Político en dos bolsas de trabajo en línea con cobertura nacional, detectó al menos cinco ofertas laborales para el área administrativa en donde se pide no tener ninguna enfermedad de riesgo ante el COVID. Cuatro más en el área de ventas (en dos se pide no tener sobrepeso, y en dos no padecer ninguna enfermedad y comprobarlo con examen médico).
También dos vacantes en el sector bancario que exigen como requisito: “No pertenecer a un grupo de alto riesgo de contagio de SARS-CoV-2”. Dos puestos para empleados generales indica: “Indispensable no vivir en zonas de alto riesgo Covid”. Ambas ofertas laborales eran en la alcaldía Cuajimalpa.
En tres vacantes para el área de limpieza se detectó que pedían para ser contratados no padecer ninguna enfermedad, “jóvenes menores de 25 años sin factor de riesgo”. Y una más decía: “¿No te contratan por la edad? Te estamos buscando. Edad límite: 60 años. Indispensable no ser diabético, hipertenso, tener obesidad o algún problema del corazón o respiratorio”.
El Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación (Conapred) informó que desde el 19 de marzo al 11 de septiembre se han presentado 427 quejas relacionadas con el COVID-19. La entidad donde más quejas por discriminación se han presentado es la Ciudad de México, seguida del Estado de México, Veracruz y Jalisco.
La mayoría de las denuncias son de personas que han sido obligadas a trabajar estando en situación de riesgo (85), seguida de la negación u obstaculización de un servicio privado (82). En tercer lugar se ubican las denuncias por desempleo, negación de contratación, despido y disminución de salario (48).
Le siguen aquellas relacionadas con insultos, burlas, amenazas o maltratos (28); hostigamiento vecinal, condominal o en covivienda (27); hostigamiento laboral (28), e inobservancia de medidas de confinamiento o sanitarias (23).
De acuerdo con información del Conapred, son 12 las quejas relacionadas con la prohibición u obstaculización para trabajar; tres por expresiones discriminatorias, y una por discriminación por apariencia física.
Se registraron dos peticiones relacionadas con la búsqueda de empleo. En una de ellas se pedía para ingresar a laborar no ser portador de COVID-19, entre otras enfermedades. En otra, una persona de 42 años del Estado de México acudió a pedir empleo pero se lo negaron argumentando que “conforme al criterio adoptado por la empresa, las personas de esa edad forman parte de la población de alto riesgo de contraer COVID-19”.
Aunque podrían registrarse más casos, por lo regular la gente no denuncia, solo deja pasar las vacantes que encuentra con estas características.
Ocultar información para trabajar
Eduardo Reyes, de 57 años, es abogado especializado en derecho migratorio. En febrero el despacho donde laboraba comenzó a tener problemas económicos que se agudizaron con la pandemia y perdió su empleo.
Debido a la relación que tiene con clientes y con el mismo despacho ha continuado llevando casos de manera independiente, pero ya no cuenta con un sueldo fijo ni con prestaciones.
En esa empresa trabajó durante 13 años, y aunque “no está en ceros” económicamente, desde hace seis meses busca un empleo. Se le ha dificultado debido a la edad. La mayoría de las ofertas ponen como límite de 45 hasta 55 años.
Para que ese obstáculo no sea mayor, Eduardo no dice a los reclutadores que padece asma. Cuando lo entrevistan o lleva formularios en donde lo cuestionan sobre su estado de salud pone que no padece ninguna enfermedad.
“Sí, lo hago porque mi asma no es muy grave y para que no sea un impedimento que me contraten. Hasta en invierno comienzan a atacarme los síntomas, pero puede pasar por una alergia o gripe de temporada”, cuenta en entrevista.
El panorama laboral y la complicada situación económica orilla a las personas a mentir u ocultar información sobre su estado de salud, lo cual es riesgoso tanto para la empresa como para el trabajador.
“Tengo buena experiencia laboral, formación académica, dos maestrías, diplomados, actualizaciones en mi área, tengo las habilidades, pero ya no la edad que se requieren. No debería existir este tipo de restricciones, ni por edad, ni por tener alguna enfermedad”, señala.
No hay manera, afirma Eduardo, que una persona con algún padecimiento que deba trabajar pueda aislarse por completo ante los riesgos de contagiarse de COVID, más cuando se pronostica una pandemia larga. “Es un privilegio que no todos tienen”.
De los 12 millones de personas que salieron de la Población Económicamente Activa en abril de 2020, regresaron ya alrededor de 7.2 millones para julio, pero aún hay 5 millones de personas que todavía no retornan al mercado laboral.
La tasa de desocupación en julio se ubicó en 5.4%, lo que representa a 2.8 millones de personas que no cuentan con un trabajo.
La población desocupada de 25 a 44 años representa el 50.7%, seguido del grupo de 15 a 24 años con 28%. Las personas de entre 45 a 64 años sin empleo durante el séptimo mes del año fue de 19.8%.
De acuerdo con la más reciente Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del Inegi, el 42.3% lleva hasta un mes sin laborar, el 35.5% hasta tres meses, y 18.4% lleva más de tres meses sin trabajo.
