El nuevo presidente del Brasil, Jair Bolsonaro, estrenó su gobierno con un fuerte golpe a los pueblos indígenas y a las ONG a través de la firma de dos decretos. Uno, en el que transfiere los poderes de la Fundación Nacional del Indio (Funai) al Ministerio de Agricultura, y otro que concede al ministro de la Secretaría de Gobierno, Carlos Alberto Dos Santos Cruz, la misión de “supervisar, coordinar, monitorear y acompañar las actividades y las acciones” de las ONG.
Además, esta semana el ministro de Medio Ambiente, Ricardo Salles, aseguró que Brasil no se comprometerá con “nuevas metas” de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero junto a la ONU y defendió el desarrollo de “ciertas actividades económicas” en zonas de conservación.
Una familia quilombola cruza el Río Blanco en Vão de Almas, Brasil, 20 de mayo de 2009. / EVARISTO SA / AFP
Bolsonaro dejó claro en campaña que su compromiso no era con el medioambiente. Sus primeras medidas lo corroboran. Hablamos con Mauricio Guetta, investigador de Derecho Ambiental por la Universidad de Cape Town y asesor jurídico del Instituto Socioambiental de Brasil.
RT: En una de las primeras medidas de Gobierno, Bolsonaro decidió traspasar al Ministerio de Agricultura la cuestión de la demarcación de las tierras indígenas ejecutada por la Fundación Nacional del Indio (Funai). ¿Por qué?
M.G.: Es una medida destinada a atender a la bancada ruralista [terratenientes vinculados al agronegocio]. La intención de transferir la demarcación de tierras indígenas y quilombolas [grupo étnico, predominantemente constituido por población de raza negra rural y urbana] al Ministerio de Agricultura [dirigido por la ministra Tereza Cristina Dias, líder de la bancada ruralista en la Cámara de Diputados] es que exista un control sobre las decisiones del gobierno en relación a esos temas.
Se trata de una medida que subordina derechos fundamentales de minorías que están previstos en la Constitución brasileña a los intereses de un sector económico que en los últimos años se ha mostrado contrario a los derechos de las personas. Lo que surge es un gran conflicto de intereses con una bancada ruralista que fue contraria a las demarcaciones y que hoy tiene el poder en sus manos para decidir todo sobre ese tema.
RT: ¿Qué puede suceder?
M.G.: Evidentemente, la consecuencia más drástica es la paralización completa del reconocimiento de esos territorios tradicionales. Por otro lado, según lo anunciado por el propio gobierno, existe la posibilidad de que tierras indígenas y quilombolas ya reconocidas, con procesos de demarcación finalizados, puedan ser eventualmente revisadas y anuladas por el gobierno.
RT: ¿Es posible preservar los intereses del agronegocio con una agenda ambiental?
M.G.: Por supuesto. Nosotros hemos defendido mucho que no hay antagonismo entre la preservación ambiental y el desarrollo de actividades económicas, pero debe haber un equilibrio entre las agendas y no adoptar medidas extremas de un lado u otro. En este caso el gobierno de Bolsonaro privilegia las actividades agropecuarias a costa de la deforestación ilegal y otras actividades ilegales que no representan sostenibilidad.
RT: Bolsonaro afirmó esta semana que los indígenas son “explotados” y “manipulados” por las ONG.
M.G.: Los pueblos indígenas son autónomos e independientes desde la Constitución del 88. No necesitan de nadie para decidir qué quieren. Si el gobierno de Bolsonaro pretende adoptar alguna medida en relación a los derechos de los pueblos indígenas, en primer lugar debe consultarles. En Brasil, el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) establece que cualquier medida legislativa o administrativa que puede impactar a los pueblos indígenas tiene que ser consultada a sus líderes. No me parece adecuado que una organización o el mismo gobierno hablen en nombre de los pueblos indígenas, ellos tienen su propia representación nacional.
RT: El gobierno anunció que explotará áreas hasta ahora preservadas, como la gigantesca reserva indígena Raposa Serra do Sol, en el estado norteño de Roraima. ¿Es una medida constitucional?
M.G.: Las tierras indígenas son, según la Constitución brasileña, de posesión permanente y de usufructo exclusivo de los pueblos indígenas, lo que significa que solo ellos pueden usufructuar su territorio. En la Constitución hay sólo una excepción que habla de actividades mineras y emprendimientos de potencial hidroeléctrico. Para que haya esas dos actividades dentro del territorio indígena, según la Constitución, es necesaria una ley ordinaria que no existe todavía en Brasil. Por lo tanto, por ahora esas actividades están prohibidas porque no existe esa ley.
RT: El Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (Incra) –que en casi medio siglo instaló a 1,35 millones de familias en 9.449 asentamientos que ocupan 89,4 millones de hectáreas– ordenó esta semana suspender todos los proyectos de atribución de tierras. Un día después revocó esta decisión.
M.G.: Sí, el gobierno echó atrás esta medida. De todas formas, paralizar el reconocimiento de esos territorios, que son un derecho fundamental de los pueblos indígenas y quilombolas, seguro que agravaría los conflictos. Si tienes una situación de facto conflictiva en el campo, no será la simple omisión gubernamental la que traerá resultados positivos, sino todo lo contrario. Cuando el Estado no está presente en situaciones de conflictos de tierras, la tendencia es un aumento en el número de conflictos y también de su gravedad.
RT: Brasil retiró su candidatura para acoger la Conferencia de las Partes de la Convención del Clima (COP-25) en 2019. ¿Qué significa esta medida?
M.G.: El gobierno de Bolsonaro editó un decreto sobre la nueva estructura del Ministerio del Medio Ambiente, y dos temas claves, la lucha contra el cambio climático y la deforestación ilegal, que siempre estuvieron a cargo de ese ministerio, desaparecieron de sus competencias. Esa decisión [de retirar la candidatura] concuerda con los discursos anteriores del gobierno de que no prestará atención a esa agenda.
Vista aérea sobre zonas de explotación de madera en tierras quilombolas en el estado de Pará, Brasil, 14 de octubre de 2014. / RAPHAEL ALVES / AFP
RT: La posición sobre la permanencia en el Acuerdo de Brasil es ambigua, con muchas idas y venidas sobre el tema.
M.G.: En este caso no hay una definición del gobierno sobre qué camino seguir o no, por lo que no se puede hacer un comentario del Acuerdo de París. Hay mensajes divergentes entre los representantes del gobierno, entre el canciller, el propio presidente y el ministro de Medio Ambiente.
RT: ¿Cuáles son en su opinión los principales problemas a los que se enfrenta el país en materia de medioambiente?
M.G.: Con la desestructuración de las políticas públicas, puede haber un estímulo para los crímenes ambientales. La deforestación en la Amazonia en periodo electoral creció vertiginosamente y eso es un reflejo directo de las declaraciones públicas del gobierno electo, en el sentido de que [según dijo en campaña Bolsonaro] los órganos de control ambiental son una industria de la multa y que la política será revisada.
Ahora, con la confirmación de que el control de la deforestación ilegal no figura en esas atribuciones del Ministerio de Medio Ambiente, trae como consecuencia más inmediata daños concretos al medioambiente: deforestación ilegal, excavación de oro ilegal, extracción ilegal de madera. Actividades ilegales, criminales, por tanto, que han sido estimuladas por el nuevo gobierno. También hay un temor de que se flexibilicen las leyes brasileñas que determinan la preservación ambiental.
RT: En estos momentos Brasil tiene un ministro de Medio Ambiente, Ricardo Salles, que fue acusado de permitir actividades industriales en áreas protegidas.
M.G.: Hay un proceso judicial sobre eso y hay que esperar a la deliberación de la Justicia en relación a la condena del ministro, confirmada en primera instancia.
Marta Miera
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