Solicitan ampliar investigaciones contra el expresidente de Brasil por incurrir en actos que incentivan a que otras personas violen la ley.
Un grupo de 79 fiscales y subprocuradores del Ministerio Público Federal enviaron al procurador general de Brasil, Augusto Aras, una representación penal contra el expresidente de derecha Jair Bolsonaro por el delito de incitación.
De acuerdo con medios de prensa, en el documento se exige que Bolsonaro sea inquirido en el ámbito de las investigaciones de las fake news (noticias falsas), de los actos antidemocráticos y de las milicias digitales, casos bajo supervisión del Supremo Tribunal Federal (STF).
El texto precisa que existe una publicación realizada por Bolsonaro en la madrugada entre el 10 y 11 de enero y a través de su cuenta en la red social Facebook, que puede considerarse un acto de incitación, pues se incentiva y estimula públicamente a que otras personas violen la ley.
Añade que dicha publicación incluye un video en el que se cuestionó el resultado de las elecciones de octubre de 2022 que dieron la victoria en las urnas al presidente Luiz Inácio Lula da Silva, se atacó nuevamente al voto electrónico y se apuntó a un supuesto fraude.
El video en cuestión incluye un fragmento de una entrevista concedida por un procurador del estado de Mato Grosso do Sul, en la que este asevera, sin aportar pruebas, que hubo fraude, que el voto electrónico no es confiable y que Lula no fue electo por el pueblo, sino por el STF y el Tribunal Superior Electoral.
La denuncia de estos fiscales y subprocuradores tiene lugar días después del asalto y vandalización por bolsonaristas de las sedes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, en Brasilia, el 8 de enero pasado, de lo cual ha sido responsabilizado Bolsonaro.
Horas atrás, el subfiscal general Lucas Rochas pidió al ministro Bruno Dantas, presidente del Tribunal de Cuentas, que se bloqueen los bienes del expresidente de ultraderecha para resarcir los daños causados por sus seguidores.
La medida también se aplicaría al exgobernador de Brasilia, Ibaneis Rocha, y al exsecretario de Seguridad capitalino, Anderson Torres, aliados de Bolsonaro y cesados en sus cargos.
Medios locales dieron a conocer este viernes que, tras allanar la vivienda de Anderson Torres, la Policía Federal encontró el borrador de un decreto que permitiría a Bolsonaro establecer un estado de defensa en la sede del TSE.
Según ese borrador, el exgobernante tendría la intención de revertir de manera autoritaria y anticonstitucional el resultado electoral que llevó a Lula a la Presidencia del país. Sobre Anderson pesa orden de detención.