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Un reciente informe de Monitoreo de riesgos y Prevención de Afectaciones de los derechos humanos en Colombia, la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP, es que durante el paro nacional se aumentaron los eventos del conflicto armado comparado con los años anteriores."En 2021 se tiene en total un registro de 13 eventos del conflicto y 89 afectaciones de civiles, de este último se tiene un aumento mayor al 400% pues en promedio se presentaron 18 afectaciones de civiles en años anteriores. Esto se evidencia en el incremento de las amenazas de muerte, homicidios a excombatientes de las FARC-EP y eventos masivos de desplazamiento forzado", destacó el informe de la UIA.
Además, la unidad cuenta con un registro de 16 afectaciones en contra de las organizaciones intervinientes ante la Jurisdicción Espacial para la Paz, la Comisión de la verdad, y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas.
Leer más: Colombia ocupa el segundo lugar como país con más muertes violentas
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Unos 8.642 colombianos sufrieron desplazamiento forzado solamente en el mes de mayo pasado.
La Oficina de la Organización de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) informó que más de 8.642 colombianos fueron víctimas de desplazamiento forzado a causa de la violencia durante el mes de mayo pasado, en especial, en los departamentos de Chocó, Nariño, Antioquia y Córdoba.
En los municipios de Roberto Payán y Magui Payán en el departamento de Nariño se produjeron el 37 por ciento de las víctimas nacionales con 3.267 afectados registrados.
Los desplazados por amenazas de grupos criminales hacia las comunidades son el 82 por ciento de los números totales.
Leer más: ONU reporta que más de 8.000 colombianos fueron desplazados durante mayo
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La Misión de Solidaridad Internacional y Observación de Derechos Humanos, luego de su recorrido de verificación en Colombia concluye que el Estado colombiano debe ser investigado porque sus fuerzas de seguridad regulares e irregulares han desaparecido, asesinado, torturado, abusado, perseguido, amenazado e intimidado a vastos sectores del pueblo colombiano, refieren agencias.
Esa es una de las conclusiones, de su informe preliminar, anunciadas el jueves por la Misión de Solidaridad Internacional y Observación de Derechos Humanos luego del recorrido de verificación que realiza en Colombia desde el pasado 25 de mayo, a propósito de la represión estatal contra las protestas del Paro Nacional que iniciaron el 28 de abril.
El informe hace un repaso de las violaciones de derechos humanos constatadas en distintos lugares de la geografía colombiana, como Cali, Pereira, Popayán, Bogotá y Medellín.
A continuación, la conclusiones
“- El Estado colombiano debe ser investigado porque en el marco del PARO NACIONAL y a través de sus fuerzas de seguridad regulares e irregulares, habría desaparecido, asesinado, torturado, abusado, perseguido, amenazado e intimidado a vastos sectores del pueblo colombiano. La represión desatada impidió, limitó y condicionó la participación política, el derecho de reunión y el derecho a la protesta.
Leer más: Misión internacional de DDHH pide investigar al Estado colombiano
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Las autoridades de Ecuador abrieron un proceso contra el expresidente Lenín Moreno por el préstamo de municiones al régimen de facto de Jeanine Áñez en Bolivia, durante el año 2019.
“La investigación que lleva adelante Ecuador y que presentaremos en Bolivia debe procesar este crimen de lesa humanidad internacional con base en el uso que dieron de estas armas contra el pueblo de Bolivia. La responsabilidad de Añez y Lenin Moreno no puede quedar impune”, informó el ministro de Justicia y Transparencia Institucional de Ecuador, Iván Lima.
El asambleísta de Unión por la Esperanza, Fausto Jarrín, presentó a la Fiscalía General del Estado de Ecuador una demanda penal contra Moreno por el presunto delito de peculado en relación con la entrega de armas a Bolivia.
Leer más: Demandan a Lenín Moreno por entrega de armas a Áñez
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El informe de las organizaciones de Derechos Humanos (DDHH) aseveran que en Cali, Colombia, se reportan desde el 28 de abril a la fecha 120 desapariciones, por lo que no descartan sitios de tortura y de fosas comunes, refiere Telesur.
Por medio del documento piden al Estado colombiano garantizar los procesos de investigación con expertos del Instituto de Medicina Legal y la Unidad de Búsqueda de Personas desaparecidas, así como de la compañía de organizaciones humanitarias tanto nacionales como internacionales.
El Equipo Jurídico y Humanitario 21 N, la Corporación Justicia y Dignidad y la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz publicaron este domingo el informe en el que revelan denuncias de sitios utilizados por paramilitares y policía para detención, tortura y hasta desapariciones de manifestantes en la ciudad colombiana de Cali, situada en el departamento del Valle del Cauca.
