Una minera canadiense, cuyas acciones se cotizan en la Bolsa de Toronto y con operaciones en San Pablo de Borbur, Boyacá, lleva años extrayendo minerales en una zona sobre la que no tiene ninguna autorización de la Agencia Nacional de Minería. A pesar de que las autoridades han sido avisadas, la ocupación ilegal continúa. Esta es la historia.
El 29 de marzo, PR Newswire y Europa Press reseñaron que más de 210.000 quilates de esmeraldas colombianas se subastarían en Emiratos Árabes Unidos entre el 3 y el 10 de abril de 2022. El desenlace del evento también fue registrado días más tarde. El diario La República, en su edición del 7 de abril, señaló que de los 34 lotes puestos en venta, 33 de ellos se vendieron satisfactoriamente a clientes de la India, Estados Unidos, Tailandia, Hong Kong, Alemania e Israel, entre otros países. El comunicado en el que se basó la noticia aseguraba que las piedras subastadas provenían de “una rara selección nunca antes vista” y que gozaban de un “color intenso y claridad inmaculada”. La empresa detrás del histórico remate esmeraldero es Fura Gems, una minera canadiense que cotiza en la Bolsa de Valores de Toronto, cuenta con sede en Dubái y sostiene operaciones en Mozambique, Australia y Colombia.
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Aquí, en territorio nacional, Fura desarrolla sus labores en la mina de Coscuez, ubicada en el municipio de San Pablo de Borbur, Boyacá, a 192 kilómetros de Bogotá. En los últimos meses, además de sus logros en ventas en el Oriente Medio, la compañía también protagonizó titulares por la muerte de uno de sus trabajadores mientras manejaba un tractor y las denuncias de un grupo de antiguos empleados que afirmaron que las condiciones laborales eran inseguras debido a que no se les proveía de equipos básicos de protección. La gerencia, según dijeron los extrabajadores, ignoró sus reclamos y por eso se vieron obligados a acudir a los medios de comunicación.
En esta ocasión, CAMBIO conoció una serie de documentos que demostrarían que Fura (que opera en Colombia bajo el nombre de Coscuez S.A) estaría explotando tierras sobre las que no ostenta ningún título minero bajo la complacencia de las autoridades ambientales y locales.
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Una resolución de la Agencia Nacional Minera (ANM), proferida el 27 de mayo, ordenó “el desalojo y la suspensión inmediata y definitiva de los trabajos y obras” que adelantaba la compañía canadiense en una bocamina –que es la galería o pozo que sirve de entrada a una mina– conocida como La Paz y que tiene una longitud de 874 metros. Según establece la agencia, Fura no cuenta con título minero sobre el área del contrato de concesión N° HFN-151, que es el área en la que se encuentra la bocamina La Paz, y no tiene, por lo tanto, autorización para explotar los recursos que allí se encuentran.
“Se observa que la Bocamina La Paz, ubicada en coordenada N 1115766, Coordenada E 0991732, y cota 909 msnm, se encuentra DENTRO del área del título HFN-151, y la labor minera que parten desde la Bocamina y hasta el punto con coordenadas N 1116000, E 0991491; con longitud de 874 m, se encuentra DENTRO y perturbando el área del título HFN-151”, señala la resolución.
De igual forma, agrega que, en el momento de la inspección ejecutada por el personal de la ANM, se encontró personal de Fura trabajando en la zona y que se concluyó que las labores adelantadas por la empresa invasora llevaban más de seis meses. Por último, se resaltó que el personal de Fura dejaba “madera, insumos y equipos mineros en los patios de la bocamina objeto de la diligencia”. En otras palabras, sin ningún asomo de pena, Fura realizaba trabajos en tierras ajenas y sin permiso.
La minera canadiense cuenta con un contrato de concesión sobre un predio contiguo (122-95M) y, al parecer, se aprovecha de esa proximidad para adentrarse en la bocamina vecina y realizar trabajos. Esta no es una situación de la que Fura se enteró a raíz de la resolución de la ANM. Era claro, desde que arribó a la región hace cerca de cinco años, cuando adquirió a la minera Esmeracol S.A y con ella su título minero, que sus derechos de explotación se restringían a un área determinada. Así se puede comprobar en un reporte técnico que la propia Fura contrató y publicó en enero de 2019. En su contenido se puede ver con absoluta claridad que los directivos y accionistas de la compañía sabían hasta dónde estaban autorizados para desarrollar trabajos. En las imágenes que acompañan el documento se delimita con color rojo el espacio sobre el que se les permite explotar y extraer esmeraldas. Adicionalmente, se evidencia que la bocamina La Paz está fuera de esa frontera trazada con rojo.
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Fura interpuso recurso en contra de la resolución de la ANM y el plazo para que se resuelva está próximo a vencer. Es probable que obtengan una conclusión adversa dado que los amparos administrativos están diseñados para poner fin a los actos de perturbación u ocupación adelantados y la única forma de defensa admisible es la presentación de un título minero inscrito sobre el área en disputa, documento que hoy no tiene Fura. Fuentes de la institución consultadas por CAMBIO advirtieron que esta es una decisión que nadie se atreve a firmar debido a la enorme influencia que tiene la minera canadiense a nivel gubernamental. A pesar de que la invasión de la bocamina era de conocimiento de las autoridades desde hace años, solo ahora se están tomando cartas en el asunto.
La compañía cuenta con el beneplácito de las autoridades de San Pablo de Borbur, por ejemplo. El alcalde Neyder Mauricio Obando, elegido en 2020, ha sido informado de la ocupación ilegal de Fura y no ha actuado. Habitantes del sector afirman que tiene una cercanía inusual con la compañía. En redes sociales, durante la misma época que se llevó a cabo la subasta de esmeraldas a cargo de Fura en Dubái, fotografías suyas circularon en las que se le veía posando junto a su pareja en el desierto emiratí.
En paralelo, mientras esta millonaria compañía explota sin título los recursos nacionales, su fundador, el empresario indio Dev Shetty, fue galardonado en junio en el Foro Mundial de Joyería Minorista celebrado por “promover la transparencia en el sector de gemas y joyas de colores”. Fura no dudó en alardear el reconocimiento en su cuenta de Twitter.
Igualmente, desde octubre del año pasado, la compañía viene anunciando una inversión superior a los 100 millones de dólares en su mina de San Pablo Borbur. Quizá esa sea la razón de la benevolencia de las autoridades con esta invasión minera.
CAMBIO intentó comunicarse con Alejandro Amelines, director del área legal de la compañía, y no recibió respuesta.
