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El comisionado solicitó al Gobierno atender esferas como la etnicidad, cuestiones de género, educación y mercado laboral. La Comisión pidió mayor presencia del Estado colombiano en zonas de conflicto para desmantelar los grupos armados ilegales.

El Consejo de Seguridad de la ONU ratificó el viernes su pleno apoyo a las intenciones del presidente electo de Colombia, Gustavo Petro de implementar el Acuerdo de Paz en el país suramericano a través del diálogo.

El comunicado oficial expresa el respaldo al diálogo entre el Gobierno colombiano electo y el Ejército de Liberación Nacional, y lo cataloga de ejemplar por demostrar ante el mundo la posibilidad de reconciliación pacífica.

El ente llamó a la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad a garantizar la presencia del Estado en las zonas del conflicto y proceder al desmantelamiento de grupos armados ilegales que incrementa los índices de violencia en el país.

Además, esta Comisión respaldó el trabajo del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición y, específicamente, consideró que el informe final de la Comisión de la Verdad permitirá al pueblo colombiano enfrentarse a su pasado en pos de lograr la reconciliación.

El Consejo de Seguridad expresó su “preocupación por las persistentes amenazas, ataques y asesinatos contra ex miembros de las FARC-EP que dejaron las armas como participantes en el proceso de paz".

Apuntó además la importancia de garantizar la seguridad de “líderes comunitarios y sociales, incluyendo a las lideresas y mujeres de comunidades indígenas y afrocolombianas” que participan en el acuerdo de paz y son constantemente amenazados por grupos armados ilegales.

El grupo internacional, integrado por 15 miembros, auditará la implementación de las sanciones impuestas a quienes cometieron crímenes durante el conflicto armada por dictamen de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

La misiva recuerda que el nuevo Gobierno debe dar solución a problemáticas como la reforma rural, el acceso a la educación y a empleos, cuestiones étnicas y de género, así como a la reincorporación y seguridad de las y los excombatientes, incluida la ampliación del acceso a la tierra y la vivienda.