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Durante julio, agosto y septiembre pasados ocurrieron 21 casos de desplazamiento forzado dentro de territorio colombiano que obligaron a 15.644 personas a abandonar sus viviendas por acciones violentas de grupos armados ilegales en diferentes regiones del país, aseguró el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, al presentar el informe del tercer trimestre de 2021 sobre este fenómeno.

 

“Un total de 5.266 familias fueron víctimas de desplazamiento forzado en doce municipios de los departamentos de Antioquia, Bolívar, Cauca, Chocó, Nariño, Norte de Santander y Valle del Cauca. Como Defensoría del Pueblo trabajamos para que estas personas sean atendidas, se respeten sus derechos y puedan retornar a sus territorios”, indicó Carlos Camargo.

En comparación con el mismo trimestre (julio, agosto y septiembre) del 2020, en el 2021 se incrementó un 213% el número de familias afectadas (se pasó de 1.682 a 5.266) y en un 107% el de personas (de 7.542 a 15.644).

En lo que va de año se han producido al menos 118 eventos de desplazamiento masivo, que afectaron a 19.474 familias (57.643), según cifras de la Defensoría que no incluyen datos de junio.

El Pacífico fue en julio, como ya venía siendo en meses anterior, «el epicentro de la disputa territorial armada para resguardar las actividades relacionadas con el narcotráfico y la minería ilegal», que está en la base de muchos de estos desplazamientos.

En agosto siguió ocurriendo lo mismo, pero, según la Defensoría, se produjeron movimientos de población que volvió a sus hogares «sin el acompañamiento de las instituciones competentes, sin garantías de seguridad, de no repetición, de dignidad y dificultades de atención en las zonas receptoras», forzadas por la necesidad de velar por sus cultivos y sus fuentes de trabajo.

«Resulta preocupante que al finalizar el mes de septiembre se mantuvieron las causas que afectan a las comunidades, como acciones de diferentes grupos armados ilegales por el control territorial a partir de intimidación, amenazas, asesinatos, control social, retenes ilegales, combates con interposición de población civil, utilización de artefactos explosivos improvisados y enfrentamientos; generando crisis humanitarias en los territorios», agregó Camargo.