El Tribunal Permanente de los Pueblos –TPP- históricamente ha recorrido el mundo en busca del reconocimiento de la verdad y responsabilidad del Estado frente a crímenes graves de Derechos Humanos en contra de personas, procesos, organizaciones sociales y políticas. En Colombia sesionará por tercera vez entre el 25 y 27 de marzo. Esta es la tercera ocasión que el TPP llega al país.
“Este tribunal fue convocado por más de 150 organizaciones de DD.HH, sociales, populares de Colombia ante la grave crisis y situación de DD.HH que padece nuestro país. El TPP aceptó competencia el 6 de enero de este año y lo que va a haber el 25, 26 y 27 de marzo son las sesiones o audiencia públicas donde más de 50 informes se van a presentar como testigos por parte de la fiscalía nombrada para esta sesión en Colombia”, explica Leonardo Jaimes Marín, abogado especialista en Derechos Humanos y, quien hace parte del Equipo Jurídico Pueblos y también es integrante del Comité de Impulso del Tribunal Permanente de los Pueblos.
Bogotá, Medellín y Bucaramanga son las ciudades en las que harán presencia los jueces internacionales que dirigirán el Tribunal para abordar tres ejes principales de la violencia sistemática Estatal: el proceso genocida colombiano, la impunidad y los crímenes contra el Proceso de Paz realizado en el 2016.
En los más de 50 informes que se presentarán estos tres días están importantes casos de víctimas del genocidio en Colombia en todas sus dimensiones: político, social, cultural, racial, sindical, entre otras; cuya mayoría se encuentra en el marco del conflicto armado colombiano.
Según Jaimes, cada informe lleva un caso concreto donde se exponen los hechos sistemáticos históricos. Entre los informes más numerosos están los crímenes contra el sindicalismo y casos específicos de la Central Unitaria de Trabajadores –CUT-, la Unión Sindical Obrera –USO- y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria de Alimentos –Sinaltrainal-, organizaciones que han vivido la fuerte represión por parte de agentes del Estado y particulares que han asesinado, desaparecido y torturado a dirigentes y miembros.
Asimismo, el TPP permite que el Estado colombiano delegue a un defensor para dar respuesta a las acusaciones y relatos de víctimas que se encuentran reunidas y representadas en los más de 50 informes.
Otro de los momentos importantes serán las denuncias del sector del campesinado, quienes agrupan alrededor de ocho informes donde dan cuenta de la persecución y exterminio contra procesos organizativos rurales, que han tenido que resistir las prácticas violentas del Estado. También se expondrán los casos que han sufrido partidos políticos de izquierda, militancia estudiantil, organizaciones y personas indígenas y negras, el Movimiento Nacional Carcelario y otras poblaciones que históricamente han sido víctimas de la violencia del Estado colombiano.
“No podemos decir que es motivo de alegría que un TPP sesione en Colombia, lo que está queriendo decir es que definitivamente en Colombia el genocidio y la grave violación de los DD.HH es sistemático y lleva décadas a pesar de que se han hecho dos informes con dos sentencias condenatorias el Estado y la élite de poder sigue realizando violaciones graves de DD.HH”, concluye Jaimes, quien además insiste en romper con el paradigma de llamar terrorismo de Estado a lo que es genocidio.
Inauguración en Bucaramanga
Este 25 marzo, Bucaramanga dio inicio a la sesión del TPP. Esta se realizó en el auditorio Luis A. Calvo, de la Universidad Industrial de Santander -UIS-. Se presentaron 15 informes, de los 50 totales, e hicieron presencia diferentes delegaciones provenientes de Catatumbo, del Cesar (Santander), Sur de Bolívar, Arauca, Casanare, del Suroccidente y Costa Caribe.
Las audiencias, que iniciaron desde las 8 de la mañana, fueron a puerta cerrada pero transmitidas en vivo por medio de redes sociales de las organizaciones convocantes. A las 2:30 pm se realizó una movilización masiva desde la entrada de la UIS hasta la Plazoleta Luis Carlos Galán, donde se culminó con un concierto en el que se presentaron las Motilonas RAP, Adriana Lizcano, Edson Velandia, Raskabuches e Insurgencia Poética, entre otras agrupaciones.
Bucaramanga, al igual que Medellín y Bogotá, concentran gran importancia territorial, política y geográfica para el Gobierno. La capital de Santander, específicamente, “es el corazón del Magdalena Medio colombiano, región que ha padecido tal vez una de las mayores violencias y presencias de los grupos armados paramilitares. Allí nació el paramilitarismo en el Magdalena Medio antioqueño y en donde también se concentran el origen de la explotación petrolera en el puerto de Barrancabermeja y luego se extendió a varios de estos municipios de toda esta región. También en esta región nacieron grupos insurgentes como el ELN”, afirma Olimpo Cárdenas Delgado, vocero del Comité de Impulso del TPP.
Antecedentes del Tribunal Permanente de los Pueblos
Fue fundado en 1979 en Roma (Italia) por el Senador Lelio Basso y se define como un tribunal ético y de opinión, no convencional, que expone, reflexiona y profundiza en las responsabilidades de los Estados sobre las múltiples violencias estructurales que sufren las naciones.
Tiene como antecedentes el Tribunal Russell de la década de 1960, el cual enfrentó la invasión de los Estados Unidos a Vietnam con un Tribunal de los Pueblos que luego se extendería para intervenir en Latinoamérica denunciando las dictaduras militares que desaparecieron, asesinaron, persiguieron, judicializaron y torturaron a personas en todo el continente Nuestroamericano.
Entre 1989 y 1991 el TPP llegó a Bogotá. En esa ocasión analizó la impunidad frente a los crímenes de Lesa Humanidad cometidos por el Estado colombiano. Quince años después (entre 2006 y 2008), el Tribunal regresó a Colombia para examinar las graves situaciones de violaciones a los DD.HH por parte de las empresas transnacionales que fueron auspiciadas y patrocinadas en complicidad con el Estado.
“Con Colombia se vive un proceso genocida que no tiene que ver solamente con el asesinato o exterminio parcial o total de organizaciones, procesos, personas iniciativas de carácter social y popular; sino que también tiene que ver con unas prácticas que son la desaparición, la tortura, la amenaza, la judicialización o uso arbitrario del derecho en contra justamente de las comunidades y con el ánimo de exterminarlas porque piensan diferentes, porque tienen proyectos de sociedad diferentes, porque están en contra del Estatus Quo”, concluyó Cárdenas.
