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Colombia. Unión Sindical Obrera: Que Ecopetrol diga la verdad

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Categoría: Colombia
 

Después de leer detenidamente el artículo “Un cazador de nazis contratado por el presidente Barco” del periodista Alberto Donadio, fechado 12 de diciembre de 2020, un especial para el Espectador, a la Unión Sindical Obrera, USO, y su Comisión Nacional de Derechos Humanos y Paz no le cabe duda que el Estado colombiano, los sucesivos gobiernos, sus fuerzas militares y paramilitares, y muchas de las grandes empresas nacionales y extranjeras, se han concertado por décadas echando mano a toda clase de modalidades sofisticadas o simples para desarrollar un proceso de genocidio político y social, con el fin de exterminar líderes sindicales, sociales, maestros y maestras, partidos políticos de oposición, campesinos y campesinas, pueblos negros e indígenas en Colombia.

No es una sorpresa, para nosotros, que Ecopetrol aparezca señalado en este serio y arriesgado trabajo periodístico como el financiador de un mercenario internacional de origen israelí, de la talla de Rafi Eitan, contratado por el propio ex presidente Virgilio Barco Vargas, para exterminar al partido Unión Patriótica y sus militantes, proceso surgido de los Acuerdos de paz entre Belisario Betancur y las FARC en 1984, genocidio perpetrado especialmente durante el mandato de Barco (1986-1990).Genocidio que afectó nuestra organización sindical. En 1988, por ejemplo, se presentaron los asesinatos de varios dirigentes de la Unión Sindical Obrera (USO), que a la vez eran militantes de la Unión Patriótica como Hamet Consuegra, Luis Martínez y Juan José Hernández, y en 1991 el de Alirio Bermúdez quien además era concejal de Yondó Antioquia, solo para mencionar algunos de los casos.Fueron 125 asesinatos perpetrados contra los más destacados líderes sindicales de la USO, y militantes políticos de partidos como la Unión patriótica, el Partido Comunista, el Partido Comunista Marxista Leninista, la organización social y Política A Luchar, entre otros, mientras Ecopetrol y el Estado colombiano miraban para otro lado y negaban su acción u omisión en los hechos. 
Ecopetrol, en su práctica antisindical, construyó, para su seguridad interna, un área fuertemente militarizada y enfocada en la inteligencia militar, el famoso Programa de Seguridad Industrial (PRI), practicaba una verdadera lucha antisindical y contrainsurgente contra la USO, y tenía vínculos directos con el Batallón Nueva Granada del Ejército, con la Armada Nacional y con la Red de inteligencia 007, también señalada por su participación en los asesinatos de líderes sindicales y sociales en Barrancabermeja. Área de seguridad de la cual no se encuentran archivos públicos, y que era dirigida por ex militares contratados por Ecopetrol.

 

Nada de esto se investigó por un sistema judicial cooptado y anulado por el poder ejecutivo y el empresariado; la mayoría de estos crímenes 30 años después, inexplicablemente siguen impunes, lo que hoy se impone es el negacionismo y el ataque feroz de los victimarios contra los organismos, como la JEP, que intentan desentrañar la verdad y los beneficiarios de la violencia.

Hoy, Ecopetrol debería, en un acto de ética, dignidad y responsabilidad social y política con el país, la paz y la verdad, no solo aclarar este hecho vergonzoso y criminal de financiación del mercenario Eitan, sino, de manera voluntaria, presentarse ante la JEP, decir la verdad y responder por los señalamientos, que en estrados judiciales, se han presentado por su responsabilidad penal en gravísimas violaciones de derechos humanos como el caso del dirigente sindical Gilberto Torres quien fue secuestrado y torturado, por paramilitares en el departamento de Casanare donde la empresa compartía la explotación con la BP; y muchos otros en donde es señalado en declaraciones, por la planificación y posterior asesinato de líderes sindicales, o por su falta de responsabilidad o inacción cuando graves hechos de violación de derechos humanos fueron perpetrados por sus funcionarios, como por ejemplo en la desaparición y posterior asesinato de William Walens, en Tibú; o los vínculos de algunos de sus contratistas con financiadores o integrantes de grupos paramilitares que a la postre se encontraron judicialmente responsables de asesinatos contra trabajadores de Ecopetrol y líderes sindicales como el caso de Rafael Jaimes Torra en Barrancabermeja.

Conminamos, a Ecopetrol, al Gobierno Nacional y a los Organismos de Control e Investigación a que tomen cartas en el asunto y le aclaren a los familiares de las víctimas, al sindicato de la USO y al país la falta de verdad y los altísimos grados de impunidad que han cubierto estos lamentables hechos durante tantos años. Ustedes tienen la palabra.

Bogotá, enero 13 de 2021

Unión Sindical Obrera de La Industria del Petróleo (USO)
Comisión Nacional de Derechos Humanos y Paz
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