¡Atacan a la movilización! Gobierno Duque alista ofensiva definitiva contra la protesta social. ¡El borrador ya está listo! A este decreto borrador se suma ahora el Decreto 003 de 2021 firmado el 5 de enero de 2021 – Protocolo de acciones preventivas, concomitantes y posteriores, denominado «ESTATUTO DE REACCIÓN, USO Y VERIFICACIÓN DE LA FUERZA LEGÍTIMA DEL ESTADO Y PROTECCIÓN DEL DERECHO A LA PROTESTA PACIFICA CIUDADANA«.
Los últimos dos años, Colombia ha visto en las calles, la agudización de la lucha clases. Pese a todo, hay un movimiento social radicalizado que ha optado por seguir el camino de la movilización permanente, aun con dirigencias reaccionarias que al día de hoy buscan un pacto histórico con el establecimiento.
Este pacto histórico plantea una articulación entre centro, izquierda y derecha (véase los discursos de Robledo llamando a un «gran pacto nacional«, Petro llamando a la unidad a Fajardo, los liberales y el verde buscando acumular fuerzas de cara a las elecciones de 2022 y Duque con su premisa del extremo centro), todos y cada uno de estos sectores amangualados para satanizar las expresiones de movilización de la gente en las calles, donde resaltan palabras como «terrorismo», «los violentos» «anarquismo internacional» «vándalos«, todos y cada uno utilizados por sectores tanto de la derecha como de quienes dicen representar la izquierda.
Programa presidencial contra el terrorismo
Mientras los alternativos piensan en pactos, el adefesio del Programa Presidencial para la Prevención del Terrorismo realiza su trámite. Hasta el 24 de diciembre de 2020 la Presidencia de la República recibió observaciones al decreto.
El Programa Presidencial para la Prevención del Terrorismo dice tener como objeto articular los esfuerzos institucionales para la prevención, protección y persecución ante la amenaza de terrorismo y contribuir a la garantía de los derechos humanos, la protección de la vida, honra y bienes de los ciudadanos, el logro de la paz y la salvaguarda del régimen democrático, constitucional y legal. ¿Pero cuánto de esto se usará para perseguir, estigmatizar y judicializar a los comunidades, organizaciones y liderazgos que promuevan movilizaciones en el país?
La propuesta plantea los ejes de prevención, protección y persecución; misma lógica usada en las dictaduras pasadas, en las que se utilizó un lenguaje del mismo talante de este documento: la «persecución del terrorismo» como política para criminalizar el pensamiento crítico, las organizaciones sociales y llegando más lejos, para masacrar a los sectores más vulnerables del país.
«Artículo 2°. Ejes del Programa. El Programa para la Prevención del Terrorismo se configura sobre los ejes de prevención, protección y persecución, sobre los que se implementarán instrumentos orientados a la adopción de acciones interinstitucionales conjuntas y coordinadas, amparadas en el marco legal, constitucional y de los derechos humanos.»
Se pretende desarrollar también en el decreto tres instrumentos: 1. El Centro Integrado de Información e Inteligencia contra el Terrorismo – CI3T; 2. El Centro de Coordinación Contra las Finanzas de Organizaciones de Delito Transnacional y Terrorismo; 3. La Estrategia para la Prevención de la Radicalización y el Extremismo Violento.
Artículo 3°. Instrumentos del Programa. Serán instrumentos del Programa para la Prevención del Terrorismo: 1. El Centro Integrado de Información e Inteligencia contra el Terrorismo – CI3T; 2. El Centro de Coordinación Contra las Finanzas de Organizaciones de Delito Transnacional y Terrorismo; 3. La Estrategia para la Prevención de la Radicalización y el Extremismo Violento.
Instrumentos que estarán a cargo de la Consejería Presidencial para la Seguridad Nacional del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y que desarrollarán su acción en la recolección de información y datos, información financiera y la generación de estrategias de comunicación, campañas pedagógicas y de sensibilización pública. Mismos instrumentos ya usados para sindicar y judicializar en medio de prácticas sociales genocidas a comunidades, organizaciones sociales y liderazgos.
En los instrumentos se destaca la Estrategia para la Prevención de la Radicalización y el Extremismo Violento. Componente que incluye estrategias de comunicación, campañas de pedagógicas y sensibilización pública para la prevención de la radicalización o extremismo violento. Frente a ello queda preguntarse ¿Será considerada la movilización y la protesta social como radical o extremismo violento?
Esta estrategia será construida a modo de articulado por el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa Nacional, el Ministerio de Educación Nacional, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, la Consejería Presidencial para la Seguridad Nacional, la Consejería para la Juventud, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y el Departamento Administrativo Nacional de Inteligencia, bajo la coordinación de la Consejería para la Seguridad Nacional, la cual deberá ser presentada para su aprobación ante el Consejo de Seguridad Nacional.
Esta estrategia estará orientada a:
– Desincentivar la radicalización violenta, la incitación al odio o cualquier vinculación de los ciudadanos con intenciones terroristas.
– Prevenir o mitigar los efectos del miedo social que pretenden imponer las estructuras criminales, grupos armados organizados, delincuencia organizada u otras expresiones de radicalización violenta con fines terroristas.
– Dotar de legitimidad a la acción del Estado y generar conciencia en las nuevas generaciones respecto de la inadmisibilidad de la violencia y el crimen como medio de acción política o de cualquier otro fin».
Es importante resaltar que desde el partido de gobierno -Centro Democrático- se han posicionado el tema del «adoctrinamiento» que realiza la Federación Colombiana de Educadores FECODE, como caballo de batalla para deslegitimar la construcción de pensamiento critico y la organización de los educadores. Se suma a ello la criminalización por ser estudiantes, desde el sistema judicial y los medios de comunicación.
Así culmina el 2020 e inicia el 2021
En el contexto de pandemia, desde el Gobierno Duque se realiza una intensa campaña de propaganda a través de la televisión y las redes sociales. En esta campaña se promueven cambios necesarios en términos de dar respuesta a la movilización social que está próxima en llegar en el escenario del 2021.
Campaña que da nula respuesta al asesinato de 36 personas en Bogotá durante el 2020; 23 a manos del INPEC y 13 a manos de la policía. Todos los casos se dieron en medio de manifestaciones.
Campaña que no realiza acciones para detener las más de 89 masacres, pero que reafirma la judicialización de líderes sociales. y celebra el gasto de más de 2 millones de dólares en tanquetas que serán enviadas a zonas de alta movilización y organización social. Además de esto, en lo corrido del 2021 son 5 los líderes sociales asesinados.
Mientras fortalecen la represión, ¿se pensará en conciliar con el establecimiento? Las comunidades estarán en las calles, estar junto a ellas es una opción para construir una nueva sociedad.
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