El contexto internacional está caracterizado por la agudización de la contradicción capital – trabajo expresada con la entrada del capitalismo global a una recesión económica, superior a la presentada en 1929 y la segunda guerra mundial; donde los trabajadores y capas medias tendrán que soportar el impacto de la reactivación financiera de las economías, donde las elites políticas y empresariales ganan y los sectores populares pierden a partir de la estrategia de los Gobiernos, empresarios y agentes del sector financiero con la reactivación de la economía; pues con ello se fortalece el modelo de acumulación capitalista en detrimento de las conquistas logradas por los trabajadores y la sociedad en general como parte del reacomodo del modelo neoliberal a partir del tratamiento mezquino que le dan a la pandemia a escala mundial, quedando al descubierto la crisis del sistema capitalista.
Con el agravamiento de la crisis política, social y económica derivada de la imposición de medidas de corte autoritario por parte del Gobierno de Duque, con los más de 164 Decretos al amparo de la Emergencia Económica y Sanitaria para contener los índices de contagio por Covid 19 en un periodo de 5 meses, se favoreció de manera directa los intereses del empresariado, sector financiero y el gran capital con el desembolso de grandes sumas de dinero, negando la posibilidad de una renta básica para la población vulnerable, y la afectación directa a los derechos y conquistas del movimiento sindical y sectores populares, con políticas regresivas que incrementaron los índices de desempleo en un 25% y de la informalidad en un 45%, ampliando la brecha de marginalidad, exclusión y pobreza.Dicho panorama se complejiza con la permanente y sistemática violación de los Derechos Humanos como parte del genocidio continuado y de la política de terrorismo de Estado con las 63 masacres generalizadas, el asesinato de 220 líderes y lideresas sociales en lo corrido de este año y de 230 ex combatientes firmantes de la paz; sumado al incremento de la represión a la movilización popular con el uso desmedido de la fuerza por parte del ESMAD, el abuso de autoridad de patrulleros de la policía con descargas eléctricas y golpes que propiciaron el asesinato del abogado Javier Ordóñez, la masacre de 14 jóvenes en Bogotá y Soacha que rechazaban la brutalidad policial, el señalamiento y la estigmatización a la protesta social asociándola con actos de vandalismo como pretexto para iniciar falsos positivos y judicializar a los manifestantes, al igual que el asesinato de Juliana Giraldo Mujer trans, por parte de un soldado en un retén militar en zona rural de Miranda (Cauca); hechos que han generado el repudio Nacional e Internacional, exigiendo la reestructuración de las Fuerzas Armadas mediante el desmonte de la Doctrina de la Seguridad Nacional o del “Enemigo Interno”, la renuncia del Ministro de Defensa y de la cúpula de la policía Nacional.De igual manera asistimos a un proceso de desarticulación del Estado de Derecho con la concentración de poderes por parte del Gobierno de Iván Duque con el control y manejo de instituciones públicas a partir del nombramiento de funcionarios proclives a sus intereses como el Fiscal General de la Nación, el Contralor General de la República, la Procuradora General de la Nación y el Defensor Nacional del Pueblo; al igual que la interferencia y vulneración de la autonomía de la Corte Suprema de Justicia con la investigación iniciada en su momento contra el ex presidente Álvaro Uribe Vélez, a quien dicto medida de aseguramiento por fraude procesal y el desacato al fallo proferido por el alto tribunal (Sentencia STC 7641 de 2020) en relación con el derecho a la protesta social analizando la acción desmedida de la Fuerza Pública y el ESMAD, declarando que dichas instituciones “hacen una intervención sistemática, violenta y arbitraria” en contra de los marchantes; manifestando a la vez que “los agentes estatales incurren en reiteradas y constantes agresiones, con uso desproporcionado de la fuerza, contra quienes ejercen su derecho fundamental a la manifestación”; configurándose de esta manera la vulneración de las libertades democráticas y las garantías ciudadanas dejando abiertas las compuertas de una dictadura civil, por lo cual levantamos la exigencia de la caída del régimen político autoritario en cabeza de Uribe y Duque.
Frente a la estrategia de terror, miedo y desinstitucionalización por parte de las elites políticas, el conjunto de expresiones del movimiento sindical, social, popular, fuerzas políticas alternativas de izquierda y progresistas avanzamos en la reactivación del escenario de movilización y protesta social con la coordinación y articulación a través del Comité Nacional de Paro, sectores en conflicto y lucha permanente; al igual que el impulso de la Agenda de acción definida por el II Seminario Político Ideológico de la Multilateral de Fuerzas Sociales y Políticas como el rechazo a la política represiva del Gobierno denunciando el genocidio continuado con el aumento de las masacres generalizadas y asesinatos selectivos, colocando como énfasis y prioridad de la movilización la exigencia del Derecho a la Vida y la lucha contra la Impunidad; acciones conjuntas en la búsqueda de la Solución política al Conflicto Social y Armado defendiendo los Acuerdos de Paz, su implementación inmediata y la apertura de la mesa de conversaciones con el ELN garantizando la participación de la sociedad civil que permita avanzar en las transformaciones políticas, sociales y económicas como advenimiento de un nuevo país con justicia social en bienestar y progreso.
De igual manera venimos trabajando por el fortalecimiento de escenarios de construcción de la Unidad del campo popular, democrático y revolucionario alrededor de un programa de lucha que recoja los acumulados y expresiones de resistencia social; la reivindicación de todas las formas de la protesta social, popular y el reconocimiento del derecho a la rebeldía popular; el respeto a la soberanía Nacional denunciando la presencia de tropas Norteamericanas en nuestro territorio como proyecto intervencionista contra la Revolución Bolivariana en Venezuela, la exigencia del cese del criminal bloqueo económico contra Cuba, defendiendo el principio de autodeterminación de los pueblos; la exigencia de fuera el régimen político representado en Duque; al igual que el estímulo y fortalecimiento de espacios de movilización y protesta social a nivel Nacional como la jornada de Mujeres por la vida y por el cese de la violencia estatal; la Minga Social, Sindical y Comunitaria por la Vida, el Territorio y La Paz del 10 y 11 de octubre con el inicio de la caravana hacia Bogotá; el paro de 48 horas convocado por FECODE; acciones legitimas que confluyen con la realización del Paro Nacional del 21 de Octubre y la perspectiva de la Gran Acción Unitaria de Masas del 21 de Noviembre.
¡A PARAR PARA AVANZAR – VIVA EL PARO NACIONAL – 21 DE OCTUBRE – TODOS Y TODAS A PARAR!
¡UNIDAD PARA AVANZAR – VIVA EL PARO NACIONAL!
Octubre 1° de 2020.
Multilateral de Fuerzas Sociales y Políticas, Populares y de Izquierda
Coalición de Movimientos Sociales de Colombia – COMOSOC
Congreso de los Pueblos – CdP
Coordinadora Socialista – CS
Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común – FARC
Movimiento por la Constituyente Popular – MCP Movimiento por la Defensa de los Derechos del Pueblos –MODEP
Marcha Patriótica MP
Partido Comunista Colombiano – PCC.
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