En Colombia, desde el Estado y las instituciones no se reconoce el derecho a la vivienda; al igual que en la mayoría de países de Latinoamérica. En estos países la vivienda es concebida como una mercancía y otra forma de acumulación de capital.
Uno de los factores que ha permitido el desconocimiento del carácter de derecho de la vivienda está directamente relacionado con la propiedad individual. Con base en este enfoque, el Estado ha promovido políticas de créditos hipotecarios y titulación de propiedades. Con esta perspectiva solo se benefician los bancos y las grandes constructoras del país, sin contar con los problemas de especulación de la tierra en las ciudades y la precarización de los hogares de los más pobres.
Debido a la emergencia sanitaria declarada desde marzo y la obligación de quedarse en casa que esta conllevó, obligó a las organizaciones sociales y defensores de derechos humanos a centrar acciones en la problemática de vivienda. En el país un aproximado del 50% de la población no tienen trabajos fijos, estos derivan sus ingresos de trabajos
informales, mismos que viven en arriendo – alquiler de vivienda-. Los cuales en medio de la pandemia dejaron de percibir ingresos, obligándoles a desalojar los inmuebles por falta de pago en los cánones de arriendo.
Todas estas situaciones han obligado a las personas a ocupar de hecho propiedad del Estado o terrenos privados. Por el momento, gracias a acciones de movilización social y jurídicas, se han logrado frenar los desalojos forzosos. Las comunidades saben que esta no es una solución a largo plazo, por eso exigen que se garantice su derecho a una vivienda digna.
Ante estas acciones de las comunidades en medio de la emergencia, la Alcaldía de Bogotá «supuestamente progresista» desalojó cientos de familias de sus hogares argumentando el interés público sobre el privado de los ocupantes de hecho en terrenos de la Alcaldía.
Aunque en Colombia en la constitución política se reconoce el derecho a la vivienda digna, el enfoque de los derechos humanos no se aplica a las políticas públicas dirigidas a la satisfacción de la necesidad de una vivienda. Todo lo que gira alrededor de la vivienda se ha vuelto un negocio y los grandes capitales se han apoderado de los proyectos de construcción en el país.
En Colombia, de acuerdo con información del DANE de 14.060.645 hogares, 5.144.445 no cuentan con una vivienda adecuada. El 36% de las viviendas en el país se encuentra en déficit habitacional; el 9.8% de las viviendas no pueden ser mejoradas, lo que implica la necesidad de construir una vivienda nueva (déficit cuantitativo); y el 26,78% tienen que ser mejoradas, porque tal como están, no son habitables (déficit cualitativo).
Las soluciones que plantea el Gobierno nacional, consisten en subsidios para mejorar las viviendas y barrios, “Casa digna vida digna”; programas de arriendos con opción de compra “Arriendo social” y “Semillero de propietarios” y créditos hipotecarios “Mi casa ya”. Estos tres últimos dirigidos únicamente a la adquisición de vivienda nueva.
Organizativamente el movimiento pro vivienda en Colombia es casi inexistente. La mayoría de organizaciones que abordan esta temática centran su acción en el derecho a la ciudad o mejoramiento de vivienda, pero, olvidan que este enfoque conlleva la financiarización de la vivienda y lo insuficientes que son las políticas públicas para garantizar este derecho.
Mientras esto sucede, las necesidades más inmediatas de las comunidades son la legalización de barrios; acceso a servicios públicos; propiedad horizontal o lo más básico, un techo. Necesidades básicas y puntuales, que no deben opacar la construcción de un modelo y política que apueste a la vivienda como derecho.
Por lo anterior, sin ser ajenos a la realidad de las comunidades, se debe tener presente que el objetivo es crear tejido social territorial y un movimiento alrededor de la vivienda. Se debe generar una propuesta de enfoque de derecho fundamental de la vivienda y que además concuerde con el objetivo de una nueva sociedad.
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