Desde la llegada de la COVID-19 a Colombia los costos de los alimentos que llegan a la mesa de las familias se han convertido en un importante indicador de la situación económica que se vive en uno de los países más golpeados por la pandemia y del poco interés del Estado por garantizar el mínimo vital a una población empobrecida en medio de la actual crisis.
En este momento, las cifras de contagio llegan a 813.056 casos confirmados y 74.400 activos, y a 25.488 muertes por el nuevo coronavirus, según el Instituto Nacional de Salud, mientras la atención del Gobierno Nacional se centra en una ‘reactivación inteligente’ de los grandes comercios y el capital financiero y no se ven acciones claras contra el hambre, la especulación y el acaparamiento de alimentos en momentos en que el despido de trabajadores por parte de los empresarios ha superado los 4,2 millones, de acuerdo con el DANE.
A la par, se han multiplicado los cacerolazos, las protestas y los trapos rojos en las fachadas, puertas y ventanas de las casas de numerosos barrios populares de las principales ciudades del país, para pedir ayuda económica, de salud y alimentaria ante una crisis que no solo se había anunciado antes del descubrimiento de la COVID-19 sino que ha afectado duramente a un país que, como Colombia, invierte muy pocos recursos en su sistema público de salud y muchos menos para atender la atender el hambre y las carencias de su población más pobre.
¿Qué pasa con los precios en época de coronavirus?
Al inicio de la cuarentena, en marzo, el pánico se apoderó de un sector de la población y generó una ola consumista con largas filas de compradores a la entrada de supermercados y centrales de abasto, así como la escasez de algunos productos en momentos claves de la cuarentena, lo cual ha jugado un papel fundamental para que muchos comerciantes especulen con los precios.
Así las cosas, ciudadanos de a pie, consumidores, compradores y tenderos de barrio han evidenciado el incremento de los precios de productos de la canasta familiar desde el inicio del confinamiento en marzo, lo cual los ha llevado a replantear sus listas de mercado, suprimiendo de estas algunos productos que, por su precio, no están en condiciones de adquirir.
Según Fabián Sánchez, un pensionado de Bogotá:
Lo que más ha subido son los huevos, la leche, el queso, el arroz y los productos de aseo. Las frutas y verduras también subieron, aunque no mucho, pero en algunos productos importantes en la canasta familiar, como la papa, cebolla y tomate, también se ve un considerable aumento.
A esto se suma que algunos comerciantes acumularon gran cantidad de productos de aseo, que compraron a precios bajos para posteriormente revenderlos hasta por el doble de su precio inicial. Para Nancy Labrador, esteticista y ama de casa, dentro de los productos que más subieron de precio se encuentran el “alcohol, el gel antibacterial y los guantes, que se conseguían por caja de 100 pares a $14.000 y luego a $22.000 y $30.000”, los cuales antes de las medidas de confinamiento obligatorio ya habían evidenciado un alza y “siguieron aumentando”.
Por su parte, Cornelio Villegas, tendero del Minimercado los Paisas de la localidad de Fontibón en Bogotá, muestra su preocupación porque:
Dentro los alimentos que se consiguen más caros en Abastos [la central mayorista de Bogotá] están la arveja, el limón, la cebolla y la manzana importada. Dentro de los precios más cambiantes o variables [están] la papa y el frijol, que suben mucho y se mantiene un precio alto por mucho tiempo, pero cuando baja es muy poco el tiempo, en especial el caso de la papa criolla y de productos empacados. Las lentejas y el arroz también subieron mucho.
Variación de precios en la canasta familiar
Según el Boletín Semanal de Mayoristas del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), que dispuso la entidad para publicar los precios de todos los productos y su variación semanal, en ciudades como Bogotá productos como calabaza, espinaca, habichuela, cebolla cabezona blanca y roja, calabacín, rábano rojo, pepino cohombro y de rellenar, coles, guayaba pera, naranja dulce y valencia, maracuyá, aguacate, piña gold y papas R-12 roja y negra, entre otros, presentaron un incremento de entre $500 y $2000 pesos por libra entre el 21 y el 27 de marzo, lo cual resulta anormal en el comportamiento de estos alimentos, como se puede evidenciar en las gráficas al contrastar esta información con los reportes diarios que emite la Corporación de Abastos de Bogotá (Corabastos), la central más grande de Colombia.
Gráfica 1: comportamiento de precios previo a la declaración del estado de emergencia - 6 y 13 de marzo de 2020
Gráfica 1: comportamiento de precios previo a la declaración del estado de emergencia – 6 y 13 de marzo de 2020
Gráfica 2: comportamiento de precios de frutas previo a la declaración del estado de emergencia - 6 y 13 de marzo de 2020
Gráfica 2: comportamiento de precios de frutas previo a la declaración del estado de emergencia – 6 y 13 de marzo de 2020
Gráfica 3: comportamiento de precios posterior a la declaración del estado de emergencia - 20 de marzo, 27 de marzo y 3 de abril de 2020
Gráfica 3: comportamiento de precios posterior a la declaración del estado de emergencia – 20 de marzo, 27 de marzo y 3 de abril de 2020
Gráfica 4: comportamiento de precios de frutas posterior a la declaración del estado de emergencia - 20 de marzo, 27 de marzo y 3 de abril de 2020
Gráfica 4: comportamiento de precios de frutas posterior a la declaración del estado de emergencia – 20 de marzo, 27 de marzo y 3 de abril de 2020
Fuentes:
DANE. «Boletín semanal SIPSA» (semanas del 29 de febrero al 03 de abril). Corabastos. «Boletín de precios» (semanas del 2 de febrero al 3 de abril). Abreviaturas utilizadas:
P.M. KG/U: Precio Mayorista por kilogramo o unidad. C.E.: Calidad Extra.
Por su parte, la Procuraduría, citando cifras del INVIMA, denunció que el 12 de marzo se registraron en el inventario 9 millones de tapabocas, pero que estos no se encontraban a disposición de la ciudadanía o su valor aumentó de $200 a $1.500 por unidad.
Lo mismo sucede con varios productos de la canasta familiar que los fabricantes o distribuidores están comercializando a precios mucho mayores a los establecidos por la autoridades competentes. A esto se suma que algunos proveedores tienden a beneficiarse acaparando estos productos para revenderlos, subiendo sus precios.
¿Y los productores?
Los campesinos culpan a los intermediarios de esta situación: compradores locales en el campo, transportadores, propietarios de puntos de acopio y comerciantes de las ciudades que cambian los precios a capricho, aprovechándose de la emergencia sanitaria y de los rigores que ha traído el confinamiento, pero no les pagan lo justo por sus productos. Esto ha llegado al punto en que muchos de ellos han tenido que renunciar a sus actividades rurales o hayan pensando en vender sus fincas para comprar viviendas en las ciudades y dedicarse a otras labores.
Bonisalvo Susa es el actual presidente de la Corporación Nacional de Pequeños Productores Agrícolas, organización en la que se incluyen 30 asociaciones nacionales que representan a 14.000 productores de todo el país, especialmente desplazados y mujeres cabeza de hogar. Para él, los responsables de estas variaciones de precios son aquellas personas que hacen de intermediarios entre productores y consumidores, especialmente quienes se dedican a la comercialización de los alimentos y expone un ejemplo de los muchos casos que su organización ha conocido a lo largo del periodo de cuarentena:
En varias centrales de abasto se ha denunciado que los intermediarios están aumentando el precio de su servicio, por ejemplo, el arroz hasta hace quince días estaba a $37.000 y $38.000 la arroba, hoy ese mismo cereal está llegando a algunos municipios a $55.000 la arroba.
Para el dirigente campesino lo único que queda es articular al productor y la cadena consumidora para ir eliminando la intermediación y evitar sus elevados costos. No obstante, señala que actualmente los entes de control se acogen a los precios que salen en los reportes de centrales de abasto y no a los precios en los campos de Colombia, es decir, lo que se le paga a los pequeños productores que son los que verdaderamente alimentan al país:
Las bases de datos del Estado sobre el mercado nacional deben alimentarse de esa información: desde la finca hasta llegar al consumidor. Se debe trabajar de manera articulada con los productores, los agricultores, el Ministerio de Agricultura y los medios de comunicación para evitar la intermediación, los sobrecostos la especulación, de forma que se pueda garantizar el control eficaz a los intermediarios, que incluyen a camioneros, acaparadores, mayoristas y minoristas, porque actualmente hay productos como el frijol en el que hay 6 intermediarios en su distribución.
Por lo general, cuando un campesino cosecha sus productos no cuenta con un canal de distribución que le permita hacerlos llegar hasta las centrales de abasto y los consumidores. Este proceso cuenta con múltiples etapas y está a cargo de una serie de empresas y personas a las que se denomina genéricamente intermediarios y normalmente son quienes obtienen mayores ganancias por el transporte, almacenamiento y comercialización.
En primer lugar, el productor debe llevar por su cuenta lo que ha cultivado hasta un punto de comercialización en una carretera, vereda, caserío o casco urbano, según la región, donde un pequeño transportador lo compra a un precio que fija a voluntad y que por lo general es muy bajo en comparación con lo que el campesino debe invertir en trabajo e insumos para sacar de la tierra sus frutos.
Luego, estos alimentos son vendidos en puntos de acopio y pasan sucesivamente de un intermediario a otro hasta llegar a las bodegas mayoristas en donde se guardan temporalmente pero también se acaparan, es decir, se acumulan para presionar el aumento de los precios según la demanda. Por último, pasan a las centrales de abastos de las principales ciudades, donde son comprados por los minoristas de los barrios, las plazas de mercado y los municipios vecinos para llegar finalmente a manos del comprador final.
Según Susa:
El frijol está saliendo del campo a $550.000 la carga, pero en la gran central de abastos se está pagando la libra a $4.000 cuando nosotros lo estamos vendiendo a $2.100 por libra. Es un problema de intermediarios que no se ha podido identificar ni por el Gobierno ni por las entidades de control ni por las que manejan las estadísticas.
Acaparamiento y especulación
Estas prácticas comerciales, basadas en la idea de comprar barato, acumular y vender caro, se han extendido durante la pandemia de la COVID-19 y han dejado un marcado efecto sobre un mercado especialmente sensible a sus efectos sobre la canasta familiar, como el colombiano, sino que traído beneficios inmediatos a las arcas de los grandes comerciantes. Sin embargo, dicha situación traerá un efecto adverso en el mediano plazo, dado que la crisis económica ya se hace sentir en los bolsillos de los consumidores, lo cual ha provocado que por primera vez en su historia Colombia experimente cifras negativas en materia de inflación e indice de precios al consumidor. Según el DANE, en junio y julio estos indicadores alcanzaron cifras nunca antes vistas (-0,38% en el IPC de julio), dado que los hogares han reducido notablemente su capacidad adquisitiva y esto imposibilita la compra de productos básicos, incluidos los alimentos.
Según Santiago Botero Sierra, ingeniero administrador de la Universidad Nacional y maestro en economía del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) de México, el actual modelo de suministros es deficiente porque no cuenta con las condiciones para garantizar un desarrollo digno de las labores del sector agrícola, además de las dificultades de transporte de los productos, dadas las malas vías de comunicación del país.
[Hay] muchos intermediarios en la cadena de producción para llegar a los grandes centros de abastos y plazas de mercado, que en muchas ocasiones se manejan de manera informal y permiten que monopolios aglutinen los precios de algunos productos.
Al respecto, el profesor Daniel Libreros, docente de la Universidad Nacional, asegura que el problema latente de la especulación con los precios de los productos radica en que la cadena de suministro que los lleva del sector agrícola hasta las centros de comercialización desconoce el rol fundamental de los productores y en que «las grandes cadenas […] les dicen a los campesinos que les pagan sus productos si las personas lo compran, y si no se los devuelven”.
Para Santiago Botero, en cualquier crisis los precios se vuelven muy volátiles porque las cadenas de suministro son más inestables:
Es más difícil transportar un producto de un lugar a otro, se pueden romper algunas cadenas de suministro, cambiando la oferta, y cambia la forma de consumo: unos más y otros menos. Por ejemplo, comprar mayores cantidades para guardar. [Esto] hace que los precios sean más erráticos y también hay otra parte de cambio de precios por acuerdo de grupos económicos, acuerdos de tipo ilegal que abusan de los consumidores y que encarecen artificialmente los precios de algunos productos, como se ha visto en el país con los carteles del sector de los pañales, el papel higiénico, el azúcar y el cemento.
Según el profesor Libreros, hay una política nacional e internacional de control de la distribución de alimentos que define que países como Colombia hagan importaciones de alimentos producidos en monocultivos que muchas veces usan tecnologías de transgénicos. Para él:
Deberíamos transitar a una economía mucho más local, con agroecología a pequeña escala y que respete a la naturaleza. Ese es uno de los grandes debates que se están dando a nivel internacional. Está demostrado que la agroindustria, sobre todo en zona selvática, fue la que terminó abriendo la puerta a patógenos que terminan contagiando a seres humanos […] Los campesinos, los movimientos sin tierra, tienen mucha razón en que es necesario cambiar el sistema alimentario.
Otro de los aspectos a destacar es la importación, la cual, según el profesor Libreros:
También está afectando la economía campesina y con una subida del dólar muy fuerte [que] hace que la canasta familiar también se encarezca mucho más. En cuarentena, adicionalmente, se da un encarecimiento por especulación y se aprovechan de la escasez de los productos para venderlos más caros desde los mismos centros de abastecimiento, como Corabastos.
En ese sentido, el ingeniero Botero señala las acciones que deberían tomarse ante la pandemia: primero, que el Estado investigue el abuso con los precios a través de la Superintendencia de Industria y Comercio; segundo, que se cambien los hábitos de compra y venta que hoy rigen los mercados, incentivando formas más solidarias de organizarse y consumir, cultivar los alimentos y ser más sostenibles y sustentables; y, tercero, que la gente cuestione el modelo económico en el que vivimos porque no estamos preparados para una situación como la actual, una que se debe asumir colectivamente y enfrentar externalidades como, por ejemplo, la pandemia de la COVID-19.
La posibilidad de afrontar estos retos, ante un panorama como el actual, en que la reapertura augura nuevos picos de contagio y mayores dificultades económicas para las familias colombianas, dependerá sin duda de que las acciones gubernamentales pasen del discurso a la práctica en un país cuyo sistema económico tiene uno de sus cimientos en la especulación y la intermediación de los productos del campo. Mientras tanto, las redes ciudadanas de apoyo y solidaridad, como las ferias campesinas y otras prácticas alternativas, que se han multiplicado durante la pandemia para hacer llegar los productos del campo directamente a los consumidores, nos ofrecen una esperanza de cambio y siguen estando en la primera línea para enfrentar la carestía, el acaparamiento y la especulación, una tarea sin duda muy compleja.
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