Las medidas agropecuarias adoptadas por el Gobierno Nacional actual y los anteriores, defensores de la clase terrateniente, tienen a cientos de miles de familias campesinas, indígenas y negras al borde de la miseria. Son políticas de tierras diseñadas para la acumulación. Es mercadeo para las importaciones y patentes de productos históricamente procedentes y resultado de las actividades de los pobladores populares. En estos momentos la situación es insostenible y exige tomar medidas urgentes en pro de la movilización y la lucha.
Comercialización
A 300 y 400 pesos por kilo de papa están pagando en las centrales mayoristas del país. La yuca a 600 y 700. La leche no repunta en precio y el plátano sufrió un bajón. Para el caso del Cacao seco y del café pergamino los precios se mantienen, aunque con una monopolización del mercado por parte de la compañía nacional de Chocolates y la casa Luker. Estos dos monopolios comercian cerca del 90% del grano en el país y ponen precios. La cosecha de café disminuyó en tamaño porque no tiene recolectores suficientes y el gremio está manipulado por la Federación Nacional de Cafeteros.
La difícil situación de comercialización empeorará en el corto plazo, por lo menos para los campesinos paperos. Con la entrada en vigencia de una nueva fase del Tratado de Libre Comercio, a partir de noviembre de este año se importarán desde Europa toneladas de papa sin ningún tipo de arancel. Esta medida puede ampliarse a las importaciones de derivados lácteos y leche en polvo.
La patente del proceso de producción de la Panela
En agosto de este año se advirtió a través de varios medios de comunicación acerca de la patente impulsada por un ingeniero accionista y trabajador de Riopaila de un proceso de producción de derivados líquidos y en polvo de la caña panelera, con características muy similares a la panela.
A los pocos días y en una maniobra de confusión, en el medio digital “Soy campesino” se titulaba falsamente: “¡Buenas noticias! Se cae patente que afectaría al sector panelero en Colombia”, buscando enredar al campesinado sobre las medidas adoptadas por el agronegocio.
Lo cierto es que el proceso de patente sigue su curso ante la Superintendencia de Industria y comercio, manteniéndose el peligro inminente contra los miles de familias campesinas que dependen de esta producción para garantizar su vida.
Tierras
El Coordinador Nacional Agrario -CNA- denunció la semana pasada la “jugadita” de los terratenientes y las multinacionales del agronegocio que, por medio de sus representantes en el Gobierno y en la Agencia Nacional de Tierras, buscan entregar millones de hectáreas de baldíos de la nación como Zonas de desarrollo empresarial, lo cual permitiría titular a los “beneficiarios” con más de 15 años de desarrollo de proyectos productivos, pasándose por alto la exigencia campesina de reforma agraria y la jurisprudencia que sitúa al campesinado como principal beneficiario de las tierras baldías del Estado. Estas zonas serían el relanzamiento de la política de Zidres.
Estas medidas, aumentarían la escandalosa concentración de tierras en el país y garantizarían mejores condiciones para el agronegocio en claro favor a los grandes industriales rurales y latifundistas.
La acción política movilizada es el camino a seguir
En tres aspectos importantísimos se han hecho movidas contra el campesinado: tierras, comercialización y producción. Estas medidas son impulsadas por una unión de opresión, donde la clase terrateniente y la burguesía subordinan al Estado a sus intereses, superando las discusiones que dicen tener en materia política.
Ejemplo de ello es el apoyo incondicional que los partidos Liberal, Centro Democrático, Conservador, los evangélicos como Justa y Libres o Mira y otros de “centro” han dado a los TLC negociados por el Gobierno de Álvaro Uribe, impulsados y puestos en práctica por Santos y reforzados por Duque.
Esta arremetida encuentra una dispersa capacidad organizativa en el país, con dificultades en algunas de las grandes plataformas como la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular y con vicios de burocratismo y grupismo en escenarios como el Comité Nacional de Paro.
La realidad del campo colombiano obliga a retomar escenarios de movilización popular contundente como los realizados en 2013, 2014 y 2016 para presionar al Estado, a los gremios y al Gobierno, en búsqueda a conseguir un cambio en la correlación de fuerzas que sea favorable a la clase popular.
Los montajes judiciales impulsados por el gobierno nacional se han venido desbaratando, el injusto encarcelamiento contra los líderes campesinos está demostrado. Es de celebrar la puesta en libertad de los campesinos y campesinas en el Centro Oriente y urgente tomar las acciones legales contra el Estado, quien hacer que la Fiscalía, las EDA, Comandantes del Ejército y Policía paguen los daños y perjuicios causados a las personas.
