“El gas lacrimógeno puede hacer a los individuos más susceptibles para desarrollar Covid-19”; esta fue una de las conclusiones a las que llegó un estudio publicado por la Facultad de Leyes de la Universidad de Toronto, Canadá. A pesar de ser ilegal desde hace décadas, en virtud de la convención de armas químicas, su uso sigue siendo habitual por el Escuadrón Móvil Antidisturbios -Esmad- en Colombia, especialmente durante la actual emergencia sanitaria por la pandemia de la Covid-19.
El 9 de septiembre, el Esmad hizo uso -como es habitual- de su arsenal de armas “no letales” en los desalojos a la comunidad indígena en el sector de la Viga, Pance en Cali, Valle del Cauca. No tuvo reparo en utilizar gas lacrimógeno contra la población, quienes tuvieron que retirarse sus tapabocas para intentar aliviar los efectos del mismo.
Dicha situación se presentó de igual manera en la ciudad de Popayán, Cauca, donde distintos sectores sociales se dieron cita para marchar en contra de la agudización de la violencia en el país, especialmente en el departamento del Cauca donde, hasta la fecha se han registrado nueve masacres.
En este caso, según defensores de Derechos Humanos que acompañaban la movilización “el Esmad hizo un uso desmedido del gas lacrimógeno, haciendo ráfagas de hasta diez latas al mismo tiempo; esto es claramente excesivo y más aún si se tiene en cuenta lo angostas que son las calles de la ciudad de Popayán”. Este tipo de acciones se suman a otras tantas intervenciones donde el Esmad utilizó gas lacrimógeno para hostigar distintas manifestaciones que se llevaron a cabo durante la cuarentena.
Hasta el momento ya se han hecho múltiples llamados internacionales para frenar el uso de este elemento. El más reciente fue planteado en la investigación de la Universidad de Toronto, Canadá, “The Problematic Legality of Tear Gas Under International Human Rights Law”, en la cual se determina que el estar expuesto al gas lacrimógeno sólo una vez aumenta fuertemente las posibilidades de desarrollar enfermedades respiratorias, como gripe o bronquitis, infecciones virales que afectan los pulmones, al igual que la Covid-19; esto significa que el uso de gas lacrimógeno en un momento contra manifestantes es atentar contra sus vidas.
De igual forma, Amnistía Internacional mencionó que el uso de gas lacrimógeno equivale a la tortura y que en el contexto actual puede ser una sentencia de muerte.
Por su parte Sven Eric Jordt, profesor asociado e investigador de la Escuela de Medicina de la Universidad Duke, y quien ha estudiado los efectos en la salud del gas lacrimógeno, resaltó que usarlo en la situación actual del Covid-19 es un acto irresponsable.
Asimismo, señaló que “hay suficientes datos que prueban que el gas lacrimógeno puede aumentar la susceptibilidad a los patógenos, a los virus”, teniendo en cuenta que la pandemia de la Covid-19 se propaga por medio de microgotas expulsadas por la tos, el estornudo y el lagrimeo.
En este sentido, el gas lacrimógeno se constituye como un arma letal en el actual contexto. Adicionalmente, llama la atención cómo las directrices del Gobierno Nacional restringen las pequeñas actividades económicas, pero no el uso de estas armas para atacar a la población en general.
A pesar de esto, desde el 10 de septiembre, cuando comenzaron las movilizaciones a nivel nacional en contra de la violencia policial, los gases lacrimógenos han sido un elemento en común en la mayoría de las ciudades. Bogotá, Medellín, Bucaramanga, Cúcuta, Cali, Popayán, fueron algunas ciudades en las que el Esmad lanzó gases para reprimir a los manifestantes.
