Una vez más se evidenció, en la madrugada del 9 de septiembre, la actuación criminal de los “servidores públicos”: como quedó registrado en un video que se hizo viral, dos patrulleros de la Policía haciendo caso omiso a las súplicas para que cesaran los actos de tortura, desplegaron contra el abogado Javier Ordóñez, brutal y desmedida violencia, aplicándole descargas eléctricas continuas y golpes que le causaron la muerte.
Estas acciones motivaron la respuesta airada de la sociedad en general y de procesos sociales y comunitarios a través de mítines, plantones y movilizaciones en varias ciudades del país; la respuesta ha sido, de nuevo, la acción represiva de la policía y el ESMAD contra manifestantes y transeúntes con 243 heridos, un número indeterminado de detenidos y la muerte de otras 14 personas.
Se ha perpetrado una masacre en la ciudad de Bogotá. Queda demostrada la decisión de incrementar la escalada terrorista del actual gobierno de Iván Duque, en continuidad de la “política de seguridad democrática” de Uribe Vélez, esto es, con el retorno de las masacres generalizadas, el plan sistemático de asesinatos y montajes judiciales contra líderes y lideresas sociales y ex combatientes firmantes del Acuerdo de Paz, la militarización de los territorios y el desarrollo de la estrategia paramilitar como parte de la política de terrorismo de Estado.
Las actos atroces y crueles que atentan contra el derecho a la vida, hacen parte de la institucionalización fascista de la violencia en el marco de la “Doctrina de la Seguridad Nacional” diseñada por el Gobierno de los Estados Unidos para aniquilar al enemigo interno y que en el caso colombiano pretende diezmar la capacidad de lucha y los niveles de resistencia del conjunto de expresiones del movimiento sindical, social, popular y sectores políticos de izquierda por vía de los asesinatos, las detenciones arbitrarias o judicializaciones, la violación tanto en la ciudad como en el campo de niñas, jóvenes y adultas por parte de la Policía y el Ejército, el desplazamiento forzado, las amenazas y los montajes judiciales como parte de la permanente y sistemática violación de los Derechos Humanos.
Rechazamos y denunciamos, los señalamientos y la estigmatización por parte de la policía y medios de comunicación contra procesos sociales como la Cumbre Popular Urbana, Juventud Rebelde, Ciudad en Movimiento y Colectivos de trabajo juvenil y comunitario, acusándolos como “instigadores y promotores” de los desmanes presentados durante las protestas por orientación del “ELN y las Disidencias de las FARC”, estos señalamientos implican un grave riesgo de la integridad física, la vida y la libertad que empiezan a producir falsos positivos con allanamientos y seguimientos a dirigentes y activistas de dichos procesos populares.
Una vez más proliferan los panfletos con amenazas de muerte proferidas por las auto llamadas “Águilas Negras” contra dirigentes sociales, activistas sindicales y de sectores políticos como la Colombia Humana – UP y la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) en varias Localidades de Bogotá; imponiéndose la matriz mediática y las narrativas de la mentira oficial con las cuales se pretende deslegitimar la protesta social relacionándola con actos de vandalismo.
Se evidencia la ausencia de garantías para el libre ejercicio de la movilización social, con la finalidad de institucionalizar una dictadura civil.
Frente a los hechos de barbarie y los cuestionamientos al abuso y la brutalidad policial se manifestaron algunas autoridades civiles en la capital y algunas regiones del país en rechazo a la masacre ocurrida en Bogotá y a los abusos de autoridad en varias ciudades, se anunció la atención institucional a las víctimas de los atropellos y asesinatos y la decisión de elevar las denuncias disciplinarias y penales ante las instancias correspondientes, así como el llamamiento compartido por diversos sectores de la sociedad a adelantar una reforma profunda y estructural a la Policía Nacional.
Como movimiento social popular y de derechos humanos, más allá de esos pronunciamientos, mantenemos la exigencia del desmonte del ESMAD y de la doctrina militar, la depuración y transformación de las Fuerzas Armadas de Colombia para que cumplan su mandato constitucional y legalmente establecido, cual es proteger la vida, honra, bienes y la soberanía nacional, empezando por la renuncia inmediata del inepto Ministro de Defensa y de la corrupta cúpula de la Policía.
Hacemos el llamado a la comunidad nacional e internacional a acompañar la defensa de la vida y los territorios, igualmente alertamos a estar pendientes sobre un inminente plan de montajes judiciales contra los movimientos sociales y comunidades que han salido a movilizarse contra el terrorismo de Estado.
En ese orden de ideas convocamos al conjunto de dinámicas de la lucha social y popular a fortalecer los escenarios de movilización para confrontar en campos y ciudades, en calles y carreteras, las políticas de terror y miedo, participando de manera decidida en la Jornada Nacional por la Vida y la Paz del 21 de septiembre, en la Semana de la Indignación en octubre, la reactivación de la Minga del Sur Occidente y las diferentes expresiones de movilización sectoriales y populares en la perspectiva de la preparación del Gran Paro Nacional.
Manifestamos que todo el torrente de resistencia y rebeldía popular se propone elevar los niveles de confrontación contra el modelo sociopolítico, en defensa de la vida, la paz, la democracia en el país y en la casa y en los territorios urbanos y rurales.
Septiembre 16 de 2020.
Multilateral de Fuerzas Sociales y Políticas, Populares y de Izquierda
Coalición de Movimientos Sociales de Colombia – COMOSOC
Congreso de los Pueblos – CdP
Coordinadora Socialista – CS
Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común – FARC
Movimiento por la Constituyente Popular – MCP
Movimiento por la Defensa de los Derechos del Pueblos –MODEP
Marcha Patriótica MP
Partido Comunista Colombiano – PCC.
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