«Se tienen que bajar la fiebre a punta de agua», dice una de las integrantes de la Asociación de Familiares de Presos de Colombia, frente a las condiciones en las que más de mil reclusos han tenido que afrontar la COVID-19 en las cárceles del país.
Este lunes comenzaron las jornadas anticarcelarias en la puerta de las instalaciones del Inpec en Bogotá. Diversas organizaciones de Derechos Humanos, abogados, y familiares de presos sociales y políticos convocaron esta acción con el fin de visibilizar la compleja situación sanitaria en la que se encuentran las cárceles del país, y exigir el cumplimiento del pliego de exigencias presentado por el Movimiento Nacional Carcelario.
Conversamos con Gloria Silva, abogada del Equipo Jurídico Pueblos, uno de los equipos que convoca y acompaña las jornadas.
Colombia Informa: ¿Quiénes convocaron a estas jornadas?
Gloria Silva: Las jornadas anticarcelarias fueron convocadas desde varios sectores de la población reclusa y sus familiares que se han organizado a través de organizaciones y del Movimiento Nacional Carcelario. También estamos varios procesos del movimiento popular y de organizaciones de Derechos Humanos acompañando, así como otras que hemos sido víctimas detenciones arbitrarias que hemos considerado como parte del modelo recluso en Colombia.
CI: ¿Cuál es su objetivo?
GS: Las jornadas tienen dos objetivos fundamentales:
1. Visibilizar ante la opinión publica, ante las personas que pasan, los habitantes de los barrios aledaños, y la población en general, cuál es la situación actual de las cárceles y cómo se está viviendo la pandemia, que lo que está haciendo es profundizar toda una problemática estructural que ya venia siendo evidenciada, incluso por la Corte Constitucional.
2. Desde la población privada de la libertad y las asociaciones de familiares se elaboró un pliego de peticiones que contiene una serie de exigencias muy básicas, pero que reflejan un incumplimiento sistemático y masivo de los Derechos Humanos al interior de las cárceles en el actual contexto de la emergencia sanitaria.
Jornadas Anticarcelarias (3)
Jornadas Anticarcelarias (2)
Jornadas Anticarcelarias (1)
El Estado no solo ha sido negligente al implementar las medidas de prevención del contagio masivo dentro de las prisiones, sino que también ha habido toda una restricción de derechos; esta no ha sido equilibrada a través de otros mecanismos alternos que conlleven que no exista una negación de los mismos.
Un ejemplo es el derecho al contacto con la familia que, si bien es entendible la suspensión de visitas como una medida conexa a la emergencia sanitaria, deben existir otras medidas que permitan sobrellevar el impacto de la carga negativa que tiene para una persona privada de la libertad el no tener contacto con sus familiares y redes de apoyo.
El pliego contiene una serie de peticiones que parten de aspectos de política criminal primaria, pero también aspectos de tratamiento penitenciario de implementación de medidas sanitarias y de salud en general, que buscan, no solo la protección de la vida y la dignidad de quienes se encuentran adentro, sino también comprender que es un problema de salud publica lo que esta ocurriendo en las cárceles.
CI: ¿Cuál ha sido la reacción del Gobierno frente a las protestas que se han adelantado en algunas cárceles del país durante las últimas semanas?
GS: El silencio absoluto, la indolencia y la negligencia. Esa ha sido lamentablemente la respuesta del Estado desde el inicio; todas las peticiones que se han venido realizando, incluso de manera anticipada con el fin de evitar toda esta tragedia que se está viviendo hoy en las cárceles del país. Lamentablemente lo que están demostrando todas las autoridades estatales es que la población privada de la libertad y sus familias tienen muy poco valor para ellas. Lo que se ha implementado es la segregación y el despojo de todo derecho.
Ante las jornadas de protesta nacional que se han desarrollado, tanto por fuera como al interior de las cárceles, la respuesta sigue siendo el silencio y la arrogancia.
CI: ¿El Gobierno ha cumplido con alguno de los compromisos que asumió a raíz de la Emergencia Carcelaria declarada al comienzo de la pandemia?
GS: La declaración de emergencia carcelaria no ha sido la única petición que ha surgido desde el Movimiento Carcelario, organizaciones de Derechos Humanos y la academia; incluso desde organizaciones internacionales como el Comité Contra la Tortura de las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La emergencia carcelaria lo que permitía era tener cierta flexibilidad en algunos aspectos para que las autoridades pudieran implementar medidas urgentes sin tantos obstáculos burocráticos, con el fin de prevenir y contener el virus en las cárceles. Sin embargo, esto no ocurrió; ni siquiera las medidas de cuidado básico hacia la guardia penitenciaria. Es decir que su propio personal trabajador de la guardia le importa muy poco al Estado colombiano.
Frente a todas las acciones que debieron haberse implementado, el Estado fue completamente negligente y, en ese sentido, ha sido el único responsable de que el virus ingresara a las cárceles. La guardia penitenciaria no fue dotada adecuadamente de los implementos de bioseguridad y protección básicos, ni tampoco fue reforzado el sistema de salud ni las oficinas jurídicas para el trámite de libertad.
CI: ¿Cómo se ha concretado el decreto de excarcelación que se emitió al comienzo de la pandemia?
GS: Las medidas de política criminal que se pedían adoptar y que se reflejaron en el decreto 546 de 2020, fueron una burla; el balance es que no salieron más de mil personas por aplicación de esta normatividad de excepción.
Lo que se estaba solicitando era una medida elemental, de simple lógica: excarcelaciones humanitarias a través de la flexibilización del sistema de libertades y de restricciones que existen, para acceder a beneficios como la prisión domiciliaria o las libertades condicionales. Por el contrario, el decreto conservó exactamente el mismo régimen de restricciones que está contemplado en la ley ordinaria, e incluso lo agravó. Tanto así que han salido más personas que estaban presas por la normativa ordinaria, que por el mismo decreto extraordinario.
Lo que se hizo fue producir el efecto contrario, liderado por el Fiscal General de la Nación, de discriminación y segregación contra la población reclusa. Creó en la opinión pública un falso dilema alrededor de la seguridad pública y empezó a generar toda una opinión adversa sobre presupuestos no tan reales, alrededor de la misma.
CI: ¿Por qué considera que es importante incluir a la sociedad civil en estas jornadas de protesta?
GS: La sociedad en general no puede cerrar los ojos frente a lo que está ocurriendo en las cárceles. En realidad lo que pasa adentro de las prisiones es un reflejo de lo que ocurre afuera, solo que los efectos negativos que tiene todo el modelo de salud, económico, de producción en el mundo se ve más potenciado adentro de las cárceles.
Hay una cantidad de personas almacenadas en condiciones inhumanas a las que se les están negando todos los derechos; es exactamente lo que ocurre afuera. Entonces la sociedad no puede hacerse la sorda y la ciega y pensar que las cárceles no son asunto suyo.
Por otro lado, es necesario generar una reflexión alrededor de qué es lo que se está castigando, quiénes están llegando a las cárceles, quiénes no. El sistema penal también es selectivo en la medida en que genera impunidad frente a ciertos crímenes y frente a diversos sectores en el poder. Son cosas que nos compete a todos entenderlas.
Asimismo, no podemos llegar a ese nivel de inhumanidad e insensibilidad tal que se entienda la justicia única y exclusivamente a partir del castigo y las culpas. Caer en la cárcel es más fácil de lo que se piensa, y parece que la gente no lo entiende, considera que no es su asunto.
Creo que estas jornadas lo que nos permiten, además de denunciar lo que está pasando allá adentro, es sensibilizar a las personas, así como entender y dar un debate alrededor de la misma institución de la cárcel y del castigo.
Todo este sistema debe ser cambiado; el hecho de que eso pueda pasar nos debe impulsar a todas las personas que vivimos, soportamos y podemos ser víctimas del sistema imperante, a cuestionarnos acerca de la forma como se encuentra organizada la sociedad.
